La fiscal Ana Hidalgo, quien está a cargo de la acusación del caso Magnicidio FV, asegura que está totalmente claro que el conocimiento del proceso penal en el que se investiga a los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio es de competencia de jueces de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito y no debe pasar a conocimiento de una judicatura especializada en corrupción y crimen organizado.
Horas antes de que la jueza Daniela Ayala presente su excusa para continuar con el conocimiento del caso Magnicidio, la magistrada dispuso a la Fiscalía que “justifique las razones por las que a pesar de solicitar la vinculación de personas presuntamente relacionadas en calidad de líderes de grupos de delincuencia organizada no ha solicitado la inhibición de los jueces ordinarios”.
A lo que se refiere Ayala, quien decidió separarse de la causa la tarde de este miércoles, 14 de enero, al ubicar a Amanda Villavicencio, hija del político asesinado y acusadora particular en Magnicidio FV, como “enemiga manifiesta”, es a la vinculación de Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis, cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos, al proceso penal que investiga a los autores intelectuales del crimen al estilo sicariato ocurrido el 9 de agosto de 2023.
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Esta diligencia debió darse el 24 de diciembre pasado; sin embargo, días antes de la instalación, el juez penal de Pichincha Geovanny Freire decidió diferirla para más de un mes después: el 28 de enero próximo.
Al asumir la causa nuevamente la jueza Daniela Ayala, luego de una suspensión provisional 90 días y una sanción de 30 días sin sueldo, en su providencia, notificada el 14 de enero pasado, señala que en razón de que los medios de comunicación han difundido que las personas respecto de quien la Fiscalía ha solicitado vinculación (Chavarría, Arboleda y Aguilar) están relacionadas con un GDO en calidad de líderes de este, ese hecho, dice, sería un nuevo elemento que no fue conocido en la audiencia de formulación de cargos tramitada por ella y tampoco se encontraba en conocimiento de la Corte Provincial en el momento de revocar su providencia de inhibición.
“Toda vez que resulta fundamental para la determinación de la competencia, dispongo a la fiscal justifique las razones por las que a pesar de solicitar la vinculación de personas presuntamente relacionadas en calidad de líderes de grupos de delincuencia organizada no ha solicitado la inhibición de los jueces ordinarios, a fin de que tales razones puedan ser valoradas en la presente causa o, en su defecto, de cumplirse los requisitos para que la causa pase a conocimiento de jueces especializados, realice la solicitud que en derecho corresponda”, refirió Ayala en su providencia.
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Lo que busca la jueza Ayala es que si van a ser vinculadas personas relacionadas con grupos de delincuencia organizada, quienes deben estar a cargo son jueces especializados de la Unidad Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, mas no jueces ordinarios de la Corte de Pichincha.
Pese a que se responde a lo solicitado, la fiscal Hidalgo aclara que lo requerido por la jueza Ayala vulnera de forma ostensible los principios de inmediación y dispositivo e insiste en que no corresponde que la causa pase a conocimiento de una judicatura especializada. Como fundamento se habla de que el delito de asesinato no mantiene la concurrencia de circunstancias que se necesitan para que sea de competencia de la unidad especializada. Asimismo, el delito tampoco forma parte del catalogo de infracciones que debe ser analizado por este tipo de jueces especializados en figuras penales de corrupción y crimen organizado.
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“Queda totalmente claro para la Fiscalía General del Estado que el conocimiento de la presente causa (...), que se sustancia por el presunto delito de asesinato, es de competencia de uno de los jueces de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del DMQ. Este razonamiento no habría sido necesario si su autoridad (la jueza Daniela Ayala) se hubiese ceñido a lo estipulado por los sujetos procesales y no a los artículos de prensa que, erróneamente, incluso se permiten citar”, señala la respuesta de la fiscal Hidalgo. (I)
