Amanda y Tamia Villavicencio, como acusadoras particulares en el caso Magnicidio FV, en el que se investiga el asesinato de su padre, el político Fernando Villavicencio, presentaron una demanda de recusación contra la jueza provincial de Pichincha Anacélida Burbano Játiva, reemplazante temporal del también magistrado provincial Wilson Lema Lema en el Tribunal de Apelación.
La recusación se plantea debido a que las demandantes creen que Burbano Játiva no actuará con imparcialidad dentro del proceso debido a que ella fue parte del gobierno del presidente Rafael Correa. Esa situación le generaría a las víctimas dudas razonables sobre la imparcialidad de la magistrada.
“La doctora Burbano Játiva integra la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, pero esto fue luego de haber sido trasladada desde la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Este cambio funcional en aquel momento se produjo bajo la sospecha social que fuera por ciertos procesos penales de especial relevancia, que involucraban a actores políticos y exfuncionarios de alto nivel, lo que ha generado cuestionamientos públicos sobre la forma, oportunidad y motivaciones de dicho traslado. Ello impacta en la apariencia de independencia que debe observar todo órgano jurisdiccional penal frente a la ciudadanía y, en particular, frente a las víctimas”, explica la demanda de recusación.
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Han pasado dos años.
— Amandita Villavicencio Sandoval (@agentedelcaos33) October 19, 2025
Dos años esperando verdad y responsabilidad.
Entre atropellos, silencio e impunidad, seguimos de pie.
Ahora intentan torcer el proceso, manipular las competencias, ganar tiempo.
Pero no podrán detener la verdad.
No vamos a permitir que la impunidad se… pic.twitter.com/RuIlfMkYQE
Anacélida Burbano Játiva reemplaza al juez provincial Wilson Lema Lema, quien pidió permiso médico por doce días.
La parte demandante adjuntó un organigrama de la Cancillería de 2012, en el que aparece Ricardo Patiño como ministro de Relaciones Exteriores y a Anacélida Burbano como secretaria general. También se señala que el esposo de la jueza fue vicecónsul de Ecuador en Venezuela durante el correísmo y que Burbano como jueza falló a favor de Correa y el secretario jurídico de la época, Alexis Mera, en un proceso contra diario La Hora, el cual más adelante fue observado por la Corte Constitucional (CC) por vulnerar el derecho a la libertad de expresión.
Por pedido de Xavier Jordán, uno de los cuatro procesados en el caso Magnicidio FV como autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, la audiencia en la que el Tribunal de Apelación estaba conformado por los jueces provinciales Patricio Vaca (ponente), Diana Fernández León y Anacélida Burbano Játiva fue diferida y por el momento no existe una fecha tentativa para la realización.
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En la audiencia de apelación no solo se iba a conocer la apelación a la prisión preventiva dispuesta contra Jordán, sino también la apelación contra las medidas de prisión preventiva ordenadas contra el exministro del Interior del correísmo José Serrano y el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga, quienes son parte de la lista de presuntos autores intelectuales del crimen de Villavicencio, el cual ocurrió el 9 de agosto de 2023.
La lista de procesados en esta causa se completa con Daniel Salcedo, quien se encuentra recluido en la Cárcel 4, de Quito, cumpliendo más de 34 años de penas por actos de corrupción en el área pública de salud y el sistema de justicia.
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Las demandantes piensan que debe tomarse en cuenta que en la actualidad Rafael Correa ostenta la calidad de presidente vitalicio del movimiento político RC, constituyéndose, dicen, en la figura representativa de la organización política a la que se vincula públicamente a varios de los procesados en el juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Entre ellos, recuerdan, están José Serrano y Ronny Aleaga, identificados como actores relevantes dentro de esa misma estructura política.
