Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), indicaron en un comunicado que se apartaban de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice sobre otras instituciones.
El anuncio de estos dos consejeros se dio después de que Alembert Vera, presidente del CPCCS, anuncie la conformación de una veeduría ciudadana que vigilará, diagnosticará y evaluará las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC) por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t), creado por la consulta popular de 2018.
La conformación de la veeduría surgió por orden del juez multicompetente de la Unidad Judicial de Montecristi, en Manabí, Patricio Quimís Sornoza, quien aceptó una acción de protección interpuesta por Betty Moreira Marcillo.
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Calvache y Fantoni indican en su comunicado: “Somos respetuosos de la independencia judicial interna y externa, del debido proceso y de la autonomía que gozan los demás poderes del Estado, motivo por el cual nos deslindamos y apartamos de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir y/o decidir sobre otras instituciones, continuando con nuestras acciones dentro del ordenamiento constitucional y legal vigente”.
Poco después del anuncio del presidente del CPCCS sobre la veeduría, la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la CC dijo que requirió información sobre este tema a la Fiscalía General del Estado, al CPCCS, así como al juez de Montecristi.
El pleno de la CC emitió el 7 de mayo de 2019 el dictamen interpretativo n.º 2-19-IC/19, en el que los jueces constitucionales ‘blindaron’ las decisiones que tomó el CPCCS-t en el marco de la evaluación y designación de las principales autoridades de control del Estado, con base en el pronunciamiento popular del plebiscito de 2018.
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En los oficios de la Secretaría Técnica Jurisdiccional dirigidos a Vera, Quimís, así como a la fiscal general, Diana Salazar, se les recuerda este dictamen interpretativo. Además, se les pide que envíen en el plazo improrrogable de 24 horas informes y expedientes, para verificar el cumplimiento del dictamen en cuestión. (I)