Tras siete años de su vigencia, la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua o más conocida como Ley de Aguas fue declarada inconstitucional y un nuevo texto deberá elaborarse en el plazo de un año con el condicionamiento de aplicar una consulta prelegislativa a las organizaciones sociales que sea de “buena fe”.

La aprobación de esta ley es un mandato de la Constitución del 2008, que dio el plazo de un año a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Aunque no fue hasta agosto del 2014 que se publicó en el Registro Oficial.

En la administración de Rafael Correa, con mayoría oficialista de Alianza PAIS (AP) en el Legislativo, se intentó aprobar el texto en el 2010, pero las fuertes movilizaciones que rechazaban su contenido protagonizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) la detuvieron.

Cuatro años después, se retomó su debate y el oficialismo la aprobó, con la misma resistencia de la Conaie.

Publicidad

‘Los animales son sujetos de derechos’, determinó la Corte Constitucional y dispuso la aprobación de una ley que los garantice

En abril del 2015 se emitió el reglamento a la ley, y tras siete años de la vigencia de estos dos instrumentos la Corte Constitucional (CC) los declaró inconstitucionales por la forma.

El 12 de enero de 2022, con los votos a favor de siete jueces y dos salvados de Carmen Corral y Enrique Herrería, se resolvió su inconstitucionalidad.

La decisión dispone a la Presidencia de la República que elabore un nuevo proyecto en un plazo de doce meses y que lo remita al Parlamento para su debate y aprobación.

Los jueces aclararon que la inconstitucionalidad es inmediata, pero mientras se aprueba el articulado se provocaría un “gran vacío normativo sobre la regulación del agua”, por lo que difirieron los efectos de la sentencia.

Publicidad

Fue Jorge Herrera, en ese entonces presidente de la Conaie, que en junio del 2015 planteó esta acción pública de inconstitucionalidad a la ley; y Yaku Pérez Guartambel, que presidía la Ecuarunari, demandó el reglamento.

Herrera recordó que cuando se aprobó la norma no se hizo la consulta previa, que “era lo correcto, pero no hubo. Por eso expusimos nuestra inconformidad y a los años sale la sentencia”.

QUITO. Indígenas y campesinos se enfrentaban con efectivos de la Policía Nacional en los exteriores del edificio de la Asamblea, en protesta por la Ley de Aguas y para presionar el archivo de ese proyecto.

El dirigente indígena anhela que esta sea una oportunidad para que las bases de las comunidades rurales y campesinas planteen sus inquietudes. “Se buscará que sea una ley participativa, democrática, que impulse el desarrollo de las pequeñas y medianas propiedades y ayude a sostener la economía de las comunidades. Y si hay intereses particulares o de grupos que solo buscan satisfacer sus intereses económicos, siempre va a haber una oposición”, manifestó.

Los jueces constitucionales constataron que durante la construcción del cuerpo legal que se dio en la Comisión de Soberanía Alimentaria no se realizó una consulta prelegislativa a los interesados, que son los pueblos indígenas.

Publicidad

Yaku Pérez recordó que cuando en el anterior gobierno les hicieron la consulta prelegislativa “participaron con entusiasmo”, y cuando se aprobó se dieron cuenta de que “fue un insulto, porque nada se cumplió”.

“Fue una utilización a las comunidades que administran el agua, terminamos siendo objetos decorativos y cosméticos que solo doraban la píldora de la consulta”, indicó.

Alí Lozada, titular de la Corte Constitucional: La independencia es algo en lo que vamos a bregar. No hay alternativa, o somos independientes o ya no somos jueces

La Corte observó que en dicha mesa legislativa se delimitaron de forma “exclusiva” los temas de la consulta y no se acreditó “ningún tipo de participación de los dirigentes de los pueblos indígenas”. Entonces, su aprobación fue “contraria a los estándares constitucionales” e incluso internacionales, pues no se aplicó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bien es el Ejecutivo el que debe preparar el articulado, será la Asamblea la que organice la consulta prelegislativa, y es ahí que Pérez y Herrera esperan que esta sea de “buena fe”.

Publicidad

Esa propuesta deberá estar lista en enero del 2023, y según Pérez hay temas que son “irrenunciables”, como la prohibición de minería metálica en fuentes de agua, la autonomía en sistemas comunitarios, el no acaparamiento del agua y la creación del Fondo Nacional del Agua.

A su criterio, la ley vigente “despojó la propiedad del agua a las comunidades, los trata como usuarios y no como propietarios, lo que tiene que corregirse, ojalá el Gobierno sea sensible ante una cosmovisión comunitaria y no tenga una visión neoliberal que haga del agua un negocio”.

Por su parte, el actual presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en declaraciones de prensa, hizo un llamado a las juntas de agua de consumo, de riego y a las comunidades a instalar una convención nacional para plantear los temas que deberían incorporarse en la nueva ley. (I)