Alto oficial militar reconoce en la Asamblea que el caso de la muerte de Efraín Fuerez no fue uso legítimo de la fuerza, sino ‘violentar’

El jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Dávila, afirmó que el caso de la muerte del comunero Efraín Fuerez, en el marco de las movilizaciones en Imbabura, “fue violentar, porque excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza”.

Fuerez, comunero kichwa de 46 años de edad, murió el domingo 28 de septiembre durante enfrentamientos de manifestantes y la fuerza pública en Cotacachi, Imbabura, en medio de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Dávila compareció este martes, 21 de octubre de 2025, ante la Comisión de Soberanía Integral de la Asamblea Nacional, que abrió un proceso de fiscalización a las acciones oficiales ante las movilizaciones iniciadas hace un mes. También fueron convocados los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, pero ellos enviaron a sus delegados.

El militar, que por sus funciones articula las operaciones que se realizan por parte del Comando Conjunto de las FF. AA., explicó a los legisladores sobre el operativo y la intervención militar en el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Al contestar a la legisladora Jahiren Noriega (RC), quien expuso un video sobre las circunstancias en que aparentemente muere Efraín Fuerez, primero señaló que no está dentro de su ámbito ”poder definir que el video que se expuso en la mesa sea del asesinato".

Pero añadió que sí hay un video en el que se evidencia “esta extralimitación del uso de la fuerza”; y dijo que hay un proceso judicial en el cual Fuerzas Armadas no participan sino que dan todas las facilidades para que esto se pueda investigar y, además, hay un proceso en la parte administrativa enmarcado en cuestiones legales. Aclaró que no se puede dar paso a una separación inmediata de la institución de quienes habrían participado en el hecho, porque se violentan normas del debido proceso y del derecho a la defensa.

Dijo que bajo ninguna consideración, ni por escrito ni verbalmente, se ha dado ni se dará una disposición a los militares de que salgan a realizar este tipo de actos.

“Nunca yo he recibido una orden ni he dado una orden de que salgan a violentar, esto sí es violentar, esto no es uso progresivo de la fuerza, porque excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza”, apuntó Dávila, pero reiteró que esos son procesos que deben evidenciarse en las instancias pertinentes.

Aseguró que de manera permanente y antes de salir a una operación, por más urgente que sea, se toman el tiempo para recordar al personal militar cuáles son las actividades que deben cumplir, cuáles son las formas en las que se deben manejar, y se repasa lo que establece la Ley Orgánica que regula el Uso Legítimo de la Fuerza en sus seis niveles, para que la gente pueda actuar en ese marco.

Añadió que lamenta como institución que así como hay personal que realice este tipo de actividades, también hay otro que se vincula a actividades ilegales.

Pero afirmó que hay una política, un criterio de cero tolerancia a todo este tipo de actividades que riñen contra la formación militar, contra el profesionalismo y contra las garantías y derechos que tiene la sociedad civil que actúa haciendo manifestaciones pacíficas.

Fusiles y carabinas sustraídos

El general Dávila informó que durante el mes del paro se ejecutaron más de 2.000 operaciones militares.

Para el Plan de Defensa de Quito se enviaron más de 5.000 hombres. Para la ayuda humanitaria para Imbabura en dos convoys superaron los 1.000 hombres.

Para el control de las manifestaciones a nivel nacional, enfocado más en la provincia de Imbabura, superan los 5.000 hombres.

Es decir que aproximadamente 12.000 hombres se han empleado durante este periodo.

Dávila resaltó que durante estas actividades se registró cerca de 100 heridos del personal militar profesional.

Respecto al empleo de los medios logísticos, señaló que se utilizaron siete aviones y diez helicópteros, 130 vehículos blindados que permiten la protección no solamente del personal militar que se emplea, sino también cuando hay que evacuar o hay que trasladar a otro tipo de personas, las que requieren esa protección del material blindado.

Indicó que también hay una afectación de más de 100 vehículos, entre los blindados y los administrativos, y sistemas de medios de comunicación.

También dijo que se registraron cuatro fusiles sustraídos, con carabinas, con otro tipo de armas y con munición, lo cual es delicado, porque alguien que está en una protesta pacífica no sustrae armamento letal y ahora continúa en manos de ciertos grupos que estaban realizando actividades violentas. Eso se considera una situación de amenaza seria a la integridad física de todo el personal empleado, así como de la ciudadanía, “porque no podemos responder por el uso que puedan dar indiscriminado al material, a los fusiles como a las carabineras Mossberg que se utilizan como misión de goma”. (I)