Resolución inmediata de procesos administrativos, destitución de jueces en casos que eran de connotación pública y solicitar la renuncia a directores y subdirectores nacionales y directores provinciales aparecen como las acciones inmediatas que ha tomado en estos últimos ocho días el nuevo e incompleto pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) para empezar a dejar atrás el legado de falta de independencia y actos de corrupción del destituido y censurado presidente de la Judicatura, Mario Godoy.
La tarde del 18 de febrero pasado, Godoy, con 148 votos a favor del pleno de la Asamblea, fue censurado y destituido del cargo de presidente de la Judicatura. Esto llegó al haberse comprobado una “manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones” y pese a que horas antes de la decisión legislativa, él renunció de forma irrevocable a su cargo.
“La coyuntura política actual evidencia que los intereses y cálculos partidistas han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio y los grandes esfuerzos institucionales realizados”, decía Godoy en su carta de renuncia.
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En algo más de dos años, Mario Godoy se transformó en el segundo presidente titular del CJ que dejó el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial entre denuncias de corrupción, cuestionamientos a sus actuaciones y su nombre relacionado con al menos dos investigaciones previas abiertas en la Fiscalía: una por tráfico de influencias y otra por delincuencia organizada.
Damián Larco, el vocal del CJ proveniente de la terna enviada por el Ejecutivo, es quien ocupa el cargo de presidente temporal del CJ. Fue posesionado primero el 10 de febrero pasado para reemplazar temporalmente a Godoy, quien había pedido licencia y vacaciones, y luego, el 18 de febrero siguiente, por la renuncia definitiva, era nuevamente designado por unanimidad como presidente encargado del CJ, pero en esta ocasión hasta la designación de un titular definitivo.
Hace pocos días Larco dijo que este Consejo de la Judicatura “no será complaciente ni indiferente”. Aclaró que serán “firmes, rigurosos y responsables en sancionar a todos los jueces, servidores judiciales y operadores de justicia que hayan comprometido su independencia y que se hayan puesto al servicio de las redes de corrupción o del crimen organizado”.
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El presidente encargado de la Judicatura hizo esta aseveración luego de que él, junto con los vocales Magaly Ruiz, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros decidieron destituir a los jueces anticorrupción Gabriela Lara y Christian Quito, investigados por ser parte de una red de corrupción dentro del caso conocido como Fachada, en el que se habría intentado de forma irregular liberar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, cabecilla del grupo delictivo Comandos de la Frontera.
La decisión fue tomada con buenos ojos por quienes hacen parte del sector justicia en el país. Por ejemplo, el exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías aseguró que lo que terminó dándose contra los jueces Lara y Quito es lo que debía ocurrir, pero que se veía truncado por varios meses por la presencia de Mario Godoy en el pleno del CJ.
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Pese a los hechos dados el día del allanamiento en el caso Fachada, lo ubicado en teléfonos incautados, los cerca de $ 92.000 localizados en una caja de zapatos y otras graves acusaciones y elementos que existían en contra de los dos jueces anticorrupción, tanto Lara como Quito continuaban ejerciendo sus funciones de jueces especializados en temas de corrupción y crimen organizado e incluso existía un informe interno del CJ, de agosto de 2025, recomendando que los declaren inocentes.
El documento presentado a la vocal Magaly Ruiz, el cual proponía la declaratoria de inocencia de los jueces, fue elaborado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del CJ, durante la presidencia de Mario Godoy. Actualmente el equipo técnico que sugirió se declare inocentes a los dos jueces anticorrupción enfrenta un sumario administrativo. “(...) Existen hechos que han revelado presuntas conductas penales de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita que están siendo investigadas por la Fiscalía. Esto solo es una muestra más de que la crisis de la Función Judicial provenía del ya censurado y destituido expresidente del CJ (Mario Godoy)”, señaló Macías.
Otro intento por poner distancia con la administración de Godoy ocurrió dos días después de su renuncia, censura y destitución. El 20 de febrero último, Larco solicitó a los directores y subdirectores nacionales y directores provinciales del CJ poner a disposición de esa Presidencia el cargo de libre nombramiento y remoción que desempeñaban, con el fin de “consolidar una estructura organizacional alineada a los objetivos estratégicos institucionales” y “encaminar las necesidades institucionales y los desafíos actuales que enfrenta la Función Judicial, dentro del marco de compromiso con el país”.
A las acciones tomadas por el nuevo pleno del CJ se suma la adoptada el 19 de febrero último, la cual se refiere a la destitución del juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón La Joya de los Sachas (Orellana) Walter Pío Arreaga. El órgano colegiado con un voto unánime determina porque el juzgador incurrió en la falta gravísima de manifiesta negligencia en la tramitación de un caso penal en contra de alias Topo, integrante del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Choneros-Fatales.
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“Las investigaciones determinaron que el 15 de enero de 2025, el servidor sancionado dictó prisión preventiva en contra de alias Topo y sin una fundamentación clara, se apartó del caso, pese a que aún debía resolver la apelación que la defensa presentó. El juez ordenó que el proceso pase a la unidad anticorrupción, en Quito, pero esa dependencia devolvió el expediente. El 6 de junio de 2025, ante la falta de atención a la apelación, el juez destituido declaró la nulidad del proceso, dejó sin efecto la prisión preventiva y ordenó la libertad inmediata de alias Topo”, explicó la Judicatura en un comunicado.
El actual pleno del CJ y su presidente encargado han intentado también desmarcarse de las actuaciones de su extitular al pronunciarse y actuar inmediatamente ante solicitudes hechas por jueces que denunciaron amenazas. Ese fue el caso del juez anticorrupción Jairo García, quien hizo conocer de una supuesta amenaza recibida durante una audiencia en el denominado caso Goleada, por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los once procesados por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria
Desde el pleno del CJ se solicitó al Ministerio del Interior que se incremente la seguridad del funcionario judicial y se le autorizó la modalidad de teletrabajo al 100 %.
Justamente una de las críticas a la presidencia de Mario Godoy fue el no haber tomado las medidas respectivas para garantizar la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien dejó el país luego de renunciar a su cargo por falta de garantías para ejercer su magistratura.
El juez dijo que había recibido intentos de injerencia al ámbito jurisdiccional desde autoridades del CJ de Pichincha, que había recibido amenazas dentro del juicio contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, a quien sentenció a diez años de cárcel por lavado de activos, y que se le había retirado la seguridad personal, pese a que días atrás se había ubicado un coche bomba cerca de los despachos de los juegos especializados en delitos de corrupción y crimen organizado, en Quito.
Mediante un comunicado se conoció que los actuales integrantes del pleno del CJ respaldaron al juez Jairo García ante las amenazas recibidas y aclararon que la institución trabaja para garantizar las condiciones necesarias que permitan a los servidores judiciales cumplir su labor con plena independencia y seguridad.
“Ante esta situación, activamos un protocolo de seguridad para salvaguardar la integridad del juzgador, así como la de su familia. Estaremos en constante seguimiento del caso y tomaremos las medidas para que todos los servidores judiciales actúen con firmeza ante la delincuencia”, anotó la Judicatura en un comunicado.
El pleno del Consejo de la Judicatura continuará incompleto hasta que se diluciden dos situaciones. La primera, que se resuelva la inhabilidad que mantiene la vocal suplente Alejandra Villacís y así pueda asumir el cargo de presidenta en la Judicatura; o que se concrete en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la selección de un nuevo vocal titular para el CJ, con origen en la Corte Nacional, y así exista una nueva autoridad titular en el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. (I)
