El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), con el voto unánime de sus integrantes, decidió la mañana de este viernes, 12 de diciembre, ratificar la sanción de 30 días de suspensión sin goce de remuneración contra Daniela Ayala, jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, al definirla como responsable de las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en los artículos 107, numeral 4, y 108, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
La resolución llega a tres meses de que Ayala fue suspendida sin sueldo por el anterior pleno del CJ, ante una denuncia presentada por el fiscal general subrogante en ese entonces, Wilson Toainga.
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A la servidora judicial sumariada se le imputaba que la audiencia de formulación de cargos en el proceso que investiga a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, dentro del caso Magnicidio FV, del 3 de septiembre pasado, habría emitido comentarios que se alejan totalmente de su rol como jueza, acusando que la fiscal del caso, Ana Hidalgo, no tiene la capacidad de actuar objetivamente en la causa y, por tanto, debe retirarse del conocimiento del caso.
Además, según el denunciante, la entonces jueza emitió comentarios personales al indicar que la Fiscalía General del Estado no debe ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno, induciendo sin fundamento alguno a que el trabajo que ha realizado la Fiscalía no se ajusta a un criterio técnico sino a temas políticos.
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“Las expresiones manifestadas en un momento en el que la fiscal fundamentaba una medida cautelar exceden la función de la jueza de dirección y vigilancia procesal y se convierten en una reprimenda personal dirigida a cuestionar la idoneidad profesional de la fiscal. Además, dichas expresiones, en su forma más evidente, constituyen inicialmente una agresión de palabra, pues se traducen en un trato verbal impropio hacia otra servidora de la Función Judicial. No se limitan a un correctivo procesal, sino que cuestionan su capacidad profesional, su idoneidad y su aptitud para ejercer el cargo dentro de la audiencia”, señala el informe aprobado por el voto de los cuatro vocales de la Judicatura y el presidente Mario Godoy.
El análisis hecho para proponer la suspensión de 30 días sin sueldo incluyó la referencia de que la conducta de la jueza sumariada no se limitó a una agresión verbal, en los términos tradicionales de la doctrina, puesto que, a medida que la diligencia avanzó, la intensidad y orientación de sus comentarios adquirieron un matiz que afectó no solo a la fiscal Hidalgo en lo personal, sino también a la institución que representa.
Así, se recordó, la jueza señaló textualmente: “No estamos en una tertulia ni hablando con nuestros primos o tíos para priorizar sobre lo que pasó. La Fiscalía no puede realizar alegaciones basadas en supuestos y conjeturas. Luego añadió una expresión de mayor gravedad institucional manifestando que la Fiscalía no es un brazo ejecutor del político de turno, su obligación es actuar responsablemente y garantizar el derecho a la verdad”.
Para el análisis realizado, esta frase introduce un elemento que trasciende el plano estrictamente verbal, ya que coloca a la fiscal como una funcionaria que estaría actuando como una motivación política, imputación que no solo descalifica su intervención en audiencia, sino que proyecta una duda sobre la institución a la que pertenece.
“Bajo este contexto, ya no se trata únicamente de palabras, una afirmación que tenía la potencialidad de desestabilizar la intervención fiscal y socavar públicamente su legitimidad técnica, especialmente en una audiencia de alto interés público”, indicó en la lectura de la resolución hecha por Christian Berrezueta, representante de la subdirección Nacional de Control Disciplinario del CJ.
Con el voto de los vocales Magally Ruiz, Fabián Fabara, Damián Larco y Alfredo Cuadros y del presidente se ratificó la negativa al recurso de apelación interpuesto por la jueza Ayala, así como se ratificó la resolución sancionatoria expedida el 8 de diciembre pasado por Jorge Mauricio Maruri, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneraciones por el plazo de 30 días.
Con la nueva suspensión, Ayala no podrá aún retomar el conocimiento del caso Magnicidio FV, en el que actualmente se procesa al exministro del correísmo José Serrano; al llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; al exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y al condenado a penas de cárcel que superan los 34 años por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo; y se espera que el 26 de diciembre próximo se vincule a los cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo; a su hijastro Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor; y a Luis Arboleda, alias Gordo Luis.
Esta diligencia de vinculación no se concretó este viernes, 12 de diciembre, debido a que Luis Arboleda decidió no aceptar que se le coloque un defensor público y pidió ser representado por un abogado particular de su confianza.
Luego de la fallida audiencia de vinculación, Patricio Rosero, abogado de Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del presidenciable asesinado el 9 de agosto de 2023 y acusadoras particulares en la causa, expresó no solo su preocupación sobre un posible retorno de la jueza Ayala al caso Magnicidio, sino también por una serie de “casualidades” que se estarían dando en estos últimos días de la etapa de instrucción fiscal.
Por ejemplo, recordó, una funcionaria del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ha intentado ser parte procesal del caso pretendiendo intervenir en las versiones tomadas por la Fiscalía e incluso habría querido estar en la audiencia de vinculación que fue declarada fallida. Adelantó que presentarán la queja respectiva contra la funcionaria del SNAI Karol Jiménez.
Rosero indicó que si la jueza Ayala retoma la causa, ellos, como acusadores particulares, no descartan recusarla. Ayala mantiene aún pendiente por resolver una solicitud de declaratoria jurisdiccional previa por la denuncia formal interpuesta contra ella por el ministro del Interior, John Reimberg, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales dentro del caso Magnicidio FV.
Con la salida de Ayala, la jueza Luz María Ortiz asumió la causa desde el 15 de septiembre pasado y, más adelante, fue quien cambió la medida de presentación periódica que ordenó su antecesora contra Jordán y Serrano, quienes viven en Miami, Estados Unidos. En su lugar les impuso una orden de prisión preventiva, medida que fue apelada y está pendiente una audiencia para conocer y resolver sobre ese recurso. (I)