Concursos de jueces realizados entre 2012 y 2017 entran a fiscalizarse en la Asamblea Nacional

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional inició una investigación sobre el proceso de selección de jueces y juezas, tanto a nivel nacional como provincial, llevado a cabo entre los años 2012 y 2017. La mesa legislativa presidida por Ferdinan Álvarez (ADN) quiere llegar al origen de la selección de los jueces realizada a partir del 2012, pues sospecha que en su mayoría fueron a salas penales. Habrá sorpresas, afirmó Álvarez. La comisión inició un proceso de fiscalización sobre las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que enfrenta actualmente el Ecuador, y para ello, definió las comparecencias de ministros de Estado, los comandantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Para el lunes 23 de junio, a partir de las 08:00, se tiene prevista la comparecencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, y del fiscal general del Estado encargado, Wilson Toainga, para que muestren las acciones emprendidas por parte de los jueces y fiscales que estarían beneficiando con medidas sustitutivas a delincuentes, asesinos, extorsionadores, violadores y vacunadores. Para definir el origen e incluso político de los actuales jueces, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, solicitó información al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, quien también será llamado a comparecer en la mesa, la próxima semana.Para fundamentar el pedido de información, el presidente de la Comisión de Fiscalización sostiene que durante el año 2025 se documentaron casos que evidenciaron la vulnerabilidad del sistema judicial ecuatoriano, como son los casos de connotación nacional Metástasis, Purga, Plaga, y casos concretos de filtración de información y decisiones judiciales polémicas. Que en las últimas semanas nuevos sucesos expuestos por medios de comunicación “evidencian cómo fiscales y jueces estarían y seguirían al servicio de grupos de delincuencia organizada ya sea mediante la destrucción de evidencias, liberación de criminales reincidentes y la no garantía a las víctimas de una tutela judicial efectiva, costándoles incluso la vida”. Lo que busca la comisión, según el documento suscrito por el asambleísta Ferdinan Álvarez, es recoger insumos técnicos, identificar nudos críticos y generar un diagnóstico claro del sistema de seguridad ciudadana y del sistema de justicia.En las primeras comparecencias, el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante la Policía, Pablo Dávila, presentaron resultados de los operativos e intervenciones, citando estadísticas sobre las aprehensiones y detenciones en relación con delitos que afectan al mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana. En esas comparecencias, añade el documento de la mesa de Fiscalización, se evidenciaron algunas problemáticas específicas, relacionadas de forma directa con las distintas circunstancias que dieron origen al proceso de fiscalización, como el abuso y falta de motivación en el otorgamiento de medidas sustitutivas, la presencia de corrupción en operadores del sistema de justicia ecuatoriano, así como la necesidad de emprender procesos de depuración institucional. El requerimiento de información al Consejo de la Judicatura es el siguiente : (I)

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