En medio de la actual situación de inseguridad y violencia que vive el país, garantizar la seguridad de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República no solo es una prioridad para el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a través de su Subdirección Operativa de Seguridad y Protección, instancia que orgánicamente pertenece a la Dirección General de Inteligencia (DGI).
El 28 de junio pasado, las cabezas de estas tres entidades suscribieron un convenio interinstitucional para, entre otros aspectos, otorgar acompañamiento de miembros policiales a los candidatos a presidente y vicepresidente de la República que participarán en las elecciones nacionales anticipadas de octubre de 2023. Dentro de ese marco, el 3 de julio último finalizó la capacitación de los uniformados que serán destinados a la protección de estos dignatarios que ostentan la calidad de candidatos.
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Actualmente hay siete binomios inscritos y calificados por la autoridad electoral. De estos al menos tres, el encabezado por Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional; el liderado por Otto Sonnenholzner, de la alianza Actuemos, y el que encabeza Jan Topic, de la alianza Por un país sin miedo, han anunciado su decisión de no aceptar la seguridad planteada desde el Estado.
Se entendería que los binomios presidenciales de Fernando Villavicencio, Yaku Pérez, Bolívar Armijos y Luisa González han aceptado el resguardo policial durante estos meses de campaña. Aún no se conoce cuál será la posición de Xavier Hervas, pues su postulación aún no ha sido aceptada por el CNE y está a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva un recurso subjetivo interpuesto contra su precandidatura a la presidencia.
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Una fuente policial consultada explica que la protección que se entrega desde la Policía no puede ser impuesta, sino más bien parte de la aceptación del beneficiario de la cápsula de seguridad.
Noboa ha dicho que para el acompañamiento en sus actividades de proselitismo político mantendrá el uso de su personal de seguridad privado, mientras que Sonnenholzner y Topic, luego de agradecer la buena intención, aseguraron que en estos momentos la gente necesita mucho más a la Policía que su campaña.
Para cada uno de estos casos se documentarán las razones por las que no se ha requerido, aceptado o necesitado la seguridad policial y que, ante ello, se dejan sin efecto todas las actividades que puedan considerarse para su seguridad. De esta forma, anota la fuente, queda de lado cualquier tipo de responsabilidad que se tenga como Estado y Policía Nacional ante algo que pudiera presentarse a futuro en el tema de seguridad.
Dentro del Acuerdo Ministerial 055, de noviembre de 2018, en el que se expide el Reglamento que Norma las Actividades de Protección Pública que Desempeña la Policía Nacional, se estableció que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República deben estar catalogados y considerados como personas a las que se les tiene que brindar seguridad.
Según el artículo 3 de ese reglamento, su objetivo es normar los parámetros y procedimientos para la aplicación o ejecución de las acciones de protección en cuanto al levantamiento y definición de los niveles de riesgo que enfrentan las autoridades e instalaciones físicas de las funciones del Estado, cuerpo diplomático acreditado en el país y organismos internacionales que mantengan sedes y representaciones en Ecuador, y las actividades operativas para prevenir y neutralizar las posibles amenazas.
Para los candidatos que hayan decidido acoger la propuesta de seguridad policial dentro de estos casi dos meses de recorridos electorales, una entrevista de análisis de riesgo con el candidato definirá cuál es el perfil de riesgo que mantiene el aspirante.
La entrevista identificaría tres ítems: datos generales, datos laborales y un tercero que es de seguridad. En este último se realizaría un levantamiento de información referente al histórico que haya tenido el candidato o la candidata, por ejemplo, respecto a problemas personales, laborales, políticos, sociales o de cualquier otro tipo.
Finalmente la entrevista culminaría con una encuesta de seguridad, sobre cuáles son las actividades propias que cumple la persona protegida en su día a día. “Esta información es corroborada por los entes de inteligencia a la cual pertenece la Dirección de Seguridad y Protección. Así se puede establecer un perfil no tan subjetivo, sino más objetivo, con la finalidad de definir un dispositivo de seguridad acorde a la necesidad de ese candidato”, sostuvo el experto consultado.
