En tres días de comparecencias y entrega de evidencia documental se concluyó que existen las pruebas suficientes para determinar que el pedido de juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, terminará en destitución y censura por incumplir tareas de control de las operaciones bursátiles irregulares que causaron un perjuicio millonario a empresas públicas, entre ellas Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).