El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, aseguró que la trama de Liga2 gira en torno a tres eventos con irregularidades: el primero, conductas ilícitas en el escenario de la justicia electoral, el segundo relacionado con la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y el tercero atado a la designación del titular de la Superintendencia de Bancos.
El miércoles, 18 de marzo de 2026, la Fiscalía arrancó la fundamentación del dictamen acusatorio por el delito de asociación ilícita que mantiene contra los exintegrantes del CPCCS y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del Consejo de Participación Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
Según el fiscal Alarcón, mediante la asociación de varios consejeros de Participación Ciudadana, quienes lejos de cumplir su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano, se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias e incumplimientos de decisiones legítimas de autoridad competente.
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En el inicio de la fundamentación del dictamen acusatorio contra los siete procesados en el caso Liga2, la Fiscalía ubicó a todos los procesados como autores directos del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los siete sospechosos son acusados de haber intervenido en la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC, mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
“El presente caso retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), fue cooptada por personas afines a un partido político, en donde su principal objetivo era captar tanto espacios de poder como fuera posible, convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”, anotó Alarcón.
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Los eventos investigados en el caso Liga2
Primer evento:
A decir de Fiscalía, la finalidad de los involucrados en esta asociación ilícita implicaba garantizar su estadía dentro del CPCCS. La permanencia de varios entonces consejeros se habría encontrado en peligro a raíz de infracciones electorales que dieron paso a un proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de la denominada Liga Azul.
Para esto, señaló Alarcón, Augusto Verduga, Yadira Salto y Eduardo Franco Loor se articularon en la búsqueda de una estrategia para dilatar la decisión de la justicia electoral, conseguir impunidad y mantenerse en sus cargos ‘planificando la comisión de tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, fraude procesal e interposición de diversas figuras jurídicas irregulares’.
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El fiscal Carlos Leonardo Alarcón indicó que todo esto se dio bajo la coordinación del procesado Andrés Arauz, quien por medio de conversaciones que mantenía con miembros del CPCCS, principalmente en la aplicación Wire, aparentemente emitía directrices de actuación para cristalizar el control de la mentada institución, formulaba lineamientos como la presentación de denuncias recusaciones e incluso acciones constitucionales y se mantenía al tanto de las acciones conjuntas que su organización política, el movimiento de la Revolución Ciudadana, iba a iniciar desde la Asamblea Nacional.
“El grupo asociado emprendió gestiones para reunirse con jueces electorales que tenían en su poder la decisión de destitución o no de la Liga Azul, llegando incluso a ofrecer la gestión de incidir en su decisión por medio de terceras personas allegadas a los mismos. Este control les permitiría continuar con las metas trazadas en la búsqueda de la acumulación de poder, de tal forma que los procesos de selección para las autoridades de varias instituciones se convirtieron en el objetivo principal de esta asociación ilícita”, sostuvo el titular encargado de la Fiscalía.
Segundo evento:
En relación con el segundo evento se juntaron voluntades con la finalidad de lograr el control del sistema de justicia del Ecuador por medio del concurso de vocales del CJ. Este control pretendido se desplegó a través de gestiones con personal de la Asamblea Nacional e incluso con funcionarios de la Defensoría Pública, cuyas ideologías comulgaban con la de los procesados.
“El panorama fáctico que se desprende de las conversaciones que el exconsejero Augusto Verduga mantuvo con los ahora procesados Andrés Arauz y Yadira Saltos, en donde planificaban retrasar el concurso del CJ en procura de que sea el ‘gobierno de Luisa (González)’, como lo mencionan textualmente, quien envíe la terna en caso de ganar las elecciones presidenciales. Planteándose además la interposición de medidas cautelares constitucionales y la comisión de tráfico de influencias para cristalizar sus intenciones”, refirió el fiscal general encargado.
