Las afiliaciones ‘falsas’, un problema al que el Consejo Electoral no ha dado respuesta

Obtener un certificado de apoliticismo sigue causando sorpresa e indignación en aquellos ciudadanos que acuden al Consejo Nacional Electoral (CNE) y se enteran de que son adherentes o afiliados a una organización política sin haberlo consentido.Verónica (nombre protegido) acudió días atrás para obtener un certificado de apoliticismo para presentarlo en una institución en la que prestaría sus servicios. “Estaba confiada en que no pertenecía a ninguna organización y cuando fui al CNE me informaron que pertenecía a Fuerza Compromiso Social (ahora Revolución Ciudadana). No sé cómo me ingresaron, porque nunca he firmado un documento, incluso soy meticulosa cuando en la calle me piden una firma”, contó.Eso complicó su contratación en el nuevo trabajo porque necesitaba el documento. “Pero fue raro, porque en el CNE me dijeron que eso solía pasar y que llenara un formulario para desafiliarme. Lo hice y ahí cerré el tema”, relató la mujer.Estos hechos no son nuevos. Un caso similar, pero que le impidió participar en un proceso electoral fue el de Sara Roque, quien aspiraba a ser candidata a consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en los comicios seccionales del 2019.Para inscribirse requería no ser parte de un grupo político, pero apareció como afiliada al partido Izquierda Democrática (ID) y fue descalificada.“Puse una denuncia, se demostró que no pertenecía a ninguna organización política porque mi firma había sido falsificada. La inscripción se había hecho en un feriado en el que yo me encontraba fuera del país”, recordó Roque.Fue en el 2012 que estallaron los reclamos en redes sociales por afiliaciones irregulares, cuando al ingresar al portal web del Consejo, con el número de cédula, los ciudadanos conocían que eran parte de un partido o movimiento.En ese año se cumplía el plazo para la reinscripción de las organizaciones políticas, puesto que con la vigencia de la Constitución del 2008 se creó el CNE y se aprobó el nuevo Código de la Democracia, que dispuso que antes de las elecciones del 2013 todos debían reinscribirse.Ante las denuncias, el CNE deshabilitó ese link y hasta la actualidad no hay un mecanismo que permita conocer esa información, que no sea mediante un trámite presencial en las delegaciones provinciales.En ese entonces, en la Fiscalía del Estado se habían presentado más de 20.000 denuncias. La investigación la impulsó el exfiscal Galo Chiriboga y hubo hasta detenidos.Un reporte actualizado de la Fiscalía, entre el 10 de agosto de 2014 y el 30 de noviembre de 2021, detalla de un total de 13.921 noticias de delitos relacionados con el artículo 327 del Código Orgánico Integral Penal, sobre la falsificación de firmas. Aunque esto no implica que esté relacionado en su totalidad con casos de firmas para afiliaciones sin consentimiento. De este número, 5.475 se encuentran en investigación previa, en 4.319 se aceptó su archivo y en 3.706 se solicitó su archivo.La Fiscalía no precisó cuántas de estas correspondían a denuncias por firmas constantes en organizaciones políticas.Una propuesta para conocer si una persona estaba afiliada o no la presentó el exconsejero electoral Luis Verdesoto en agosto del 2019, pero no tuvo apoyo del pleno.El tema se maneja con reserva en el Consejo Electoral. El 8 de noviembre pasado, este Diario solicitó conocer cuántos ciudadanos constaban como afiliados o adherentes desde el 2012; cuántos se habían desafiliado o solicitado su certificado de apoliticismo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Incluso se gestionó una entrevista con la presidenta, Diana Atamaint, que tampoco se concretó.Las afiliaciones irregulares incluso fueron observadas en una auditoría de la Contraloría General del Estado aprobada en agosto del 2019 y de la que se han desprendido informes de seguimiento a sus recomendaciones, cuyos resultados han sido negativos.El expediente de origen reveló que después de una revisión de las firmas de adhesión a diez movimientos y tres partidos políticos, cuatro de ellas no habían alcanzado el número requerido para mantener su personería jurídica, porque había anomalías en los registros. Se trató del movimiento Justicia Social, Podemos, Fuerza Compromiso Social (ahora Revolución Ciudadana) y Libertad es Pueblo. Se recomendó al CNE que se los extinga; sin embargo, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ratificó su existencia, excepto en el caso de Libertad es Pueblo, que desapareció porque el recurso subjetivo que presentó para mantenerse no contó con legitimación activa.En un último seguimiento a las recomendaciones, de agosto del 2020, la Contraloría concluyó que el CNE no contaba con una solución tecnológica que permita el registro y control de los procesos relacionados con las organizaciones políticas. Entre ellas, el mantenimiento del registro histórico de afiliaciones y desafiliaciones ciudadanas, y la consulta en línea de la afiliación o desafiliación y gestión de denuncias. Desde la ciudadanía, el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil pidió al CNE habilitar una herramienta digital para obtener esta certificación, pero hasta la fecha no hay respuesta.“El Consejo nunca respondió ese pedido. Pedíamos transparentar los registros electorales para conocer si uno está inscrito a un partido o movimiento. Hubo un silencio del que hasta ahora no nos explicamos las razones, pero esto da cuenta de la falta de transparencia”, reclamó César Cárdenas, director del Observatorio.Él contó que recibieron más de 200 denuncias sobre afiliaciones no consentidas. “No sabemos cómo se obtienen las firmas, porque la gente asegura que no ha firmado”, dijo.Por su parte, el Consejo demanda la asignación de más presupuesto para ejecutar sus actividades y cumplir con las recomendaciones de la Contraloría.En noviembre pasado, el consejero José Cabrera realizó un recorrido por las instalaciones del antiguo comisariato de las Fuerzas Armadas para constatar, con la prensa, las condiciones precarias en las que los funcionarios desarrollan sus actividades.Decenas de cajas de archivo guardan miles de firmas y, en el medio, apenas siete personas en el área de Organizaciones Políticas verifican la validez de las firmas presentadas por movimientos políticos que buscan inscribirse, antes de las elecciones seccionales del 2023.Para el analista electoral y catedrático Esteban Ron, la salida a este problema sería impulsar reformas al Código de la Democracia para incrementar las causales de extinción de las agrupaciones y que haya una depuración.“La gravedad es una sola: que los umbrales que tiene el CNE para eliminar a las organizaciones políticas son muy bajos. Después de cada elección se revisa que cumplan con el porcentaje de representación para mantener su personería jurídica, este debería pasar del 4 %, que es el vigente, al 7 % u 8 %. Además, que se aumenten otras causales, por ejemplo, si no cumplen con la capacitación política o no realizan primarias para escoger a sus candidatos. Esto ayudaría a depurar el alto número de grupos existentes”, opinó.A septiembre del 2021 eran 268 partidos y movimientos políticos nacionales y locales los inscritos. Aunque a finales de noviembre el Consejo canceló a Fuerza Ecuador (Fuerza EC), Justicia Social, Concertación, Unión Ecuatoriana y Ecuatoriano Unido, porque no alcanzaron el porcentaje de representación en los dos últimos procesos eleccionarios, del 2019 y 2021. (I)

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