Por la inconsistencia en 16 firmas de respaldo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió a trámite la solicitud de juicio político planteado en contra de cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), acusados por el legislador Luis Fernando Molina (RC) de supuesto incumplimiento de funciones.
El CAL, reunido este lunes 12 de enero de 2026, conoció y acogió el informe elaborado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), donde señala que del análisis efectuado se verifica que, si bien se presentaron 42 registros de firmas, 16 de ellas presentan problemas en la integridad de la firma electrónica, conforme a la validación realizada a través de las plataformas oficiales, por lo que únicamente 26 firmas cumplen con los requisitos de validez e integridad exigidos por la normativa vigente.
En consecuencia, añade, al no alcanzarse el respaldo mínimo de una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional (38 firmas), la solicitud resulta improcedente desde el punto de vista formal.
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Las 16 firmas, que según el informe de la UTL tuvieron problemas en la integridad de la firma electrónica, corresponden a los siguientes asambleístas: Blasco Luna, Paola Cabezas, Ricardo Patiño, Cristina Jácome, Héctor Valladárez, Roque Ordóñez, Lenin Barreto, Sara Cabrera, Josefina Romero, Héctor Rodríguez, Humberto Alvarado, Jahiren Noriega, Juan Guzmán, Lizardo Casanova, Ronal González y Verónica Íñiguez.
Asimismo, el informe advierte una falta de coherencia interna en la determinación de la autoridad sujeta del enjuiciamiento político, toda vez que la solicitud identifica a las consejeras y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras que en apartados posteriores se hace referencia a una persona distinta, sin que se precise ni fundamente su calidad de autoridad de control ni su sujeción al régimen de responsabilidad política, lo que impide identificar con claridad a las autoridades sujetas a enjuiciamiento político.
Los cinco consejeros que iban a ser enjuiciados políticamente son: Andrés Fantoni (presidente), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero Minda y Piedad Cuarán Rosero.
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Las acusaciones en contra de los consejeros tienen relación con un supuesto conflicto de intereses en la conformación de la comisión técnica para la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, y la abrogación de funciones al interpretar el Código de la Democracia para inhabilitar al postulante Édison Toro y con ello permitir la inclusión de la candidatura de Mario Godoy como parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia. También se cuestiona el archivo de impugnaciones ciudadanas presentadas en el concurso.
El pedido de juicio político y la resolución del CAL se da en medio del proceso de designación del fiscal general del Estado, que el próximo miércoles se prevé la conformación de la comisión de selección. (I)
