“Me apasiona el vértigo con el que se desarrollan las leyes, la Constitución y los tratados internacionales, ya que no son estáticos. Mi esencia es el continuo aprendizaje y actualización de conocimientos”.
Así se presentó Marco Xavier Rodríguez Ruiz cuando fue electo presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para el periodo 2016-2018. Hoy el nacido en Quito el 6 de marzo de 1971 es el flamante presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el más alto órgano de justicia ordinaria del país.
Rodríguez Ruiz es un abogado y doctor en Jurisprudencia, con maestrías en diversas ramas del derecho, y desde el 2018 es juez de la Corte Nacional, integrando la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Aseguró que, tras ganar el concurso de méritos y oposición, asumió con responsabilidad la “misión de garantizar una justicia técnica, independiente y respetuosa de los derechos fundamentales”.
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🚨 #URGENTE
— Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) January 14, 2026
👩🏻⚖️⚖️👨🏻⚖️ El Pleno de la @CorteNacional de Justicia designó como presidente encargado al juez de la #SalaPenalCNJ, Dr. Marco Rodríguez Ruiz y como presidente subrogante encargado, al juez de la #SalaLaboralCNJ, Dr. Alejandro Arteaga García.
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Asegura ser un apasionado por la literatura, lo que le ha llevado a no solo publicar novelas y ensayos, sino también ha colaborado con artículos sobre temas relacionados con la política y el derecho. Cuenta que un apego fundamental en su vida ha sido el pago a los estudios y considera ser un “estudiante permanente”.
El quiteño cuenta con más de 30 años de experiencia en la Función Judicial, de los cuales casi 20 ha trabajado en el área penal. Inició su carrera en lo que era la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional, y posteriormente se desempeñó como juez y presidente en diversas salas penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Entre 2016 y 2018 asumió la presidencia de esta Corte de Pichincha, en la que lideró procesos de gestión administrativa y judicial que buscaban el fortalecimiento de la eficiencia institucional, optimizando los flujos procesales y consolidando el trabajo articulado entre judicaturas, coordinaciones operativas y direcciones administrativas. En ese lapso, dice, se reafirmó la convicción sobre la importancia de un modelo judicial equilibrado entre la independencia jurisdiccional y la gestión estratégica con enfoque de resultados.
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En el plano académico, Rodríguez Ruiz es un doctor en Derecho (Ph. D.) graduado en la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. Posee tres maestrías en Derecho Penal, Procesal Penal, Civil, Procesal Civil, y de Mercado, y un diplomado superior en Derecho Económico.
Por otra parte, el nuevo presidente de la Corte nacional ha impartido cátedra en programas de posgrado en varias universidades del país y ha publicado obras y artículos sobre garantías jurisdiccionales, derecho penal y conocimientos tradicionales, entre otros.
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En 2017 decidió participar en el concurso para integrar como juez la Corte Nacional. Estuvo entre los mejores calificados, lo que le llevó en 2018 a ser posesionado como uno de los magistrados de la Sala Penal.
En lo jurisdiccional, Marco Rodríguez ha sido juez dentro del Tribunal de Apelación del caso Secom, en el que en segunda instancia, en septiembre de 2024, se revocó la inocencia definida para Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa acusado del delito de peculado. También fue parte del Tribunal de Juzgamiento que condenó a trece años de cárcel al exvicepresidente del correísmo Jorge Glas, quien fue procesado por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
Rodríguez junto con los también jueces Mercedes Caicedo y Pablo Loaiza integraron el Tribunal de Juicio que sentenció a nueve años de cárcel por el delito de delincuencia organizada a su excompañero en el pleno de la CNJ y expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, dentro del caso Metástasis.
Además, intervino como juez en casos relacionados con Daniel Salcedo. Por ejemplo, en la causa por ingreso de objetos prohibidos a la cárcel, el Tribunal integrado por los jueces Luis Rivera, Walter Macías y Marco Rodríguez ratificó las sentencias dadas en dos instancias inferiores; mientras que en el proceso por lavado de activos, Rodríguez, Felipe Córdova y Byron Guillén decidieron levantar el sobreseimiento dado en dos instancias y declarar la culpabilidad de Daniel Salcedo, su hermano Noé, dos personas naturales y seis jurídicas más.
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Daniella Camacho (ponente), Felipe Córdova y Marco Rodríguez fueron los jueces que conformaron el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional que emitió sentencia condenatoria en el caso Purga contra el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo y el exjuez penal Johan Marfetán. Todos recibieron una pena de cárcel de trece años y cuatro meses como autores del delito de delincuencia organizada.
Otro de los casos de connotación en los que estuvo es el denominado Diezmos, en el que se condenó a la exvicepresidenta de la República y exasambleísta María Alejandra Vicuña a un año de cárcel por el delito de concusión.
En enero de 2025, el pleno de la Corte Nacional de Justicia conoció la terna de la que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debía designar al vocal que presidirá el Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031. La terna enviada por el entonces presidente de la Corte, José Suing, estaba encabezada por Marco Rodríguez y se completaba con la abogada Alexandra Villacís y el abogado Édison Toro.
Tan solo horas después de conocerse de que el actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue incluido en la terna en lugar de Toro, quien fue inhabilitado por el Consejo de participación para intervenir en la selección, el juez Marco Rodríguez presentó su renuncia a integrar la terna de la Corte Nacional.
Según un escrito de Rodríguez dirigido en esos días a Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, la “inhabilitación” de Édison Toro como candidato de la terna de la CNJ y la devolución de la misma para completarla, antes de iniciar la fase de admisibilidad por parte de la Comisión Técnica, en donde se revisan requisitos, prohibiciones e inhabilidades, “conculca el artículo 12 de la Codificación del Reglamento para la designación de los vocales del CJ, en vigencia, lo cual”, desde su óptica jurídica, “no garantiza que en esta designación primen parámetros de méritos, experiencia y conocimiento”. (I)
