El informe que recomiende o no el inicio del juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, por supuesto incumplimiento de funciones, estaría listo antes del feriado de carnaval, según el cronograma de sustanciación del proceso que se ventila en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Mario Godoy está procesado políticamente a petición de la bancada correísta, Revolución Ciudadana (RC), por supuesto incumplimiento de funciones al no observar el artículo 168 de la Constitución, que obliga a garantizar la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia.
Godoy, según el correísmo, habría ejercido presiones a través de su colaborador cercano Henry Gaibor sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano. El objetivo habría sido beneficiar al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, procesado por narcotráfico y antiguo cliente de Dolores Vintimilla, esposa del titular del Consejo de la Judicatura.
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El proceso contra Godoy, tanto en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como en la Comisión de Fiscalización, ha obtenido el respaldo de los asambleístas de la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), que a través de sus legisladores anuncian que participarán activamente en la etapa de prueba y realizarán algunas peticiones. Eso permitirá definir su posición una vez que concluya el proceso con la presentación del informe.
En el expediente del juicio político, como parte de las pruebas, se enuncia la práctica de veintitrés piezas informativas provenientes de medios de comunicación nacionales e internacionales, plataformas digitales y redes sociales, seleccionadas por su pertinencia temática, secuencia temporal y diversidad de fuentes.
Estas publicaciones se refieren, de manera reiterada, a presuntos episodios relacionados con:
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- Denuncias públicas sobre presiones internas en la Función Judicial.
- La situación del juez anticorrupción Carlos Serrano y su salida del cargo.
- La difusión de audios que evidenciarían presuntas injerencias o presiones.
- Pronunciamientos de asociaciones de magistrados.
- Cuestionamientos públicos a la gestión del Consejo de la Judicatura y de su presidente.
- Reportes sobre condiciones de seguridad de jueces anticorrupción.
Además, se anuncia la recepción de diecinueve testimonios, correspondientes a personas que habrían tenido conocimiento directo o institucional de los hechos descritos, entre ellas:
- Exautoridades y vocales del Consejo de la Judicatura.
- Jueces y exjueces, incluidos jueces de la Unidad Anticorrupción.
- Autoridades judiciales en funciones.
- Exfuncionarios de la Asamblea Nacional.
- Abogados y analistas.
- Periodistas e investigadores.
También se solicita que se oficie a distintas entidades del Estado a fin de que remitan documentación oficial y certificada, entre la que constan:
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- Procesos judiciales específicos.
- Resoluciones, actas, audios y videos de sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura.
- Expedientes disciplinarios.
- Información laboral de determinados servidores judiciales.
- Certificaciones societarias emitidas por la Superintendencia de Compañías.
Estos requerimientos tienen por finalidad incorporar información institucional objetiva al expediente del proceso político.
Cronograma
El cronograma establecido para el procesamiento del juicio político en contra de Mario Godoy Naranjo, en calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, determina que actualmente está dentro de la etapa de presentación de pruebas de descargo y presentación de las pruebas que sustenten las afirmaciones de los proponentes del juicio.
Para el cumplimiento de esta etapa existe un plazo de quince días que corre desde el 17 de enero de 2026 hasta el día sábado 31 de enero de 2026.
El siguiente paso es la actuación de las pruebas de cargo y de descargo ante la Comisión de Fiscalización, para lo cual se abrirá un plazo de diez días a partir del 1 de febrero de 2026. Durante esta etapa se recibirán las comparecencias y testimonios de quienes acusan a Mario Godoy. Además se realizará la práctica de prueba.
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Posteriormente a ello, se activará un plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización remita a la presidencia de la Asamblea Nacional el informe que detalle, motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al pleno de la Asamblea el archivo del trámite o el enjuiciamiento político del funcionario acusado. Según el cronograma, este plazo corre desde el miércoles 11 de febrero hasta el domingo 15 de febrero.
Aunque la ley determina que la mesa que procesa el juicio puede pedir una prórroga de cinco días adicionales para presentar el informe recomendando o no el juicio político, en este caso al presidente del Consejo de la Judicatura. De ser así, con el plazo adicional el informe debería ser notificado a la presidencia del Parlamento máximo hasta el día viernes 20 de febrero.
Dependerá del día en que se presente el informe a la presidencia de la Asamblea, para que el documento sea difundido a todos los asambleístas en un plazo de dos días, y luego el presidente, Niels Olsen, tiene hasta cinco días de plazo para incluir el tema en el orden del día del pleno. (I)
