Dieciséis días de audiencia de juzgamiento se completaron en el caso Pruebas COVID-19, proceso penal en el que se investiga por delito de delincuencia organizada al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley, al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones y al israleí Sheinman Oren.
Entre el 12 y el 14 de enero, la fiscal a cargo de la causa, Lidia Sarabia, continuó con la presentación de la prueba pericial y testimonial con la que cuenta para fundamentar la acusación que mantiene contra los cuatro involucrados con supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19.
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En lo que respecta a este proceso penal, el 2025 cerró con trece días de audiencia de juicio no continuos. La última jornada del 2025 del juicio por el delito de delincuencia organizada se dio el 21 de noviembre pasado, aunque la etapa de juzgamiento en este caso se instaló el 11 de abril del 2025 tras más de diez diferimientos. Luego de varios meses de estar suspendida, esta diligencia se retomó el 23 de julio último y, tras una nueva suspensión, se reanudó el pasado 17 de noviembre.
Según Sarabia, los cuatro procesados son acusados de entre marzo y octubre del 2020 haber planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas con la negociación de pruebas para la detección de COVID-19 y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió Ecuador, obteniendo réditos económicos. Para ello, según la Fiscalía, habrían incurrido en otras infracciones penales como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público y evasión tributaria.
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Justamente para fundamentar esa teoría, en los tres últimos días de reinstalación, la fiscal Sarabia presentó ante la Sala de Juicio catorce testigos y cinco peritos. El Tribunal Penal de Juicio de Pichincha del caso Pruebas COVID-19 está integrado por los jueces Gandhy Cervantes (ponente), Ivonne Vásquez y Pablo Coello.
La audiencia se ha desarrollado en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Hasta allí han llegado de forma presencial la fiscal Sarabia y los procesados Berrones y Oren Sheinman con sus abogados. De los acusados, únicamente los Bucaram padre e hijo han asistido a la diligencia usando la vía telemática, pues temas de salud hacen que ambos se mantengan en Guayaquil.
En octubre del 2021, el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones, el israleí Sheinman Oren y la peruana Orietta Isabel Marengo fueron llamados a juicio por el juez Geovanny Freire y para diciembre de ese mismo año se sumaron a esa lista Abdalá y Jacobo Bucaram, quienes inicialmente recibieron un sobreseimiento.
Marengo tiene la etapa de juzgamiento en suspenso debido a que se mantiene como prófuga de la justicia, pese a que fue detenida el 10 de marzo del 2022 en Lima, Perú, por agentes de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) de ese país. La delincuencia organizada es un delito que no puede ser juzgado en ausencia. Otros dos exagentes de la AMT procesados aceptaron los hechos y, mediante un procedimiento abreviado, fueron condenados a cinco años de prisión.
Cuatro circunstancias agravantes podrían originar el incremento en un tercio de la eventual pena de cárcel que podría definirse para los cuatro investigados por supuestamente formar parte de una estructura delictiva que lucró de una comercialización ilegal de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos, usando bienes y funcionarios públicos de la AMT, todo ocurrido durante la pandemia vivida que enfrentó Ecuador.
Lidia Sarabia aseguró en su “alegato de apertura” que en esta audiencia probará que existió un grupo organizado de más de dos personas, quienes de forma reiterada y concertada, es decir, no de manera fortuita, sino más bien de una manera planeada, planificada y estructurada, han cometido delitos de más de cinco años, incluso con roles definidos. (I)