La disputa por las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana llega al Tribunal Contencioso Electoral

Unos 27 sujetos políticos que no fueron calificados como candidatos para ocupar una de las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recurrieron ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para apelar su descalificación; mientras, otros 32 postulantes tendrían asegurado un casillero en la papeleta electoral para los comicios del 5 de febrero de 2023.Para la renovación de los siete puestos en el CPCCS, el Consejo Nacional Electoral (CNE) receptó 191 inscripciones de ciudadanos que enfrentaron una etapa de revisión de requisitos y no estar incursos en inhabilidades, que estuvo a cargo de una Comisión Verificadora.El pasado 11 de agosto, el CNE conoció el informe de esta comisión y concluyó con la inscripción de 22 candidatos que habían cumplido los requisitos y se descalificó a otros 168 por estar incursos en inhabilidades constitucionales y legales.Se abrió un periodo de impugnación a la resolución de calificación, a la que se presentaron más de cien impugnaciones de los postulantes inconformes con la decisión de la autoridad electoral.En las dos últimas semanas, el pleno del CNE ha resuelto estos recursos y aceptó diez impugnaciones, con lo que el número de inscritos varió de 22 a 32. Aunque está pendiente resolver un recurso interpuesto por un postulante del exterior.Es decir, diez candidatos se sumaron al listado, entre los que están: Santiago Becdach, Ángel Chela (pueblos y nacionalidades), Betsy Saltos, Jeanneth Lozada, Napoleón Cabrera, Piedad Cuarán, David Zúñiga, Vielka Párraga, Andrés Fantoni y Andrés Mendoza.No obstante, aún no está cerrada la posibilidad de que el número de candidaturas se incremente.Esto, porque aún resta que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie sobre los recursos subjetivos que presenten a su sede los concursantes inhabilitados, cuyo pronunciamiento será de última instancia.Según la cartelera jurisdiccional de la institución, se ingresaron 27 recursos subjetivos contenciosos para su trámite, hasta el cierre de esta publicación.Entre ellos, están el actual vocal del CPCCS Francisco Bravo, quien busca la reelección; el político Óscar Ayerve; la jurista Angélica Porras; la esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, Priscila Schetinni; la exconsejera Rosa Chalá, que fue destituida y censurada en un juicio político.De acuerdo con el calendario electoral, el TCE tiene hasta el 2 de octubre para resolver estas causas, pues el 3 de ese mes, el CNE debe publicar el listado oficial de candidatos que estarán en la papeleta.Después de la consulta popular del 2018, quienes postulan a ser vocal del CPCCS se eligen por voto popular cada cuatro años en conjunto con los comicios de autoridades locales como alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales.En esa elección, se postularon 201 personas, pero solo 43 fueron habilitadas: 11 mujeres, 28 hombres y 4 representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montuvios y ecuatorianos en el exterior.La Ley del Consejo de Participación Ciudadana estipula en su artículo 32, que el Consejo Electoral elaborará una papeleta con tres listas: una de mujeres; una de hombres; y, una de pueblos, nacionalidades indígenas y ecuatorianos en el exterior, en las que se observará la alternancia de género.Para las votaciones del 2019 se dispuso la impresión de tres papeletas: una para mujeres, otra para hombres y otra, para los pueblos, nacionalidades y ecuatorianos en el exterior. Por ello, para el proceso de febrero próximo, también se imprimirían tres documentos.Cuando la lista de candidatos esté definida, el Consejo realizará un sorteo público para establecer el orden de su ubicación.La norma establece que los votantes deben escoger hasta siete candidatos: tres de la lista de hombres, tres de la lista de mujeres y un candidato de los pueblos, nacionalidades indígenas.La promoción de sus planes de trabajo y trayectoria será una tarea exclusiva del CNE, que diseñará la campaña electoral para la difusión en los medios de comunicación.Las disposiciones legales vigentes prohíben a los partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, funcionarios, candidatos o ciudadanos promover actos de proselitismo político a favor o en contra de los candidatos a ser vocal del CPCCS; así también les está prohibido tener financiamiento privado para sus campañas.De lo contrario será considerado como una infracción electoral y en el caso de que un postulante contravenga estas disposiciones será descalificado.El reglamento para este efecto aprobado por el CNE incorporó tres prohibiciones en ese sentido: utilizar financiamiento privado de cualquier tipo para la promoción de los postulantes; que los partidos o movimientos políticos, organizaciones sociales, servidores o ciudadanos, realicen actos de proselitismo político a favor o en contra de alguno de los participantes; y, a los medios de comunicación tradicionales les está impedido hacer promoción directa o indirecta que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política.Lo que sí estará permitido es que las instituciones privadas y públicas organicen entrevistas y debates entre los candidatos, con “principios de imparcialidad, libertad de expresión y equidad en la participación”.Quienes aspiran a ser consejeros deberán enmarcar sus propuestas de trabajo en cuanto a las atribuciones constitucionales que tiene el Consejo de Participación Ciudadana.En total, la Carta Política le otorgó doce deberes y atribuciones, como la designación de las principales autoridades de control del Estado. Entre estas, de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública, los cinco vocales del CNE, los cinco jueces del TCE y los titulares de las superintendencias.En el ámbito de la participación ciudadana deben investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción; establecer mecanismos de rendición de cuentas, estimular procesos de deliberación pública, transparencia y lucha contra la corrupción. (I)

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