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Tercer evento:
El tercer evento referiría que la asociación pretendió controlar el sistema financiero nacional. Se dijo que por medio de algo muy grave: el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC), se buscaba nombrar a un superintendente de Bancos afín a sus intereses. Dicho nombramiento habría sido posible gracias a la articulación previa mantenida con todos los procesados, evidenciada en sus comunicaciones en las cuales proyectaron una línea de ruta a seguir para cumplir con esta finalidad.
“Teniendo clara la trazabilidad de sus actuaciones, el exconsejero Augusto Verduga fue quien durante la sesión mocionó (...) que se tome en cuenta la referida resolución constitucional, en la cual se declaró la vulneración de derechos en favor de Raúl González, al no haberle permitido desempeñar las funciones de superintendente de Bancos en 2022, recalcando que la sentencia en cuestión establece que su decisión no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica consolidada sobre los nuevos procesos de selección impulsados con posterioridad”, explicó Alarcón.
En ese punto, el fiscal general le explicó a la jueza Camacho que sin perjuicio de que la votación forme parte de las funciones de los procesados y a pesar de que la claridad de la disposición de la CC, los hoy acusados utilizaron esta atribución para incumplir una decisión judicial y cristalizar los planes trazados.
La moción del consejero Verduga fue aprobada con los votos favorables previamente coordinados de Bonifaz, Franco Loor, Saltos y Verduga, generando que se postergue la posesión del ciudadano Roberto Romero, quien fue designado legalmente en el concurso del 2024 y en su lugar solicitaron a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González, en evidente contraposición de lo decidido por la CC.
Según el relato de Alarcón, todas estas acciones se llevaron a cabo con la participación activa de quien iba a ser beneficiario de la mencionada designación, el procesado Raúl González. Él, dice la Fiscalía, habría conversado previamente con Augusto Verduga y estructuró una línea argumentativa para defender el evidente incumplimiento de lo dispuesto por la CC.
Se agregó que se habría llegando incluso a prometer cargos de alto nivel e importancia dentro de la Superintendencia de Bancos por pedido del procesado Andrés Arauz, como contraprestación de su nombramiento, siempre y cuando el periodo de ejercicio de su cargo dure cinco años.
Para Fiscalía dichas conductas no fueron las únicas emprendidas por Raúl González, pues, de cara a cristalizar su nombramiento, en acuerdo con todos los ahora procesados, envió un documento a la Asamblea Nacional en donde explica la decisión adoptada por la CC y esgrime argumentos del porqué no se debería nombrar como superintendente de Bancos a Roberto Romero.
“Este incumplimiento fue fruto de los planes y coordinaciones realizadas por parte de los miembros del CPCCS: Augusto Verduga, Yadira Santos, Eduardo Franco y Nicole Bonifaz, con el procesado Andrés Arauz, en donde existieron direccionamientos para cumplir con su finalidad y hacerse del control del ente rector del sistema financiero nacional del Ecuador, además de las gestiones que se desarrollaron desde la Asamblea Nacional, en donde Esther Cuesta tuvo un papel indispensable en el manejo de este espacio de vital importancia para controlar o no el lavado de activos en el país”, anotó la acusación de Fiscalía.
Los señalamientos de Alarcón refieren que la hoy exasambleísta, a raíz del documento que Raúl González ingresó en la Asamblea Nacional, fue quien gestó el disparador para hacer posible su nombramiento en la Superintendencia de Bancos.
Antes del 21 de enero de 2025, la Asamblea Nacional aún no había posicionado a Roberto Romero como titular de la mentada superintendencia, pese a haber sido designado por el mismo CPCCS, en su lugar, Esther Cuesta, cuando asumió la presidencia del Parlamento ecuatoriano, envió un oficio al CPCCS, en el cual preguntaba, quién debería asumir la titularidad de la Superintendencia de Bancos, dadas las explicaciones y argumentos expuestos por González.
“Con dicho documento, previamente, por supuesto coordinado con Andrés Arauz, permitió que los consejeros procesados hagan posible el nombramiento de Raúl González, en lugar de quien debía ser posesionado legítimamente, Roberto Romero”, concluyó. (I)
