El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, anunció que comparecerá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al señalar que lo hace por deber y en defensa de la transparencia y la institucionalidad frente a lo que calificó como intentos de politizar el control de la Función Judicial.

La comparecencia debería tener lugar más adelante, después de que este 11 de enero el juicio político contra Godoy entró en su fase de sustanciación en la Comisión de Fiscalización. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinó que el pedido cumple con los requisitos constitucionales y legales.

Según el proceso, se debe notificar a Godoy para que, en un plazo de quince días, presente su contestación y pruebas de descargo. En paralelo, los asambleístas proponentes del juicio deberán presentar las pruebas que sustenten la acusación antes de que la Comisión convoque a la fase de comparecencias y testimonios, paso previo a la elaboración del informe que será remitido al pleno para su eventual resolución.

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A través de sus declaraciones, Godoy sostuvo que acudirá con documentos y “respuestas contundentes”, y afirmó que no tiene nada que ocultar. “Dar la cara es un acto de responsabilidad cuando la transparencia está en juego”, señaló, al insistir en que la fiscalización no debe convertirse en un show político.

El funcionario rechazó que se intente sembrar dudas en el Consejo de la Judicatura para debilitar la independencia judicial, la cual —dijo— protege a todos los ciudadanos. En ese contexto, afirmó que su comparecencia busca defender su honra, a la institución y el respeto a los hechos y al debido proceso.

“La justicia no se gobierna con aplausos ni amenazas”, remarcó Godoy, al subrayar que la Judicatura no se somete a presiones políticas ni mediáticas y que la presión pública no puede reemplazar la ley. “No permitiré que la institución sea un trofeo político”, agregó.

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Finalmente, aseguró que su actuación se rige por la honestidad y el respeto al Estado de derecho, y que sus responsabilidades son únicamente ante el país, reiterando que el debido proceso y la justicia “no son negociables”.

(I)