Organizaciones sociales e indígenas presentan ante la OIT informe con alertas sobre posibles vulneraciones a derechos colectivos

Veintitrés organizaciones de la sociedad civil e indígenas presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un informe sobre el cumplimiento del Convenio 169 por parte del Estado ecuatoriano. Este convenio de la OIT es el tratado internacional sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas que, en Ecuador, incluye a los pueblos afroecuatorianos y montuvios. El documento tiene 137 páginas y repasa casos de presuntas vulneraciones a los derechos colectivos del actual y de anteriores gobiernos y alerta de que Ecuador ha seguido una lógica opuesta al mandato del Convenio 169 , con base en tres observaciones generales: El informe de las organizaciones contextualiza el paro del movimiento indígena de 31 días de septiembre y octubre, así como el referéndum y consulta popular del pasado 16 de noviembre. En este sentido, sostiene que “los derechos colectivos de los pueblos son incómodos a los gobiernos“. Recuerda que el presidente Daniel Noboa resaltó que el territorio del Ecuador es uno solo y amenazó con expulsar del país a quienes generen caos. Así, el documento puntualiza que “la represión a las manifestaciones callejeras y la persecución a líderes y lideresas y organizaciones fue particularmente violenta no solo en las calles, sino en oficinas administrativas, tribunales de justicia y fiscalía general”. En cuanto a la consulta popular, las organizaciones sociales e indígenas repasan que la convocatoria a una asamblea constituyente impulsada por el Ejecutivo “introduce un riesgo de regresividad en materia de derechos colectivos” , por lo que fue rechazada en consulta popular con “un fuerte argumento movilizador en contra de esa propuesta que fue la defensa de los derechos conquistados, incluidos los derechos colectivos que el presidente descalifica como ‘privilegios’”. Asimismo, el informe de la coalición dice que la situación nacional revela déficits persistentes en el cumplimiento de los derechos colectivos, reconocidos en la Constitución de 2008 y en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ecuador, ya que “los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montuvias y campesinas enfrentan una política extractiva que continúa avanzando sobre sus territorios sin garantizar procesos adecuados de consulta previa, libre e informada”.“Las concesiones petroleras y mineras en la Amazonía y en la Sierra norte han sido tramitadas mediante procedimientos informativos de bajo estándar, que no cumplen los requisitos internacionales ni las exigencias fijadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional de realizar consultas oportunas, deliberativas y culturalmente adecuadas”, indica el informe. Además, señala que, en paralelo, se han reforzado los mecanismos administrativos y normativos que permiten la injerencia estatal en la vida interna de las organizaciones. Sobre esto, las organizaciones denuncian que la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia Social, en agosto de 2025, profundiza este esquema al facultar la inmovilización de fondos y la imposición de obligaciones de fiscalización reforzada. En la práctica, alerta el informe, estas disposiciones han sido aplicadas selectivamente contra organizaciones indígenas, sindicales y de derechos humanos, limitando su autonomía organizativa y debilitando su capacidad de acción colectiva.En suma, el documento presentado ante la OIT enlista algunos factores que reflejarían un deterioro de las garantías democráticas y evidenciaría un incumplimiento sistemático de las obligaciones asumidas por el Estado ecuatoriano bajo el Convenio 169. Estos son: El informe fue preparado por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), con apoyo del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo (CIDDT), Amazon Frontlines, Amazon Watch, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, Acción Ecológica, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y quince organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.El informe fue remitido en el contexto de que cada año, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) se reúne para evaluar las memorias y reportes de los gobiernos y de las organizaciones sobre el cumplimiento del Convenio, vigente para Ecuador desde 1998, y posteriormente emite sus recomendaciones. En este sentido, las organizaciones indicaron que se espera que el examen y las recomendaciones de la comisión de expertos al Gobierno del Ecuador sean una oportunidad para el avance, y no retroceso, de derechos. (I)

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