Un año después de que Raúl Arnoldo Zambrano fue vinculado al caso Triple A y se le dispuso que debía presentarse semanalmente ante la sede diplomática de Ecuador en Nueva York, Estados Unidos, del empresario relacionado con la comercialización de combustibles no existe constancia del cumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica definida por el juez anticorrupción Renán Andrade.
De esta novedad se conoció en una providencia del juez Andrade del 26 de marzo pasado que hace parte del expediente del caso Triple A, proceso penal en el que se ha llamado juicio a 16 personas naturales, entre las que está Zambrano y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis personas jurídicas (empresas) acusadas del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
El magistrado respondió así al requerimiento de la fiscal de Triple A Ruth Amoroso, quien solicitó a la brevedad posible se remita las constancias de las presentaciones físicas de Raúl Arnoldo Zambrano Orellana, así como una certificación en la que conste si el mencionado ciudadano ha dado cumplimiento a la medida cautelar impuesta en audiencia.
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“Revisado el correo electrónico institucional (...), se observa que no han sido remitidas las actas de presentaciones periódicas de Raúl Zambrano, provenientes de la sede diplomática ecuatoriana en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Por tanto, no existe constancia respecto al cumplimiento de las presentaciones periódicas del señor Raúl Zambrano Orellana ante el consulado de Ecuador en Nueva York”, respondió el juez Andrade en su providencia.
En la providencia se dejó constancia además que desde la secretaría de la sala, el 20 de marzo de 2026, se solicitó mediante correo electrónico a Consulado de Ecuador en Nueva York se emita una certificación respecto al cumplimiento de las presentaciones periódicas de Zambrano Orellana, información que habría sido requerida a los correos electrónicos que constan en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que hasta este momento exista contestación al respecto.
Andrade dispuso que se agregue al proceso la referida razón y se ponga en conocimiento de las partes procesales la información para la adopción de las decisiones que sean pertinentes.
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La fiscal Amoroso en su pedido recordó que en el caso que el procesado incumpla con la presentación dispuesta en el Consulado de Ecuador en Nueva York, Estados Unidos, de forma inmediata se pondrá en conocimiento de la secretaría de la judicatura encargada del caso Triple A.
Formalmente Triple A existe desde el 23 de julio de 2024, cuando la Fiscalía realizó de forma simultánea siete allanamientos en zonas de Guayaquil y Milagro, en la provincia del Guayas. El 14 de diciembre de 2024, se instale la audiencia de formulación de cargos contra cinco personas y cinco empresas y el 16 de diciembre siguiente se ordenó el inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra Fernando Viteri, José Cevallos, Lady Cedeño, Jessenia Vélez y Carolina Troya y las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A.
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Ya casi al final de los tres meses dispuestos para etapa de instrucción fiscal y luego de obtener información de la supuesta participación de otras personas en hechos investigados en Triple A, la Fiscalía, el 21 de febrero de 2025, pidió inicialmente se vincule a Aquiles Alvarez y nueve personas más, pero luego se anexó a otra persona natural y otra persona jurídica.
En total once personas y una empresa fueron vinculadas en marzo de 2025: Aquiles Alvarez, Raúl Arnoldo Zambrano, los empresarios relacionados con la comercialización de combustibles Juan Dionisio Araujo, Fausto Vinicio Vaca y Édgar Moisés Flores; la ingeniera comercial Rosa Marbella Ortiz y Édgar Edmundo Campoverde; los contadores Juan Carlos Arias, Gloria María Salazar, María Elisa Criollo y Olga Cecilia Ortega. También quedó vinculada como persona jurídica la empresa Harsajudi S. A.
El pedido de vinculación fue hecho el mismo día que la Fiscalía realizó de forma simultánea varios allanamientos en estaciones de combustible de El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), y Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).
Desde el 8 de marzo pasado en el caso Triple A está ebierta la etapa de juzgamiento contra 22 personas acusadas de la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos. El 30 de mayo próximo la fiscal Ruth Amoroso continuará tomando el testimonio de Germán Guayamave, técnico de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), quien es el primer testigo de la Fiscalía convocado para fundamentar su teoría.
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De definirse un incumplimiento de la medida cautelar dispuesta es potestad de la Fiscalía el solicitar al juez a cargo de la causa una audiencia para revisar la presentación periódica de Zambrano. En este tipo de casos, por lo general, la Fiscalía suele solicitar, ante el incumplimiento, se ordene prisión preventiva para el procesado. (I)