Greenberg Traurig es el estudio jurídico de Estados Unidos que contrató la Corporación Nacional de Electricidad (Celec EP) para que lleve la demanda que planteó en contra de la empresa estadounidense Progen y sus socios comerciales, en la Corte del Distrito Medio de Florida, con sede en Tampa.

Ecuador acusa a Progen de actuar con un “patrón de actividades de crimen organizado” para cometer fraude, enriquecimiento injusto, prácticas comerciales engañosas y desleales y conspiración para causar un daño sustancial.

Esto porque no cumplió con la entrega de los generadores eléctricos nuevos a través de dos contratos, que le representaron al país desembolsos por más de $ 110 millones.

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El equipo está encabezado por Courtney M. Keller, que es la abogada principal del caso; y lo integran además Meredith P. Yates, Daniel Pulecio-Boek y Michael A. Pusater. Las dos primeras hacen base en Orlando, Florida, y los otros tienen sus oficinas en Washington.

Greenberg Traurig es uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de ese país. Todos los años aparece en los rankings de las listas Am LawGlobal 100, NLJ500 y Law360400.

Cuenta con más de 3.000 abogados en 50 sedes en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia. Registra ingresos por $ 2.600 millones.

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Los detalles de esta contratación no son públicos. Pero el asambleísta correísta Xavier Lasso realizó un pedido de información a Celec para conocer, entre otros temas:

  • Datos completos del estudio jurídico contratado.
  • Resolución del directorio de Celec que autorizó la contratación y la forma en que se hizo la selección.
  • Dato sobre los pagos realizados al bufete de abogados.

“Ayer nos enteramos de que el Gobierno, a través de @CELECEPOficial demandó a #PROGEN en Estados Unidos, sin que nos informen detalles y cómo esta acción contribuirá a impartir justicia ante un nuevo atraco al Estado. Por eso, hemos cursado un pedido de información a Celec para qué indiquen quiénes son los abogados que llevan este proceso, cómo se los escogió, cuánto y cómo se les pagará y si cuentan con el aval de la Procuraduría para que la empresa pública inicie un proceso legal en el extranjero”, posteó Lasso en su cuenta de la red social X.

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“Si están comprometidos con la transparencia, deberán responder en diez días. El país merece verdad y justicia por el saqueo realizado cuando los ecuatorianos sufrían catorce horas diarias de apagones”, agregó. (I)