Más programas de atención para grupos vulnerables en las propuestas de los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa

Mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), adultos mayores y personas privadas de la libertad (PPL) son parte de los grupos vulnerables reconocidos en la Constitución y las leyes.En los planes de gobierno de los aspirantes Luisa González, de la alianza Revolución Ciudadana (RC)-Renovación Total (RETO), listas 5-33, y de Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, se contemplan varias acciones alrededor de estas poblaciones.Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el país hay más de 8,6 millones de mujeres. El 38,5 % de los hogares cuenta con una mujer como cabeza. Sin embargo, en el ámbito laboral, el 40,8 % de las personas con empleo es mujer, y el 52,2 % de ellas tiene afiliación al Seguro Social. Además, según ONU Mujeres Ecuador, seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia. Luisa González propone garantizar la protección de la maternidad, el reconocimiento del trabajo de cuidado, el acceso a servicios de apoyo para víctimas de violencia de género y la equidad en la representación política y laboral, así como la participación en ciencia y tecnología. Plantea, además, promover la prevención de la violencia de género desde la educación temprana y fomentar la paridad en la administración pública y privada. Daniel Noboa habla de garantizar el acceso a la salud materna, sexual y reproductiva de manera integral, asegurando servicios adecuados antes, durante y después del embarazo, así como el acceso a información y métodos anticonceptivos. Además, promueve la igualdad de género y la eliminación de la discriminación y violencia en el ámbito de la salud y el trabajo. Se enfatiza la necesidad de políticas para la equidad de género y el empoderamiento económico y laboral. Génesis Orobio, trabajadora social que labora con mujeres víctimas de violencia de género, señala que en los planes de gobierno no se ha contemplado la relación de la violencia de género con los grupos de delincuencia organizada, que es un factor que dificulta el acceso a la justicia para estas víctimas. También debe mejorarse la celeridad de las instituciones que las atienden.La profesional dice que en ambos planes de gobierno falta definir presupuestos y qué instituciones los ejecutarán.Datos de la Unicef señalan que en el país hay 5,3 millones de niños, niñas y adolescentes, lo que representa el 30,1 % de la población total. En 2022, el 17,5 % de los niños menores de 5 años padecía de desnutrición crónica; además, la primera causa de muerte de los adolescentes son los accidentes de tránsito, seguida de los homicidios y, en tercer lugar, el suicidio.En esos escenarios, las propuestas de Luisa González para este grupo buscan la erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores. Se plantea fortalecer la educación pública, en especial en zonas rurales, con la recuperación de las unidades educativas del milenio y la eliminación de la violencia en el sistema educativo. Además, se promueve la atención integral priorizando su nutrición, acceso a servicios psicopedagógicos y el incremento del presupuesto para programas alimentarios.Las propuestas de Daniel Noboa se enfocan en reducir la desnutrición crónica infantil con el acceso a alimentos saludables, promoción de la lactancia materna y servicios básicos. En educación, prevenir la deserción a través de formación docente, alimentación, infraestructura y apoyo psicoeducativo, con prioridad a niños con discapacidad y víctimas de violencia. También propone fortalecer el bachillerato técnico para lograr la inclusión juvenil. María Gabriela Moreno, psicóloga educativa y de adultos mayores , indica que se espera que los planes de gobierno propongan mejoras a las políticas públicas, evitando intermediarios que suelen lucrarse de programas sociales.Además, se debe invertir en la salud mental de las familias para conseguir infancias saludables y libres de violencia, lo que implica fomentar el empleo para alcanzar un estilo de vida digno.Las personas adultas mayores de más de 65 años, según datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), suman alrededor de 1,5 millones. El 8,5 % vive arrendando y el 0,4 % habita en viviendas colectivas o no tiene vivienda. Además, el 30,2 % tiene dificultades funcionales; el 20,6 %, problemas de movilidad, y el 12,8 %, de visión, menciona el estudio. Luisa González propone fortalecer la atención a los adultos mayores con el respaldo a organizaciones sociales, de la economía solidaria y centros que brindan servicios especializados, así como el impulso a proyectos para atender a personas de la tercera edad abandonadas.En tanto que Daniel Noboa no contempla acciones específicas para este grupo, pero los incluye en acciones más generales, en las que se habla de la reducción de la pobreza a través de programas de inclusión social y económica, del fortalecimiento del bienestar emocional y la calidad de vida, así