Que sí hay las condiciones para declarar a la Función Judicial en emergencia declaró el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la tarde de este miércoles, 25 de junio, en el marco de la investigación que esta desarrolla sobre las actuaciones de jueces y fiscales que liberan delincuentes.
Algunos juristas consideran que, en efecto, la justicia vive una crisis, pero que declararla en emergencia con base en la nueva Ley de Integridad Pública tendría en realidad objetivos políticos.
Godoy comentó que el número óptimo de jueces es de 2.452, pero que actualmente existen 1.826 y que el déficit presupuestario es de $ 205 millones, o sea, no hay recursos suficientes para la adquisición y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, mobiliario, equipos y vehículos.
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Pero lo más grave es que “son décadas de abandono, corrupción sistémica, infiltración, que no se pueden observar a otro lado. Lastimosamente, existe infiltración de redes criminales en el Consejo de la Judicatura”.
La Ley de Integridad Pública vigente desde el 26 de junio da vía libre para que el presidente del CJ declare a la Función Judicial en emergencia, durante la cual puede evaluar anticipadamente a jueces y fiscales, reemplazarlos con procesos “expeditos” y hacer contrataciones exprés de bienes y servicios.
Los juristas José Luis Ortega, Gonzalo Muñoz y Jorge Peñafiel coinciden en que, en efecto, el sistema judicial está en crisis, aunque no en un nivel para que se considere como emergencia.
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Ortega dice: “Si queremos utilizar la palabra emergencia, podríamos compararlo como un proceso de contratación en que realmente es de vital importancia adquirir algo porque sin eso no se podría cumplir con el servicio. Creo que el sistema de justicia no está en un momento en el que se podría considerar emergencia; es decir, no es que no exista un juez, un fiscal necesario, para hacer una diligencia, pero creo que sí se encuentra en una grave crisis, que de alguna manera con voluntad política, económica y administrativa se podría solventar bien”.
“Si queremos llamarlo ‘emergencia’ es válido, siempre y cuando nos permita atacar al problema de raíz y actuar de manera inmediata entregando fondos, contar con personal administrativo que se encargue de alguna manera de adelantar evaluaciones, concursos de méritos y oposición, solventar necesidades básicas para el buen servicio en unidades, tanto judiciales como fiscales. Pero de allí que se diga que el sistema está ‘en emergencia’ para nombrar jueces a dedo, hacer evaluaciones flash dirigidas a ciertos jueces que, según las autoridades, no están cumpliendo su trabajo o simplemente les resultan incómodos más allá de una decisión judicial es grave, porque eso atenta contra la independencia judicial y contra la propia democracia”, argumenta.
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Muñoz comenta que, en efecto, en la Función Judicial se necesitan cambios profundos, pero estos “deben ir apegados a la Constitución y a la ley”.
“La nueva ley incluye reformas al Código Orgánico de la Función Judicial para declarar en emergencia a esa función y se ponen cuestiones con las que no estoy de acuerdo, como el hecho de establecer un régimen expedito para la carrera judicial. ¿Qué se entiende por régimen expedito? ¿Eso va a implicar que existan jueces temporales? Eso es grave. Asimismo que se realicen evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales, para lo cual no existen parámetros establecidos. Esto puede ser una nueva metida de mano a la justicia y no una solución”, señala.
Peñafiel, quien fue legislador en el periodo anterior, sostiene que si el Consejo de la Judicatura hubiese hecho bien su trabajo de control disciplinario de los servidores judiciales, la justicia no estaría en esta situación.
“El CJ tiene la facultad disciplinaria y de iniciar procesos cuando los jueces han cometido un error inexcusable o han faltando a sus funciones. Esa facultad se la tiene que ejercer ordinariamente en el marco legal ordinario y en el origen ordinario de los eventos. Si ahora quiere usar la nueva para poner jueces golondrina, lo que esta haciendo es demostrado... es que no ha podido cumplir con su obligación disciplinaria”, opina.
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Entonces, concluye que “esta pretensión de declaratoria de emergencia, en el contexto de la inseguridad y de la nueva ley, es para poner jueces propios, que tengan conexión política con la actual Judicatura”.
Peñafiel recuerda que él planteó un juicio político contra Godoy “que nadie en la Asamblea Nacional quiere procesar” por sus vinculaciones políticas. Así que ve con preocupación los anuncios del funcionario, de quien dice que “no tiene independencia e imparcialidad políticas”. (I)
