El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley urgentes para la sostenibilidad y la eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados y para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía.
Los proyectos se denominan Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
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La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para tramitar la propuesta del Ejecutivo en dos debates, para lo cual se necesitan 77 votos.
El último proyecto de ley urgente que remitió el Ejecutivo tiene relación con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional e incluye incentivos tributarios y facilidades para las donaciones destinadas a la seguridad interna.
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El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, explicó que el Gobierno está habilitado para presentar los dos proyectos urgentes debido a los estados de excepción vigentes.
Sostenibilidad y eficiencia del gasto de los GAD
El proyecto urgente que reformaría el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados apunta a superar el problema público sobre la rigidez del gasto corriente y el desplazamiento de la inversión. Para ello, la reforma orienta el gasto hacia inversión, mantenimiento y servicios públicos, que son obligaciones constitucionales de los GAD, y ataca el mal diseño del gasto.
La reforma establece una regla clara y verificable para que los GAD destinen un mínimo del 70 % de su presupuesto para inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. Es una regla fiscal con trazabilidad, control y rendición de cuentas.
El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, indicó que este proyecto pretende cohesionar los gastos de los GAD con el Plan Nacional de Desarrollo, porque se ha visto la falta de obra de desarrollo social en las comunidades autónomas, lo cual presiona al Gobierno central.
Proyecto urgente sobre minería y electricidad
El Ejecutivo al fundamentar la necesidad de las reformas en minería y energía eléctrica señala que estos dos sectores enfrentan restricciones regulatorias, fragmentación normativa y ausencia de condiciones mínimas de seguridad jurídica, lo que ha provocado paralización y ralentización de proyectos, caída de inversión, pérdida de ingresos fiscales y expansión de actividades ilegales, como la minería ilegal con impactos fiscales, ambientales y de seguridad.
Las reformas plantean la inmovilización de inversión y la pérdida inmediata de ingresos fiscales. El Ejecutivo considera que el régimen vigente en minería ha generado demoras administrativas estructurales, inmovilizando capital y retrasando la entrada en operación de proyectos estratégicos, en un contexto de restricción fiscal y limitada capacidad de endeudamiento del Estado, postergando ingresos tempranos, como patentes, regalías anticipadas e impuestos.
La reforma simplifica y racionaliza actos administrativos, reduce plazos y elimina cargas procedimentales desproporcionadas, además de incorporar mecanismos de promoción de la inversión, como los clústeres mineros integrales, que permiten coordinar la infraestructura y los servicios habilitantes y liberar capital mediante la reactivación de inversiones y la aceleración de generación de flujos fiscales, sin crear nuevos tributos ni aumentar el gasto público.
La minería constituye una fuente relevante de ingresos no tributarios, señala el Ejecutivo, pero la ausencia de reglas claras de trazabilidad y priorización territorial ha reducido la eficiencia económica de estas rentas y elevado el riesgo de conflictividad y paralización de proyectos con un impacto directo en la recaudación.
Por ello, el proyecto urgente establece mecanismos de registro, trazabilidad y priorización del uso territorial de la renta minera, asegurando que los recursos se traduzcan efectivamente en inversión social verificable, mejorando el rendimiento del gasto público y reduciendo riesgos fiscales y operativos.
En cuanto a la informalidad, la minería ilegal y la erosión de la base fiscal, la reforma redefine el régimen artesanal, pues fortalece los mecanismos de control y promueve la transición ordenada hacia esquemas formales, lo que permite ampliar de manera inmediata la base de contribuyentes, proteger los flujos de inversión y exportaciones y resguardar ingresos fiscales clave, sin aumentar impuestos, en un contexto de vulnerabilidad fiscal.
En torno a las reformas en electricidad, se proponen la restricción fiscal y la liquidez para la preservación de la caja pública, para lo cual se habilitan esquemas excepcionales de concesión y delegación que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, trasladan riesgos al operador privado y evitan desembolsos iniciales, con ahorros cercanos a los $100 millones por proyecto concesionado, preservando liquidez pública y evitando nueva deuda.
Otro aspecto de la reforma se refiere a la continuidad productiva y la reducción de pérdidas económicas por déficit eléctrico, para lo cual se introducen instrumentos para diversificar la generación, fortalecer la capacidad instalada y habilitar esquemas de autoabastecimiento y autogeneración, reduciendo la probabilidad de racionamientos y protegiendo la continuidad del aparato productivo y de los ingresos fiscales.
La propuesta del Ejecutivo también aborda la diversificación de la matriz y la reducción de vulnerabilidad a choques externos, para lo cual crea condiciones jurídicas para acelerar la inversión en generación y transmisión, incorporar energías renovables y modernizar la matriz energética, reduciendo costos sistémicos y protegiendo las finanzas públicas frente a choques recurrentes, sin incrementar impuestos ni gasto público. (I)