El partido político Fuerza Ecuador (FE), fundado por Abdalá Dalo Bucaram Pulley, fue eliminado del Registro Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión se ratificó en el marco de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que negó un auto de archivo por falta de legitimación activa, a un recurso subjetivo contencioso que planteó el partido para evitar su extinción.

El 27 de noviembre de 2021, el CNE con resolución administrativa dispuso la extinción de FE y de otros movimientos nacionales, como Justicia Social, Ecuatoriano Unido, Concertación y Unión Ecuatoriana, por no alcanzar el umbral de votos en los comicios seccionales del 2019 y generales del 2021.

Estas agrupaciones incurrieron, según el Consejo, en el incumplimiento del numeral 3 del artículo 327 del Código de la Democracia que establece la cancelación, en el caso de que no obtengan el 4 % de los votos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional; o al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o al menos el 8 % de alcaldías; o por lo menos un concejal en cada uno de, al menos, el 10 % de los cantones del país.

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Sus representantes legales asistieron al TCE con recursos subjetivos para mantener su personería jurídica, y hasta el momento, con sentencias de última instancia se ratificó la eliminación de Unión Ecuatoriana, Concertación y, ahora, Fuerza Ecuador.

Este partido fundado por Dalo Bucaram respondía a la lista 10, el mismo distintivo que perteneció al extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), con el que Abdalá Bucaram Ortiz, su padre, llegó a la Presidencia de Ecuador en 1996.

El fallo con el que se configuró la extinción de FE se aprobó el 7 de marzo con el voto de mayoría de los jueces Patricia Guaicha, Joaquín Viteri y Guillermo Ortega. Arturo Cabrera y Ángel Torres emitieron un voto salvado.

El proceso se inició con la presentación de un recurso subjetivo en contra de la resolución del CNE y que tuvo como juez sustanciador a Fernando Muñoz.

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Muñoz no se pronunció sobre el fondo del proceso, pero archivó la causa por falta de legitimación activa, pues el Consejo Electoral no tenía en sus registros la formalización del encargo de la dirección del partido a Xavier Aguirre.

En su defensa, Aguirre alegó que se mantuvo en la dirección desde el 10 de septiembre hasta el 11 de abril de 2021 y luego desde el 10 de noviembre de 2021 hasta la actualidad.

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Sin embargo, esta decisión se comunicó al CNE recién el 19 de diciembre de ese año y no dentro del término de diez días que establece el reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas. Es decir, FE no notificó al Consejo que Aguirre había sido prorrogado en esa función.

Así, el Tribunal confirmó que Aguirre no estaba facultado para interponer el 2 de diciembre de 2021 el recurso subjetivo contencioso en contra de la resolución del CNE que determinó la extinción del partido.

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Bajo estas premisas, la sentencia de Muñoz, que negó el recurso, quedó en firme por falta de legitimación activa, a la vez que se agotaron los plazos para presentar una nueva acción a la decisión del CNE, pues el reglamento para sustanciar las causas da un término de tres días para ingresarlos. Esos plazos fenecieron en diciembre del 2021, según se explicó en el Tribunal.

Este Diario intentó conocer un pronunciamiento de Aguirre, pero no hubo respuesta.

El expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz era afiliado a Fuerza Ecuador.

FE obtuvo su personería jurídica el 10 de septiembre de 2015, después de un proceso de recolección de firmas que impulsó Dalo Bucaram. La presidencia estaba a cargo de su padre, Abdalá Bucaram.

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Dalo Bucaram fue candidato presidencial en las elecciones del 2017, pero no alcanzó los votos. En la contienda electoral del 2021, FE postuló a Bucaram Ortiz como candidato a asambleísta nacional, pero su votación no superó el 5 %; mientras que su candidato presidencial Carlos Sagnay de la Bastida registró un porcentaje de votación del 0,29 %.

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Este es un nuevo revés para la familia Bucaram, pues el 9 de marzo de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció que Abdalá Bucaram, su esposa, María Rosa Pulley, y sus hijos Jacobo, Abdalá (Dalo) y Michel Bucaram Pulley fueron declarados “no elegibles” para ingresar a su territorio.

La decisión se había tomado por “su participación en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos”, recogió un comunicado diplomático.

Se agregó que “durante su mandato como presidente de Ecuador, Bucaram se involucró en múltiples actos de corrupción, que incluyen aceptar sobornos y malversar fondos públicos. Bucaram todavía no ha rendido cuentas por su traición a la confianza pública”.

En el 2020, cuando el país vivía un estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, se le iniciaron tres procesos penales: por tráfico de bienes culturales, del que fue sobreseído; por delincuencia organizada en la compra de insumos médicos, del que inicialmente fue sobreseído, aunque se revocó la decisión; y por tráfico de armas, en el que aún no se realiza la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. (I)

Justicia Social y Ecuatoriano Unido aún disputan su existencia en el TCE

Con sentencia de primera instancia, dictada por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Fernando Muñoz, se ratificó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de extinguir a Ecuatoriano Unido, que entre sus militantes tenía al hermano del expresidente Lenín Moreno, Edwin Moreno.

Muñoz argumentó en su fallo que la organización no ha participado “en forma amplia en los procesos electorales y tiene un porcentaje de votación inferior al 4 % en dos elecciones, y tampoco tiene los escaños previstos en el artículo 327 número 3″ del Código de la Democracia, por lo que corresponde su extinción.

El representante de esta agrupación, Julio César Loayza, apeló a esta sentencia para que el pleno del TCE resuelva en última y definitiva instancia.

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En tanto, el movimiento Justicia Social, constituido por Jimmy Salazar (esposo de la exasesora del exmandatario Rafael Correa, Pamela Martínez), tiene como director encargado a Jimmi Salazar Sánchez, quien solicitó una audiencia de estrados para exponer sus alegatos en contra de la extinción.

En primera instancia, el juez Arturo Cabrera rechazó el recurso subjetivo electoral, dejando en firme la resolución del Consejo Electoral. Salazar apeló y solicitó esta audiencia de estrados. La audiencia está convocada para el próximo 22 de marzo a las 15:00. (I)