La jueza penal del cantón Azogues Erika Álvarez declaró que la detención de cinco personas tras el ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa, ocurrido en el cantón El Tambo, provincia del Cañar, el 7 de octubre de 2025, fue ilegal y dispuso la liberación de los involucrados.
La magistrada adoptó esta resolución en la audiencia de flagrancia que se desarrolló desde el mediodía de este miércoles, 8 de octubre. En la diligencia se discutió la legalidad de la aprehensión de las cinco personas, se conoció el parte policial de lo ocurrido en la víspera y la fiscal de la Unidot número 8, Martha Villamarín Paredes, solicitó la formulación de cargos contra los cinco sospechosos.
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Los aprehendidos son: María Ana Ch. Q., Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G., a quienes la Fiscalía señaló por el delito de ataque o resistencia, establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en relación al delito de daño a bien ajeno, establecido en el artículo 204, numeral 1. Aunque, tras las agresiones del 7 de octubre, al presentar la denuncia en la FGE, la ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, pidió que sean procesadas por el delito de “tentativa de asesinato al presidente de la República” y por terrorismo.
En la audiencia, que duró más de cinco horas, se escucharon los argumentos y el pedido de la fiscal del caso, así como los alegatos de los abogados de los aprehendidos, quienes, de manera unánime, reclamaron que las aprehensiones fueron ilegales, arbitrarias e inconstitucionales.
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En este sentido, tras escuchar a las partes, la jueza Álvarez determinó que la misma Fiscalía estableció que las aprehensiones de las cinco personas no fueron regulares, aunque la FGE haya presumido el cometimiento de los delitos, con indicios como las huellas de los ataques a los vehículos de la caravana presidencial.
Así, la jueza concluyó que la detención de las cinco personas fue ilegal, lo que generó la reacción de las defensas de los cinco involucrados, quienes resaltaron que la audiencia no puede continuar y solicitaron su inmediata liberación.
Por su parte, la fiscal Martha Villamarín cuestionó la resolución de la jueza y no procedió con la formulación de cargos en contra de los cinco aprehendidos, pues argumentó que si lo hace estaría incurriendo en un vicio procedimental.
“La Fiscalía deja sentado en esta audiencia lo acontecido y la dirección hecha por usted. Dejo sentado que esta decisión suya ha impedido activar el órgano jurisdiccional, sin embargo, la Fiscalía continuará con una investigación previa para que este caso no quede en la impunidad”, dijo la fiscal.
Al no formularse cargos, la jueza penal de Azogues dispuso la inmediata excarcelación de las cinco personas, de las cuales cuatro hombres se encontraban en la Cárcel de Azogues n.º 2 y una mujer permanecía en la cárcel de mujeres de Cuenca, quienes recobrarán su libertad en las próximas horas. (I)