Luego de un año y tres meses de que concluyeron los 90 días de instrucción fiscal por el delito de tráfico de influencias por el que se procesa penalmente al excontralor Pablo Celi y Alfonso Miño Morales, exdirector de Responsabilidades de la Contraloría General Estado (CGE), este último fue detenido y decidió entregar su testimonio anticipado.
Miño Morales solicitó acogerse al procedimiento abreviado dentro de la causa denominada como Celu, en la que se investiga un tráfico de influencias que se habría configurado por acción de los dos sospechosos indagados al desvanecer una responsabilidad administrativa (glosa) por derechos de concesión por un monto de $ 111′906.514 para beneficiar a una operadora de servicios telefónicos, perjudicando a los intereses del Estado.
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En su testimonio, el procesado señaló que el 28 de junio de 2019 el entonces contralor Pablo Celli lo llamó a su despacho, donde se encontraban otras autoridades de esa institución. Habría dispuesto que a la cita lleve el expediente de la glosa de la operadora de telefonía móvil analizada, en la que se establece una responsabilidad civil por alrededor de $ 111 millones. El entonces contralor general y ahora uno de los dos procesados habría ordenado el desvanecimiento inmediato de dicha glosa.
“Señaló que los auditores y los subcontralores presuntamente acordaron que se debía establecer que no existía un perjuicio al Estado por parte de la empresa Conecel; por ello, debía emitirse una resolución que desvaneciera la responsabilidad civil. El entonces contralor solicitó que esta gestión se ejecutara lo más pronto posible”, refirió Miño Morales.
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El testigo del caso Celu añadió que por la premura no pudo revisar el informe técnico que fundamentaba la decisión. Explicó que sumilló como revisado en calidad de director de Responsabilidades junto con Hans C., administrador de Resoluciones Civiles en la Dirección de Responsabilidades, y el contralor Pablo Celi la firmó.
Luis Alfonso Miño Morales resaltó que “conocía las graves consecuencias si no se cumplía con esa orden”, pues la institución podía gestionar la suspensión de su partida. “Sospeché que podía salir de la institución”, dijo. El exfuncionario de la CGE aseguró que fue “coaccionado para ejecutar el desvanecimiento de esa glosa”.
“Meses después, en noviembre (2019), le solicitaron acudir nuevamente al despacho con el expediente para revisarlo y verificarlo. Sin embargo, el documento no había sido encontrado. Conforme al reglamento de reposición de documentos, el testigo solicitó a la secretaría de la institución la reposición del expediente”, sostuvo la Fiscalía en un comunicado público.
Justamente con el testimonio anticipado de Hans William C. V., exfuncionario de la Contraloría, se cerraron a finales de septiembre de 2024 los tres meses de instrucción fiscal por el delito de tráfico de influencias en el caso Celu.
En su acusación la entonces fiscal general, Diana Salazar, señaló que el 10 de septiembre de 2018 la CGE emitió un informe de examen especial por una adenda para la asignación de una frecuencia adicional otorgada por el Estado, en favor de una operadora celular.
En dicho informe se habría determinado una responsabilidad civil culposa (glosa) por $ 111,9 millones, debido a que el costo de las bandas adicionales entregadas a la referida empresa debió ser de $ 291’900.000 y no de $ 180’000.000, monto que habría sido aprobado por las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control (Arcotel).
Tras esta decisión, explicó la Fiscalía, la operadora celular habría introducido unos estudios en los que se incluían informes elaborados por tres consultoras contratadas, con base en los que Pablo Celi habría ordenado el desvanecimiento de dicha glosa a través de Luis Miño, quien “canalizó los ejercicios de influencia hacia sus subalternos”.
Según la Fiscalía, uno de los subalternos fue el analista a cargo del expediente, quien se habría negado a desvanecer esta responsabilidad civil, por lo que habría mantenido una reunión personal con el entonces contralor para exponerle la ilegalidad que representaría la eliminación de esta glosa. Sin embargo, Celi habría hecho caso omiso a este criterio, afirmando que la determinación de responsabilidad en contra de la operadora celular habría sido fruto “de un exceso de sus equipos auditores”, lo que demostraría el conocimiento y voluntad del procesado respecto a estos hechos.
Más tarde, el mencionado funcionario habría sido trasladado a otra unidad y luego desvinculado de la Contraloría.
Entre los elementos de convicción existentes constan versiones, oficios, memorandos y el expediente de glosa que concluyó con la resolución con la que se resolvió su desvanecimiento a favor de la operadora celular. Además existirían informes periciales practicados a publicaciones de la empresa telefónica, al teléfono celular de Pablo Celi, de extracción y materialización de los correos electrónicos de los investigados, un informe pericial de derecho administrativo, entre otros.
El 26 de septiembre de 2024, Hans William C. V., por pedido de la Fiscalía, rindió su testimonio anticipado ante el juez de la CNJ Julio Arrieta. Quien también es testigo protegido de la Fiscalía trabajó en 2018 en la CGE como administrador de Gestión de Resoluciones de Responsabilidades Civiles en el Departamento de la Dirección de Responsabilidades.
Hans William C. V. relató que recibió presiones por parte del procesado Luis Miño Morales, entonces director de Responsabilidades de la Contraloría, para que se tramitara con rapidez el proyecto de resolución de desvanecimiento de la glosa a favor de la empresa telefónica en cuestión.
El caso Celu es el tercer proceso penal que mantiene abierto el excontralor Pablo Celi. Hasta el momento pesa sobre él una pena de trece años y cuatro meses al ser el autor directo del delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres y un llamamiento a juicio por el delito de cohecho dentro del caso China CAMC. Arresto domiciliario es la medida cautelar que pesa sobre el contralor que se quedó en el cargo que mantenía Carlos Pólit, hoy sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos.
Lo que resta en el caso Celu es la audiencia en la que se trate el procedimiento abreviado de Luis Miño Morales y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se debata la posible existencia de nulidades procesales; y, de declararse la validez de todo lo actuado, el dictamen fiscal contra el excontralor Pablo Celi. En ambos casos estará a cargo el fiscal general encargado Carlos Leonardo Alarcón, reemplazante de Wilson Toainga, quien renunció al cargo de fiscal general subrogante. (I)