Cerca de dos horas duró la audiencia en la que se receptó el testimonio anticipado de Mónica J., abogada y presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, dentro del caso Liga2. La diligencia se dio la mañana de este jueves, 29 de enero, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ante la jueza Daniella Camacho y por pedido del fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón.
La audiencia se dio como parte del proceso penal por el delito de asociación ilícita conocido como Liga2 contra los exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, quienes eran parte de la Liga Azul, cercana al correísmo; la consejera de Participación Ciudadana en funciones Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y a la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
El 15 de marzo pasado se abrió la instrucción fiscal en el caso Liga2. A los siete procesados se les acusa de planificar una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC, mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, entre otras instituciones.
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#ACTUALIZACIÓN | #CasoLigados: tras la recepción del testimonio anticipado de la testigo protegida M. G. J. J., concluyó la audiencia dentro de la causa por presunta #AsociaciónIlícita contra 7 personas. pic.twitter.com/iDX0C7rsA7
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 29, 2026
Mónica Gabriela J. J. se presentó como experta en temas electorales y su testimonio, básicamente, giró en torno al trámite que se dio en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) respecto de un proceso acumulado que juntó denuncias por infracciones electorales presentadas, primero, por Pamela Troya y Santiago Becdach y, después, por la hoy testigo protegido de Fiscalía.
Las denuncias se acumularon al tratarse de la misma materia y hechos, además que compartían denunciados: Verduga, Franco Loor, Saltos y Vielka Párraga. La causa recayó en el entonces juez de instancia Fernando Muñoz, quien en primera instancia decidió acoger las denuncias y sancionar a los cuatro consejeros con la destitución, la pérdida de derechos políticos por cuatro años y una multa.
La testigo señaló que durante el procesamiento administrativo de las denuncias y posteriormente las sentencias, los denunciados habrían presentado una serie de recursos que más que alegar situaciones legales y administrativas, para Mónica J., buscaban impedir el accionar del pleno del TCE. Entre esos recursos estaban recusaciones a jueces titulares y conjueces e incluso, recordó, denuncias penales para supuestamente ‘intimidar’ a una conjueza electoral.
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“Llama la atención que, desde el 13 de enero de 2025, sin conocer yo, como denunciante, pero ellos con información privilegiada, empiezan a interponer varias recusaciones administrativas en contra de los jueces principales (...), lo que trataban era de impedir que se conforme el pleno del TCE para la declaratoria de la congestión de causas”, indicó la testigo, quien ante todas estas situaciones refirió que presentó una denuncia contra Verduga y Saltos por el delito de obstrucción de la justicia.
La testigo protegida de la Fiscalía anotó que al momento de ratificar la sentencia de primera instancia, definida por el juez Muñoz: la multa pecuniaria, la suspensión de derechos por cuatro años y la destitución, en la misma condena se observaron “con preocupación las actuaciones de los abogados de los denunciados, pues habían interpuesto varias recusaciones, incluso antes de que se resolviera la sesión jurisdiccional en enero de 2025”.
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Recordó además Mónica J. que la sentencia de segunda y definitiva instancia del TCE también señalaba que se oficie al Consejo de la Judicatura para que se investiguen esas actuaciones con respecto a todos los incidentes generados por los denunciados. (I)
