Pese a que cerca de 45 minutos se tardó en tomar lista y realizar los preparativos para reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por los asesinatos de un policía y dos militares ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), la jueza de Pichincha Luz María Ortiz resolvió declarar fallida la diligencia.

La declaratoria llegó debido a que uno de los abogados de los procesados, al estar fuera del país, no compareció físicamente y pedía que se le permitiera asistir por vía telemática. Al no estar presente, según abogados de los procesados que estuvieron en la sala de audiencias, la jueza optó por declarar fallida la diligencia y convocar a los sujetos procesales para la reinstalación el sábado 28 de mayo próximo.

En la cuarta ocasión se instala audiencia preparatoria de juicio por la muerte de dos militares y un policía durante el 30-S

Esta audiencia fue suspendida el 1 de septiembre de 2021, luego de que se instaló la etapa preparatoria de juicio por el delito de asesinato ocurrido contra el policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez. La jueza de Pichincha suspendió en septiembre la diligencia para analizar los vicios de nulidad expuestos por las defensas de los nueve militares activos y pasivos investigados.

Las muertes de Jiménez, un policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), y de Panchi y Cortez, un soldado y un cabo del Ejército, respectivamente, se dieron en los alrededores del hospital de la Policía. En esa zona del norte de Quito se produjeron actos violentos dentro de la revuelta denominada 30-S, en la que al final de la jornada se produjo el rescate del entonces presidente Rafael Correa, quien estaba siendo atendido en ese hospital.

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Según la Fiscalía, el delito investigado se dio bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos.

Se cierra instrucción fiscal en el caso de la muerte de Froilán Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortez en el 30S

Por las tres muertes, la Fiscalía investiga a los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera, y a los militares activos Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe. Este caso se inició por el delito de homicidio, pero la Fiscalía reformuló cargos para analizar un asesinato bajo la modalidad de ejecución.

Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, sostiene que la paciencia ha existido, pero lo que no existe es confianza en el aparato judicial: “Estamos esperando que, como exige la norma, como determinan los tratados internacionales, que tenemos que agotar todas las instancias internas para poder solicitar el auxilio inmediato de los organismos internacionales, para que sean ellos quienes dispongan al Estado ecuatoriano que se dé una respuesta a las víctimas que están luchando por ya doce años, clamando justicia al Gobierno ecuatoriano”.

El abogado Romero cree que la audiencia debió instalarse, pues no existía un motivo para que se declarara fallida la diligencia.

En la audiencia de este viernes se debía conocer la decisión adoptada por la jueza Ortiz sobre si el proceso penal avanzaba a la etapa preparatoria de juicio o, al definirse vulneraciones y nulidades, la causa se retrotraía a la fase en la que se ubica la nulidad, la cual fue planteada por una de las defensas de los acusados. (I)