El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, sentenciado a trece años de cárcel por el delito de delincuencia organizada en el caso Purga, aduce tener problemas complejos de salud y busca que se le dé paso a un habeas corpus planteado con el objetivo de que se lo remita a un Centro de Privación de la Libertad (CPL) que no sea la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, y que mantengan las condiciones para que se controle la situación médica del solicitante.
Las instancias accionadas son el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Servicio Nacional a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), la Procuraduría General del Estado (PGE) y el CPL Santa Elena o Cárcel del Encuentro.
Pablo Muentes fue trasladado desde la Cárcel 4, en Quito, hacia la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, el 5 de agosto de 2025, debido a una alerta de amenaza contra su integridad. Luego, el 10 de noviembre siguiente, el legislador socialcristiano fue llevado hasta la recién construida Cárcel del Encuentro, de Santa Elena.
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La primera diligencia dentro del habeas corpus planteado por la defensa de Muentes se dio el 1 de enero pasado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ante los jueces Rita Bravo Quijano (ponente), Luis Adrián Rojas Calle y Pablo Loayza Ortega. Luego de negar el pedido de diferimiento hecho por el MSP, debido a que el tiempo para preparar la defensa fue reducido, el tribunal instaló la audiencia y escuchó el fundamento del habeas corpus expuesto por Diego Chimbo, abogado de Muentes, y la respuesta en las entidades demandadas.
Atendiendo el pedido para que se abra el término de prueba suficiente, la sala de la CNJ dispuso la reinstalación de la diligencia para el próximo miércoles, 7 de enero, a las 10:30. Asimismo, ante la solicitud de la parte accionante, los jueces Bravo, Rojas y Loayza dispusieron que el Ministerio de Salud Pública proporcione los nombres de los médicos que han atendido a Pablo Muentes y los correos electrónicos de contacto.
“No obstante lo ordenado por el tribunal, la jueza nacional ponente (Rita Bravo) determinó que se notificará con la providencia correspondiente a fin de que el Ministerio de Salud Pública cumpla con lo ordenado”, se indica en una providencia de este 5 de enero.
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El 3 de marzo pasado, los jueces nacionales Daniella Camacho, Felipe Córdova y el conjuez Marco Aguirre arribaron a la convicción de que el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas María Fabiola Gallardo y el exjuez de Guayas Johann Marfetán eran responsables del delito investigado en el caso Purga, en calidad de autores.
A los tres los sentenciaron a trece años y cuatro meses de prisión y una multa de 40 salarios unificados básicos (SBU), $ 18.800, además de 20 años de pérdida de derechos de participación.
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En cambio, respecto a los exjueces Reynaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Nelson Ponce, Henry Taylor y Alberto Lino, así como los exfuncionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Juan Riofrío y Ruth Solano, el tribunal encontró la prueba necesaria para sentenciarlos como colaboradores.
Cevallos, Valarezo, Ponce, Taylor y Riofrío recibieron una pena de nueve años y cuatro meses de prisión, una multa de 20 SBU ($ 9.400) y quince años de pérdida de derechos de participación. A Lino y Solano, por la cooperación eficaz dada en el proceso penal a la Fiscalía, se los condenó a un año y cuatro meses de cárcel.
Dentro de la sentencia oral, la jueza ponente señaló que la “estructura delictiva” investigada manipuló y controló la justicia en la provincia del Guayas con el fin de obtener fallos favorables, ganancias económicas e impunidad. Se aclaró que en la parte alta de la organización Muentes estuvo al mando de la operación, Gallardo fue quien la dirigía y Marfetán se encargó de la planificación. (I)
