Algo menos de veinte días le quedan a la fiscal Marisela Yánez y a la defensa del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, para recoger los elementos de prueba que demostrarán o descartarán, dependiendo del caso, la existencia del delito de paralización de un servicio público, infracción penal sancionada en el Código Orgánico Integral (COIP) hasta con tres años de cárcel.