Cinco días lleva laborando bajo la modalidad de teletrabajo al 100 % y con una mayor vigilancia policial el juez anticorrupción Jairo García, quien denunció supuestas amenazas recibidas durante una audiencia de habeas corpus por parte del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien es procesado penalmente en los casos Triple A y Goleada.
Justamente el caso Goleada, en el que se investiga a Alvarez, dos de sus hermanos y ocho personas más por el delito de delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, y la prisión preventiva dispuesta para el alcalde guayaquileño en este proceso generó que Gabriel Tapia interponga el recurso constitucional a favor de Alvarez.
Esa diligencia no se concretó el 14 de febrero pasado debido a que horas antes de la audiencia, Tapia desistió de continuar con la solicitud de habeas corpus.A esa diligencia realizada ante los jueces provinciales de Cotopaxi Fátima Cedeño, José Tinajero y Rómulo Núñez, Alvarez asistió vía telemática. Ahí le dijo a los integrantes de la Sala que estaba en indefensión porque no conocía a nadie y que es su defensa de confianza quien debe revisar su situación jurídica y presentar cualquier acción.
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Luego se dirigió al juez García, quien fue convocado como uno de los accionados en el habeas corpus, así como también el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai) y el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi número 1. A él le dijo: “Al juez Jairo García que le deseo suerte en la audiencia de formulación de cargos por (contra) alias Gerente, la próxima semana”. Eso, anotó García, lo habría señalado a”viva voz" Alvarez, inclusive frente a decenas de personas en la sala zoom de dicha audiencia.
Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, es señalado como cabecilla en Ecuador del grupo de delincuencia organizada (GDO) Comandos de la Frontera y fue extraditado desde Emiratos Árabes a finales de diciembre de 2025. Según la Fiscalía, el cabecilla del grupo rebelde y disidente de las FARC de Colombia enfrenta dos procesos penales en Ecuador: uno por lavado de activos y otro por delincuencia organizada.
Actualmente, alias Gerente se encuentra detenido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
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Al conocer de las presuntas amenazas contra García, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), el 25 de febrero pasado, dispuso varias acciones para garantizar la seguridad del servidor judicial: solicitó de manera inmediata al Ministerio del Interior que incremente las medidas de protección para el funcionario judicial y su familia y autorizó que el juez anticorrupción desempeñe sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo.
Al siguiente día, con el objetivo de salvaguardar la seguridad del magistrado amenazado y para cumplir con la solicitud del pleno del CJ, desde el Ministerio del Interior se dispuso aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, conforme al análisis y evaluación de riesgos efectuados.
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“Se ha dispuesto la actualización del Análisis de Riesgo Personal del juez Jairo G., (...) quien actúa como juez ponente en el caso denominado Goleada. Asimismo, se ha ordenado la activación inmediata de los protocolos de protección pertinentes para garantizar su seguridad”, sostuvo la cartera del Interior en un comunicado.
Ante las amenazas recibidas y denunciadas al pleno del CJ, los vocales Magaly Ruiz, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros y el presidente de la Judicatura encargado, Damián Larco, respaldaron la actuación del juez Jairo García y se comprometieron a garantizar las condiciones necesarias para que cumpla sus funciones con independencia y seguridad.
El presidente Daniel Noboa también se solidarizó con García por las amenazas recibidas e indicó que dispuso al Ministerio del Interior brinde toda la seguridad necesaria para que el juez pueda actuar en derecho, con independencia y sin presiones.
En vereda contraria, el abogado de Aquiles Alvarez, Ramiro García, negó que haya existido tal amenaza. Criticó que las autoridades desprotegieron al también juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presiones de funcionarios del CJ y amenazas del serbio Jezdimir Srdan, sentenciado por lavado de activos relacionado con el narcotráfico, y en este momento, en cambio, inmediatamente protegen al juez García, de quien dice, “operó a favor de los Comandos de la Frontera”.
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Pese a que los dos hechos señalan amenazas contra la seguridad de los jueces anticorrupción, el relacionado con el juez Serrano tuvo mayor relevancia y apoyo de diversos sectores, al punto de que sirvió de base para el juicio político que se dio en la Asamblea Nacional y terminó con la censura y destitución del hoy expresidente del CJ Mario Godoy.
La mañana de este lunes, 2 de marzo, durante la audiencia convocada para tratar las apelaciones de los cinco procesados en Goleada que recibieron orden de prisión preventiva, y las seis aplicaciones solicitadas por la Fiscalía contra quienes mantienen las medidas alternativas a la prisión preventiva en la misma causa, fue evidente la presencia policial dentro y fuera de la sala de audiencia y del mismo Complejo Judicial Norte, en Quito. (I)
