Con la destitución dispuesta por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) contra la jueza anticorrupción Gabriela Lara, el Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A queda incompleto a once días de la fecha de la audiencia de juicio contra 16 personas naturales, entre las que está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis empresas acusadas del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
Lara era parte de la Sala de Juzgamiento que convocó para el sábado 7 de marzo próximo, para instalar la audiencia de juicio contra los 22 procesados. Además de la jueza hoy destituida, del tribunal hacen parte los jueces Jorge Sánchez (ponente) y Clara Soria.
La tarde del martes 24 de febrero pasado, los vocales Magally Ruiz, Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y el presidente encargado del CJ, Damián Larco, decidieron destituir a los jueces anticorrupción Gabriela Lara y Christian Quito, investigados por ser parte de una red de corrupción dentro del caso conocido como Fachada, en el que se habría intentado de forma irregular liberar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, cabecilla de los Comandos de la Frontera.
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En providencia de enero pasado, los jueces Sánchez, Soria y Lara indicaron que la audiencia de juzgamiento se desarrollará entre el 7 y el 21 de marzo próximo, es decir, durará quince días. El sábado 7 y domingo 8 de marzo la jornada irá entre las 08:00 y las 13:00, y a partir del lunes 9 desde las 08:30 y en horario extendido, “garantizando su continuidad ininterrumpida hasta su conclusión”.
Pese a los hechos dados el día del allanamiento en el caso Fachada, lo ubicado en los teléfonos incautados, los cerca de $ 92.000 localizados en una caja de zapatos y otras graves acusaciones y elementos que existían en contra de los dos jueces anticorrupción, tanto Lara como Christian Quito continuaban ejerciendo sus funciones de jueces especializados en temas de corrupción y crimen organizado e incluso existía un informe de agosto de 2025 recomendando que los declaren inocentes.
El documento presentado a la vocal Magaly Ruiz, el cual proponía la declaratoria de inocencia de los jueces, fue elaborado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, durante la presidencia de Mario Godoy. Actualmente el equipo técnico que sugirió se declare inocentes a los dos jueces anticorrupción enfrenta un sumario administrativo.
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En el caso Triple A quienes integran el Tribunal de Juicio deben pronunciarse ante la excusa presentada por el magistrado Christian Fierro, juez que originalmente integró la Sala de Juicio. El viernes último, luego de que el pleno del CJ levantó la suspensión de funciones de tres meses dispuesta contra Fierro, él presentó su excusa para así dejar de ser parte del tribunal que debe instalar la etapa de juzgamiento para analizar si son o no responsables del tráfico ilícito de combustibles los 22 llamados a juicio.
Por otra parte, pero en la misma causa, para prevenir que los abogados de los procesados en el caso Triple A invoquen eventuales causales de nulidad que puedan generar dilaciones indebidas en la tramitación de la causa, la defensa de la empresa pública Petroecuador, acusadora particular en el proceso penal, solicitó al juez anticorrupción Carlos Serrano que ‘evalúe’ la pertinencia de excusarse dentro de la causa.
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Serrano es parte del Tribunal que originalmente fue sorteado para hacerse cargo de la fase de juicio del caso Triple A. Él actualmente no se encuentra en el país, pues presentó su renuncia al cargo en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado el 17 de diciembre pasado, luego de que denunció presiones de funcionarios del CJ y recibió amenazas dentro de un caso en el que fue parte del tribunal que sentenció, con voto de mayoría, al serbio Jezdimir Srdan, acusado de un lavado de activos relacionado con el narcotráfico. Esa renuncia no ha sido aceptada hasta el momento por el CJ.
Lo que procede es que inmediatamente se haga cargo de las causas de la jueza Lara, incluido el caso Triple A, quien por sorteo haya sido señalado para asumir la carga procesal del despacho de la magistrada destituida. (I)
