Jueces y fiscales completan más del 63 % de los 93 funcionarios judiciales destituidos en once meses

En los últimos once meses, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) ha destituido a 93 servidores judiciales en un intento por recuperar la confianza ciudadana y proteger la independencia e integridad del sistema judicial. Jueces, fiscales, asistentes administrativos, ayudantes judiciales, citadores, coordinadores y directores provinciales, gestores de archivo, secretarios, técnicos de ventanilla y peritos de Fiscalía han sido sancionados entre el 16 de julio de 2024 y el 19 de junio pasado.“Vivimos un momento crítico para la justicia del país. La confianza ciudadana se ha visto afectada por actos inaceptables dentro del sistema judicial. El crimen organizado ha logrado infiltrarse en áreas sensibles del Estado, incluida la justicia”, reconocía hace pocos días el presidente del CJ, Mario Godoy, mientras informaba de la destitución y sanción a varios jueces y funcionarios que actuaron al margen de la ley, entre ellos dos servidores judiciales de la provincia de Azuay que habrían concedido beneficios penitenciarios irregulares. El titular de la Judicatura ha explicado que lo que enfrentan no es sencillo, pues han heredado un sistema marcado por años de abandono, corrupción estructural y redes de complicidad enquistadas en la justicia. El 18 de junio último existió una reunión con directores provinciales del CJ, la cual tenía como objetivo consolidar una gestión judicial transparente, eficiente y alineada con las demandas ciudadanas.En esa cita se indicó desde el Consejo de la Judicatura que se habrían establecido directrices para combatir la corrupción y recuperar la confianza en la Función Judicial.Según información del CJ, en estos últimos once meses el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial ha destituido a 93 servidores judiciales. En su mayoría han sido jueces (48) los sancionados con destitución, y les siguen los fiscales, con once funcionarios separados definitivamente del sistema de justicia. La destitución en solo estos dos cargos completa el 63,4 % del total existente.De la lista de destituidos también son parte diez secretarios, seis ayudantes judiciales, cinco directores provinciales, tres técnicos de ventanilla, tres asistentes administrativos, dos analistas, dos gestores de archivo y un citador, un coordinador provincial y un perito de Fiscalía.Veintisiete de los jueces han sido destituidos por incurrir en la falta grave de error inexcusable, aunque también se registran siete casos por solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, seis por la falta grave de manifiesta negligencia y cinco casos por abandonar el lugar de trabajo. En el caso de los fiscales, en siete casos fueron destituidos por manifiesta negligencia, dos por error inexcusable y un caso por dolo y otro por solicitar o recibir préstamos o favores.En general, los servidores judiciales destituidos entre julio de 2024 y los 19 días de este mes de junio de 2025 habrían cometido la falta grave de error inexcusable (29 casos), el abandono del trabajo (17 casos) y manifiesta negligencia (14 casos). Guayas es la provincia con mayor cantidad de funcionarios judiciales destituidos, 16 en total. Le siguen las provincias de Los Ríos, con doce; El Oro, con once; y Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, con ocho casos de destitución cada una. Entre las provincias en que más jueces fueron destituidos están Los Ríos y Guayas, con ocho casos cada una, y les siguen El Oro y Santo Domingo, con siete funcionarios separados cada una. Respecto a fiscales sancionados con destitución, la provincia de Bolívar es la que más servidores de este tipo registra como separados del sistema de justicia: tres en total. En las provincias de El Oro, Santa Elena, Los Ríos, Pichincha, Zamora Chinchipe, Galápagos, Chimborazo y Orellana se registró un solo caso de un fiscal destituido. La mañana de este lunes, 23 de junio, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, se juntó con el presidente Godoy para dialogar con los presidentes de las cortes provinciales de justicia del Ecuador. La idea de la reunión sería conocer la situación actual de cada una de las jurisdicciones judiciales, las limitaciones que estas tienen y los desafíos que enfrenta la Función Judicial en el nivel territorial. La semana pasada, la Corte Nacional, en atención al debate público con respecto a las actuaciones de algunos jueces, reafirmó su compromiso con el respeto irrestricto a las competencias que la Constitución y la ley asigna a cada una de las instituciones que conforman el Estado.“Como máximo órgano de administración de justicia ordinaria, reiteramos que la colaboración armónica entre las funciones es esencial para la estabilidad democrática y la vigencia del Estado de derecho. Sin embargo, el principio de colaboración no puede ni debe traducirse en permisividad frente a la distorsión de los hechos. El límite irrenunciable frente a todo ejercicio de poder público está constituido, dentro del ordenamiento jurídico, por el respeto y las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pilares fundamentales que resguardan la dignidad de las personas y la legitimidad institucional”, se anotó en un comunicado público.La CNJ reconoce que en la actualidad el sistema de justicia enfrenta importantes desafíos con aspectos que requieren ser revisados y fortalecidos, pero se aclara que los procesos de mejora deben darse en el marco del irrestricto respeto a la independencia judicial y autonomía de las funciones del Estado, principios consagrados, se afirma, en el ordenamiento jurídico. “La utilización o la difusión de información imprecisa o distorsionada para deslegitimar a los operadores de justicia no solo vulnera los derechos individuales, sino que además socava las bases más elementales del Estado de derecho y amenaza la estabilidad institucional”, se explicó. Hace pocas semanas, desde el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se anunció que se ejecutará el análisis del origen patrimonial y licitud de origen de fondos de todos aquellos jueces, fiscales y su entorno que otorgan medidas procesales sustitutivas o la libertad contra asesinos, secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, criminales y sus acólitos.La decisión llega tras críticas de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior a jueces que han otorgado medidas sustitutivas a personas implicadas en casos graves. (I)

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