“Pero no solo eso, el referido expresidente ha expresado de manera directa su respaldo público al procesado Xavier Jordán, lo que refuerza la centralidad de su liderazgo en el entramado político que rodea este caso. En un contexto de esta naturaleza, en el que confluyen procesados vinculados a una misma figura política de alta exposición pública y capacidad de influencia, el estándar de imparcialidad objetiva debe ser particularmente estricto y ningún juez que mantenga vínculos de cercanía, colaboración, dependencia o afinidad, actuales o pretéritos, con dicha figura política puede generar en las víctimas y en la sociedad una confianza razonable en la neutralidad del órgano jurisdiccional”, sostiene la defensa de Tamia y Amanda Villavicencio.
Las demandantes creen que la recusación planteada en contra de la jueza Burbano Játiva no responde a un mero desacuerdo subjetivo de las víctimas, sino a la verificación de circunstancias objetivas que, confrontadas con la normativa constitucional y legal vigente, tornan incompatible su permanencia en el conocimiento de la apelación de la prisión preventiva de los procesados Jordán, Serrano y Aleaga. Ante ello, piden que se acepte la recusación y se separe de la causa a la magistrada.
La jueza Patlova Guerra fue recusada y quedó fuera del Tribunal de Apelación
Esta es la segunda recusación que plantean Amanda y Tamia Villavicencio contra una jueza que integra el Tribunal de Apelación. El 30 de octubre pasado, los jueces Patricio Vaca y Wilson Lema aceptaron la demanda de recusación planteada contra la jueza Patlova Guerra, quedando separada de la Sala de Apelación.
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La recusación propuesta se basaba en que Guerra había fallado en 2019 en una causa penal por el delito de rebelión relacionada con la prefecta de Pichincha Paola Pabón, lo que le valió un reconocimiento público del líder del correísmo, Rafael Correa. Según Patricio Rosero, abogado de las víctimas, Correa y el movimiento de la RC, del que es parte Pabón, han sido mencionados por versiones y testimonios receptados en la instrucción fiscal que investiga el crimen al estilo sicariato.
Además, Rosero dijo que la funcionaria judicial recusada trabajó en un ministerio durante el Gobierno correísta. Ambas situaciones, explicó, generan un conflicto de intereses en la jueza Patlova Guerra y no garantizarían que la magistrada tenga un actuar independiente e imparcial en la apelación que estaba en sus manos.
#URGENTE | Respecto a la resolución de la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de #Pichincha, Patlova Guerra, de sustituir la prisión preventiva a Paola P., Virgilio H. y otros, #FiscalíaEc informa ⬇️ pic.twitter.com/p3S6hIQ9yR
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 25, 2019
En el análisis hecho para aceptar la recusación, el juez ponente refirió que la parte acusadora ha demostrado de manera fehaciente que la jueza Patlova Guerra fue funcionaria del Ministerio de Justicia, habiendo trabajado bajo la dirección de la exministra Ledy Zúñiga. Por otro lado, dijo, la defensa de las víctimas justificó que en el caso de la prefecta Paola Pabón y Virginio Hernández, luego emitir su pronunciamiento, la jueza Guerra fue reconocida por el expresidente Rafael Correa, ha elogiado su actuación y habría manifestado que él va estar pendiente de que la jueza, por esa decisión jurisdiccional, no sea destituida.
“Situaciones que definitivamente dan la razón en este caso a la parte actora, en el sentido de que la imparcialidad de dicha juzgadora en el caso principal (...) se encontraría viciada, ya que la imparcialidad de la referida jueza se encontraría afectada. (...) Decimos que se configurarán estas causales porque se ha demostrado que en este caso la doctora intervino en causas en las cuales estuvieron vinculados miembros de la RC y realmente ese actuar podría ocasionar la falta de imparcialidad de dicha juzgadora. Realmente se configura también, por cuanto en este caso, la doctora Patlova Guerra trabajó directamente para el gobierno de Rafael Correa en cargos altos, y eso, pues, incidió para que la referida jueza en este caso emita sus pronunciamientos como ha quedado evidenciado en la forma que lo hizo”, concluyó el juez Vaca en su fundamentación. (I)
