Informe para primer debate del proyecto urgente sobre eficiencia en los GAD se aprueba en la Comisión de Desarrollo Económico

Con seis votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley que busca reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que se tramita con carácter económico urgente. La mesa legislativa, de mayoría oficialista, sesionó la tarde de este jueves, 12 de febrero de 2026, para conocer el documento que pasará al pleno del Parlamento. En la reunión se presentaron observaciones que fueron incorporadas en el texto final. El proyecto de ley tiene siete artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final.La propuesta enviada por el Ejecutivo plantea incorporar “reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias”.El texto sugiere que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos; y el 30% para gasto corriente. El asambleísta Alejandro Lara (ADN) repasó que entre las consideraciones que recogió la comisión en esta jornada está una regla de asignación mínima prioritaria para garantizar que las transferencias del Presupuesto General del Estado se destinen de manera efectiva a la inversión pública. Asimismo, dijo que se incorporan parámetros técnicos para determinar el gasto computable, los mecanismos de control en todas las fases del ciclo presupuestario y las obligaciones de transparencia y seguimiento institucional.Además, implementa mecanismos de seguimiento a los GAD para ordenar la gestión presupuestaria territorial, garantizando su autonomía financiera. “La norma mejora la calidad del gasto público, sin alterar el régimen de competencias ni vulnerar la autonomía constitucional de los GAD”, destacó el legislador. El informe para primer debate también excluye a las juntas parroquiales rurales del alcance de las reformas al Cootad, enfocándose en municipios y prefecturas, instancias que reciben la mayor proporción de las transferencias del Estado. De acuerdo con el texto, para el cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria se ejecutará a partir de los siguientes criterios:Los legisladores del correísmo Diego Salas, Mabel Méndez y Mónica Alemán criticaron el carácter económico urgente de este proyecto de ley al cual lo calificaron como ‘ inconstitucional ’, pues alertaron que condiciona a los gobiernos autónomos descentralizados. Alemán repasó que al menos 17 prefecturas rechazaron la propuesta tras considerar que es inaplicable y que adolece de vicios de inconstitucionalidad . Además, observó que esta ley perjudicaría a los proyectos de inversión en los GAD, pues se necesita de financiamiento para mantener programas sociales. “Debemos ser claros: esta ley no castiga a las autoridades. Al restringir los beneficios en los proyectos de inversión, se perjudica directamente a la ciudadanía. Las autoridades son transitorias, pero las leyes deben construirse con responsabilidad para el futuro, no solo para el gobierno de turno”, enfatizó la asambleísta. Con estos argumentos, la legisladora de la Revolución Ciudadana, quien no es parte de la comisión, sugirió el archivo del proyecto de ley urgente. El documento para primer debate contó con los votos de los legisladores de ADN Carlos Dávila, Diego Franco, Alejandro Lara, Mishel Mancheno, Álex Morán, Steven Ordóñez y Sergio Peña, aliado del oficialismo. En tanto que los correístas Diego Salas y Mabel Méndez votaron en contra. David Arias, asambleísta expulsado de la RC, votó en abstención. En horas de la mañana, antes de la aprobación del informe en la Comisión de Desarrollo Económico, ciudadanos encabezados por autoridades locales de la RC como Pabel Muñoz, alcalde de Quito, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, acompañados de asambleístas como Juan Andrés González (suspendido) y Ricardo Patiño, se movilizaron en los alrededores de la Asamblea Nacional para rechazar la iniciativa. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, deberá convocar a una sesión del pleno para el primer debate de este proyecto de ley. (I)

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