El acuerdo ministerial mantiene un numérico establecido de acuerdo con el nivel de riesgo (amenazas y vulnerabilidades de las personas sujetas a protección), según el porcentual que se establezca dentro del análisis. Dentro del reglamento existen cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. Para cada uno de estos niveles se ha establecido el número de servidores policiales que le corresponde al funcionario público o al candidato al que se le dará protección.
Para clasificar a una persona con un nivel de riesgo bajo debe tener porcentajes de riesgo que vayan del 1 % al 30 %; para el nivel medio porcentajes entre el 31 % y el 60 %; en lo referente al nivel alto porcentajes que estén entre el 61 % y el 90 %; y finalmente para el nivel de riesgo muy alto porcentajes que están entre el 91 % y el 100 %. Para ubicar en cada uno de estos casos a los beneficiarios de la cápsula de seguridad, no solo se hace vital la entrevista, sino también los informes que constantemente estén levantando quienes integran el equipo de seguridad designado.
Diario EL UNIVERSO intentó tener información oficial respecto a la seguridad que se brindará a los binomios presidenciales que participarán en las elecciones anticipadas, pero desde la Policía Nacional se nos respondió que no se considera viable difundir información correspondiente a su accionar operativo, lo cual generaría un riesgo a sus operaciones policiales, así como a los resultados que se pretende obtener de estos.
“Se debe dejar en constancia pública que como institución policial estamos trabajando dentro del ámbito de nuestras competencias institucionales en lo que respecta a la seguridad ciudadana requerida para los candidatos presidenciales, mas, sin embargo, no es posible facilitar documentación o información que atañe al despliegue operativo policial”, se anotó en la respuesta a este Diario.
El análisis de riesgo personal, se define en el reglamento, como el estudio técnico de carácter reservado, con levantamiento de información sobre las causas de las posibles amenazas, condiciones de vulnerabilidades existentes y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que estas puedan producir. El análisis se efectúa con la finalidad de determinar los niveles de riesgo.
Para cada uno de estos niveles de riesgo establecidos, el reglamento también define el numérico del personal policial que brindará seguridad y protección. Por ejemplo, dentro del nivel muy alto se prevé que se podría contar con entre nueve y trece uniformados repartidos en el dispositivo de seguridad y seguridad en el domicilio. El nivel alto hasta cuatro uniformados, el medio tres uniformados y el bajo hasta dos policías. En todos los casos es permanente un patrullaje preventivo a cargo de las unidades policiales en donde se ubique el domicilio de la persona protegida.
La fuente policial consultada sostiene que estos niveles de riesgo son cambiantes, pues, dice, en este caso un candidato puede iniciar su esquema de seguridad bajo un nivel medio, pero en la medida que los informes revelen o no riesgos o amenazas, ese nivel puede subir o bajar. De lo inicialmente observado por las agencias policiales los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia partirían tentativamente de una media de riesgo entre medio y alto.
Un caso distinto sería el relacionado con el candidato Fernando Villavicencio, quien ya venía con una cápsula de seguridad relacionada a amenazas que recibió siendo asambleísta. Como legislador hizo varias denuncias sobre actos de corrupción y otros relacionadas con grupos del crimen organizado que tenían que ver con el narcotráfico y su infiltración en la política ecuatoriana. En ese caso se estarían cruzando datos para optimizar los recursos y definir una sola cápsula de seguridad.
La Subdirección Nacional de Seguridad y Protección sería la instancia que abarca a nivel república la protección y seguridad de todo el gabinete ministerial, de todos los poderes del Estado, de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y estaría integrada por funcionarios policiales que pertenecieron a las unidades especializadas Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y otros que se han formado en esta misma unidad y tienen la capacitación específica en seguridad y protección.
La seguridad iría dirigida directamente al candidato presidencial y vicepresidencial, mas, no a su entorno familiar. Aunque se aclara que el patrullaje preventivo se mantiene en los domicilios donde cada uno de ellos vive con sus familias. (I)