como de la inclusión laboral y el acceso a justicia gratuita. La psicóloga María Gabriela Moreno considera que, aunque existen organizaciones que trabajan con adultos mayores, se debe mejorar la cobertura y efectividad de estos programas, aplicando un enfoque integral y coordinado de manera que se fortalezcan las redes de apoyo, se potencie la financiación y se simplifiquen los procesos burocráticos. Lamentó que los planes dirigidos a este grupo sean pocos.Para Moreno, las propuestas de gobierno deberían centrarse en mejorar la coordinación entre los actores sociales e instituciones y eliminar barreras de acceso a los servicios. Los recursos asignados para cada una de estas propuestas, agrega, deben tener seguimiento constante para evaluar su impacto e ir mejorándolas. (I)Según el Ministerio del Interior, con corte al 28 de febrero pasado, hay 34.250 personas privadas de libertad (PPL) en las cárceles; de ellas, 22.236 están sentenciadas, 11.267 están procesadas, 343 son contraventoras y 403 están presas por apremio (pensiones alimenticias).En el censo penitenciario realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) en el 2022 se indicó que las causas más comunes del encarcelamiento de estas personas son el tráfico de sustancias ilícitas, el robo y el homicidio.En ese estudio, el 66,5 % de PPL indicó que la cantidad de alimentos que recibían en las cárceles era insuficiente y el 33,8 %, que eran de mala calidad.Luisa González propone fortalecer la rehabilitación y reinserción social de PPL mediante programas que tengan recursos, personal capacitado e infraestructura. También plantea la formación en oficios, apoyo productivo y ahorro de capital semilla para su reinserción laboral.Daniel Noboa ha dicho que, a su criterio, estas personas no deberían ser consideradas parte de los grupos prioritarios. De todas formas, en su proyecto habla de fortalecer el control y el orden dentro del sistema penitenciario, respetando los derechos de las PPL, y desarrollar un plan integral de rehabilitación e inclusión para su reinserción. Roberto Beltrán, quien ha trabajado en proyectos para PPL, dice que, al estar controlado por las mafias, en el sistema penitenciario se han debilitado la rehabilitación y el voluntariado.Opina que los planes deberían contemplar la segmentación de las PPL para no mezclar a los delincuentes comunes con los que pertenecen a las mafias; y no pensar en construir más cárceles, sino en mejorar sus condiciones de vida.Según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) , en Ecuador hay 487.542 personas registradas con algún tipo de discapacidad. De este grupo, el 26,03 % tiene más de 65 años. El tipo de discapacidad más frecuente es la física, que afecta al 44,07 % de las personas registradas. En cuanto al grado de discapacidad, el más común es el más alto -que abarca del 30 % al 49 %- y concentra al 45,72 % de esta población.En los planes de trabajo de ambos presidenciables no existen propuestas específicas dirigidas a esta población. En su lugar, se la incluye dentro de planteamientos generales que suelen enfocarse en la no discriminación. Daniel Noboa propone garantizar la inclusión social y económica, especialmente en el ámbito laboral, de las personas con discapacidad. Plantea reducir la pobreza en esta población con programas que aseguren su protección social, acceso a servicios de salud esenciales y seguridad básica de ingresos. Además, aborda el acceso a infraestructura educativa desde la primera infancia, especialmente para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.En el caso de Luisa González, su propuesta habla de garantizar una atención integral, equitativa y sin discriminación. Se prioriza una atención en salud inclusiva que respete la diversidad y necesidades específicas de esta población, así como el acceso a espacios de deporte y actividad física. También se plantea el diseño e implementación de políticas públicas intergeneracionales que reconozcan y protejan a las personas con discapacidad. María Cristina Kronfle, activista por los derechos de las personas con discapacidad y consejera suplente del Conadis, indica que la situación actual de esta población es muy compleja, ya que existen dificultades para acceder a atención médica y para obtener la calificación oficial como personas con discapacidad. Desde su perspectiva, ninguno de los dos candidatos aborda con la debida importancia este tema en sus planes de trabajo, lo que denota una falta de empatía y conocimiento.Kronfle añade que los candidatos podrían beneficiarse si tomaran en serio a esta población, ya que, de presentar propuestas sólidas, el voto de las personas con discapacidad podría darles una ventaja sobre su oponente. Finalmente, la activista instó a las personas en situación de discapacidad a asistir a las urnas, a pesar de que su voto es facultativo, porque es importante que su voz sea escuchada y que los candidatos atiendan sus problemáticas con seriedad. (I)

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