Paralelamente a que la Asamblea Nacional decidió convocar a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), para que informe al pleno del Legislativo sobre los hechos de amenazas, intimidaciones e injerencias desde la Judicatura denunciados por el juez anticorrupción Carlos Serrano, la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, anuncia que su bancada presentará una solicitud de enjuiciamiento político en contra del titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

La legisladora correista refirió que además se buscará que la solicitud de enjuiciamiento político se extienda en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El juicio político se fundamentaría en que estos consejeros ‘desecharon e inobservaron’ tanto las impugnaciones como alertas que se dieron en torno a la probidad de Mario Godoy, a ese entonces integrante de la terna enviada desde la presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

También con el procesamiento en la Asamblea se buscaría conocer cómo fue la elección de los actuales vocales del CJ, porque, según Veloz, sería evidente que hubo presión política y se acomodaron a los tiempos del Poder Ejecutivo.

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“Estamos ya desde hace dos días atrás armando la solicitud de enjuiciamiento político y la vamos a presentar aunque la Asamblea está en receso. La vamos a presentar en estos días y lo que esperamos es que no exista bloqueo por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que la Comisión de Fiscalización que se ha convertido en la “Comisión de Archivo” tampoco lo deje de calificar (...). El país merece transparencia, verdad. Estos hechos son escandalosos y en ninguna democracia y en ninguna República sana nadie puede admitir que quien está al frente de la Judicatura esté señalado por tener posibles tentáculos con el narcotráfico”, sostuvo Veloz.

El anuncio que hace la legisladora de la RC llega en momentos en que Godoy es cuestionado por la supuesta injerencia que una autoridad de la Judicatura habría intentado tener en contra del juez Carlos Serrano dentro de sentencia que iba a tomar en un caso por lavado de activos relacionado al narcotráfico. Esa causa penal terminó con una sentencia de diez años de cárcel contra el ciudadano serbio Yezdimir Srdán, quien fue identificado como la cabeza de una estructura destinada a ocultar y legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas.

Inmediatamente se filtraron documentos en los que ubican a la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue parte de la defensa del serbio y recibía notificaciones de la causa penal que se ventilaba y que estaba relacionada a Serrano, juez al que se le retiró el 2 de diciembre pasado los dos escoltas policiales,pese a que recibió de Srdán en plena audiencia una amenaza de muerte pasándose el dedo por su cuello, que renunció el 4 de diciembre último presentó y que el 17 de diciembre siguiente dejó de asistir a su lugar de trabajo ante el temor de su seguridad y su familia.

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“Por una parte, se está vulnerando mi derecho constitucional al trabajo libremente escogido y aceptado, así como a no ser obligado a realizar un trabajo forzoso, limitado y libre de desarrollo de la personalidad, y, por otra parte, se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales, fuente de mi situación de peligro sin ningún tipo de resguardo personal. Por lo expuesto, con el fin de que se tomen las medidas administrativas que correspondan para precautelar el correcto desarrollo de las causas, informo que, ejerciendo el derecho a un trabajo libre, escogido y no obligado, protegiendo mi vida e integridad, no laboraré desde hoy, 17 de diciembre de 2025″, refirió Serrano.

La tarde del domingo último, con 142 votos, la Asamblea Nacional decidió convocar dentro de los próximos días laborables para que Mario Godoy “informe sobre hechos de conocimiento público relativos a presuntas irregularidades en actuaciones judiciales y demás asuntos inherentes a sus competencias”. (I)