Entre 50 y 70 candidatos que participan en el concurso de elección del contralor del Estado son impugnados por ‘incumplimiento de requisitos’

Un total de 67 impugnaciones en contra de decenas de postulantes que participan en el concurso público para la elección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado deberá tramitar la comisión ciudadana de selección y determinar si las acepta o las rechaza.Del 11 al 17 de julio se abrió el periodo de escrutinio público e impugnación ciudadana, en el cual hasta la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) llegaron 67 objeciones: 18 se presentaron en Pichincha y 49 en Guayas.La comisión ciudadana, encargada de la selección de esta autoridad, tiene un término de tres días para calificarlas y emitir su resolución sobre aquellas que serán admitidas a trámite o desestimadas, de acuerdo con el reglamento que rige el proceso.Sobre aquellas que sean aceptadas, se convocará a la instalación de audiencias públicas para que las partes, impugnantes e impugnados, presenten sus pruebas de cargo y descargo.En la elección de esta autoridad participan 103 postulantes que fueron admitidos por la comisión y pueden ser objeto de cuestionamientos documentados por falta de probidad, idoneidad o por incumplir con requisitos o estar incursos en inhabilidades.Extraoficialmente se conoció, por ejemplo, que una ciudadana Alejandra Herrera impugnó a 79 concursantes y sobre cada uno de ellos detalla en qué aspectos habrían incumplido con los requisitos legales para participar.También, Guido Egas Tello renunció a su calidad de veedor ciudadano y presentó impugnaciones en contra de 54 postulantes que no anexaron la declaración juramentada y por falta de probidad, según consta en su escrito que entregó al CPCCS.El alto número de participantes impugnados se debe en algunos casos porque, de los 103 que fueron admitidos, al menos 51 de ellos no presentaron su declaración juramentada ante notario público, como lo establece el reglamento de selección.Pero, la comisión decidió «subsanar» la presentación de ese documento que forma parte del expediente de postulación.Este 19 de julio, los comisionados fueron notificados de la existencia de estas 67 impugnaciones y su presidente, Marco Chalco, advirtió que aquellas que no cumplan con los requisitos reglamentarios, como por ejemplo, que el impugnante no haya adjuntado su copia de cédula o papeleta de votación del último proceso electoral, será descalificada.Esto generó la reacción de la comisionada Maribel Baldeón, quien lamentó que ahora sí se exija cumplir el reglamento del concurso, ya que hizo referencia a que el alto número de impugnaciones se debe a que se permitió la participación de ciudadanos que no completaron la entrega de sus documentos en la etapa de postulación.Chalco prefirió no ahondó en la discusión con su colega y declaró permanente la sesión para avanzar en la calificación de estas impugnaciones en los siguientes días.De su lado y, propósito de la organización de este concurso, Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, se mostró molesto por el pedido de un ciudadano para que la justicia dé seguimiento al cumplimiento de una sentencia del 28 de abril del 2023, que retrotrajo el concurso público a la fase de admisibilidad.El 11 de julio, el ciudadano Oliver Vinueza Flores, como tercero interesado, pidió al juez de Rumiñahui, Diego Guayasamín, dar seguimiento al cumplimiento de una sentencia en la que determinó que el concurso «se retorna o retrotrae a la etapa de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes» para que avance conforme el Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, emitido en julio de 2021.El juez también ordenó que se descalifique “a todos aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de su postulación, esto es aquellos postulantes que no cumplían con los requisitos al momento de la presentación de su carpeta”. Pero, a criterio de Vinueza, el CPCCS «incumple la sentencia constitucional», porque el 9 de junio de 2023, el pleno codificó el reglamento y ordenó a la comisión que el concurso avance con una resolución emitida el 29 de diciembre de 2022, en la que admitió a 103 participantes de 118 que se inscribieron.De ellos, casi la mitad no presentaron la declaración juramentada de acuerdo al reglamento, pero los comisionados decidieron «subsanarlo» alegando la pro-participación.Vinueza informó al juez que «se omitió el haber aprobado y seguido sustanciando el concurso público (…) sin haber observado y cumplido integralmente su sentencia»«Señor juez, no se ha descalificado a aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de la postulación, esto es aquellos postulantes que no cumplían con los requisitos al momento de la presentación de su carpeta», indicó Vinueza y pidió a ese juez que inicie con la fase de seguimiento al cumplimiento de sentencia.Vera increpó esta acción. «Farsantes de la vida, detractores de la patria, qué buscan. Algún canino de estos seudos candidatos o que con alharaca pretenden prostituir mecanismos de participación van a pretender en sus sueños de perro buscar con esta acción, pretender destituirnos. Ningún aventurero farsante pretenda tener acciones para destituirnos», dijo Vera, en referencia a que incumplir las acciones jurisdiccionales puede ser un motivo de destitución del cargo.Aseguró que el CPCCS cumplió en su integridad la sentencia y, lo que se buscaría es que permanezcan en los cargos «los subrogantes».«Hay muchas coincidencias, pero no me voy a encargar, como decía Umberto Eco, de hacer famoso a gente idiota… Quiero callar muchas bocas de estos enanos mentales y discúlpenme, pero es sancionable cómo pretenden los medios de atacar a este Consejo, por ignorancia o maldad», increpó en declaraciones de prensa el martes último.Dijo que quienes están detrás de esta acción de incumplimiento «son algunos de los mismos que han venido a hacer plantones y tienen una caja de resonancia con personas que forman parte del Consejo».Esto, porque en los últimos días, el excandidato a ser vocal del CPCCS, Santiago Becdach, solicitó a este organismo que se instale una audiencia pública para que comparezcan los consejeros mismos consejeros: Alembert Vera, Yadira Saltos y Augusto Verduga y expliquen sobre la promoción electoral que se difundió en redes sociales en febrero del 2023, durante los comicios seccionales, pese a tener prohibición constitucional y legal.A este pedido de Becdach, la consejera Mishelle Calvache le ha expresado su respaldo.«Esta acción de incumplimiento fue presentada dentro del proceso, lo cual es absurdo. No voy a decir nombres, no voy a hacer famoso a nadie. Los abogados que están atrás de esta acción de incumplimiento son algunos de los mismos que han venido a hacer plantones y tienen una caja de resonancia con personas que forman parte del Consejo. Si tienen cuatro patas y ladra, no se sabe si es perro o perra, pero es canino, entonces es evidente que hay una intención de desestabilización», espetó Vera.Aunque no mencionó su nombre, el consejero explicó que estos se tramitan siguiendo un orden cronológico y que no permitirá que «nadie se salte la fila».Añadió que ha llamado a una mesa de trabajo al solicitante, porque encima son hasta «torpes» porque para «burro no se estudia». (I)

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