A poco más de un mes de que se formuló cargos por el delito de terrorismo contra trece personas que fueron acusadas de intervenir en el ataque a las instalaciones del Comando Policial de Otavalo, en Imbabura, en el marco del paro, la Fiscalía solcita a la jueza anticorrupcion que lleva el caso, Karol Zambrano, que defina una fecha para refromular cargos y vincular a cinco personas más a la causa.
Aparentemente la razón para que se dé un cambio en la figura penal por las que se les acusa es que de las diligencias investigativas realizadas hasta el momento se desprende que han variado justificadamente los elementos que conllevaron a la calificación jurídica de terrorismo y existiría un nuevo delito por investigarse, del cual se expenidran los elementos encontrados en la audiencia que se defina.
La semana pasada, por unanimidad, los jueces Lauro Fernando Sánchez (ponente), Esteban Israel Coronel y Mabel del Pilar Tapia, integrantes del Tribunal Anticorrupción de la Corte de Pichincha, resolvieron cambiar las medidas cautelares de prisión preventiva que pesaba contra once de los trece investigados por el delito de terrorismo.
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En lugar de la prisión preventiva se definió la presentación periódica y la prohibición de salida del país de Diego Armando L. R., Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., Alfredo P. C., Luis Ernesto T. M., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Juan Sebastián M. T. y Luis Alberto C. B.. De Luis Henry J. E., también procesado en esta causa pero de origen extranjero, no se habló en la resolución oral.
El Tribunal señaló que luego del análisis que realizaron llegaron a determinar que no se cumplen todos los requisitos que deben verificarse para disponer prisión preventiva. Por ejemplo, el juez ponente explicó que no eran ni claros, ni precisos los indicios señalados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos dada el 23 de septiembre pasado, y hasta el día de esta diligencia no existían elementos de convicción que revelen que estos once procesados eran parte de un grupo de delincuencia organizada un grupo terrorista.
En lugar de la orden de prisión preventiva, los jueces Sánchez, Coronel y Tapia dispusieron la prohibición de salida del país y el presentarse periódicamente ante la oficina de la Fiscalía General en Otavalo el primer lunes de cada mes.
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Por un lado, el juez ponente resaltó el diálogo intercultural realizado en esta audiencia de apelación, pues la mayoría de los procesados pertenecen al pueblo Kichwa Otavalo, pero por otro refirió que este diálogo no fue óptimo durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.
De los trece investigados en la causa por terrorismo, durante la audiencia de formulación de cargos solo a Gina Betel C. T. se le dispuso presentación periódica dos veces por semana y el impedimento de salir del país.
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Inicialmente la Fiscalía refirió en su acusación que los involucrados aparentemente fueron detenidos en distintos lugares cercanos al Comando Policial de Otavalo, lugar que fue atacado con piedras, palos, bombas molotov el pasado 22 de septiembre, por una parte de las cerca de 300 personas que se movilizaban en protesta por la Panamericana Norte o E-35.
Durante la diligencia, el fiscal Galiano Balcázar presentó las versiones de servidores policiales que fueron agredidos con piedras. Ellos identificaron a los procesados como presuntos responsables de los ataques y de portar explosivos artesanales, bombas molotov, escudos metálicos, entre otros artefactos.
Por otra parte, los informes periciales de Criminalística presentados por la Fiscalía determinaron que las pérdidas materiales por la incineración de los vehículos superarían los $ 125.000. Por su parte, un reporte del Cuerpo de Bomberos confirmó el uso de bombas molotov, voladores, piedras y otros artefactos explosivos, que ocasionaron graves daños en las estructuras policiales. Además, en el interior de los inmuebles se hallaron vainas percutidas que serán periciadas para determinar su pertenencia y trazabilidad. (I)
