Desde la Judicatura se solicita al Ministerio del Interior que se fortalezcan esquemas de seguridad de los jueces que integran el Tribunal de Juicio del caso Metástasis

“La organización criminal involucrada en el caso Metástasis ha demostrado patrones de conducta que incluyen la posible planificación de acciones violentas dirigidas contra operadores de justicia, así como intentos de interferencia en el funcionamiento del sistema judicial. Por eso es crucial fortalecer la seguridad”.Con esa frase el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, respaldó la petición hecha por los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que llevan el caso Metástasis, Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loaiza . Los magistrados nacionales solicitaron al Ministerio del Interior, a la Comandancia de la Policía y a la Dirección Nacional de Seguridad y Protección (Dinpro) para que se continúe con resguardo policial y refuerzo del resguardo proporcionados a los miembros del tribunal de juzgamiento. Hace unas semanas la jueza ponente de la Sala de Juicio de Metástasis denunció haber recibido amenazas, explicando que en algunos de los mensajes con amenazas que ha recibido se habla sobre casos en particular, sobre tiempos, de que después de tal fecha “veremos y te buscaremos debajo de un hueco”. Pese a ello, afirmó que no podría determinar o identificar de dónde vienen los amedrentamientos. Para definir los responsables e identificarlos, Caicedo aseguró haber presentado una denuncia en la Fiscalía y anticipó que ejercerá las acciones necesarias para salvaguardar su vida e integridad y las de quienes son parte de su familia. Dijo que alzaba la voz para decir “que seguía en riesgo, que seguía siendo amenazada”, pero que seguirá haciendo su trabajo con la misma convicción y esperando que Ecuador, las autoridades y sus instituciones precautelen su seguridad. La decisión de denunciar ante la Fiscalía fue dada a conocer por Caicedo en su cuenta personal de la red X en un mensaje escrito el miércoles 23 de abril último. Lo hacía, explicó la jueza penal de la CNJ, luego de una profunda reflexión sobre la situación actual de seguridad y de la que se desprendió la decisión de continuar siendo magistrada en la Corte Nacional, de continuar sirviendo a Ecuador desde lo que ella sabe hacer: “administrar justicia en el ámbito penal”. Días antes de que se conozca sobre las amenazas recibidas por Mercedes Caicedo, las cuales incluirían la identificación de su domicilio, la existencia de seguimientos, la toma de fotografías y el involucramiento de la familia de la magistrada, el 1 de abril pasado, como ponente del tribunal de juzgamiento del caso Metástasis, la jueza Caicedo emitió una providencia en la que se habla de la seguridad y las características del proceso penal en el que mediante un juicio ordinario se sentenció como culpables del delito de delincuencia organizada a 20 de las 21 personas que llegaron a esta etapa procesal.En el numeral nueve del ordinal II del auto dictado el martes 1 de abril pasado, y firmado por los integrantes de la Sala, se señala: “Considerando la naturaleza de la causa, el modus operandi de la organización (evidenciándose el planeamiento de asesinatos a jueces y fiscales, la manipulación judicial y comunicacional) y hasta los fines principales de la organización y, tomando en consideración que muchas de las personas condenadas se encuentran en libertad, este Tribunal requiere del Estado asistencia de seguridad y en consecuencia protección para sus miembros con el fin de precautelar su integridad y vida”.Los integrantes de la Sala de Juicio, quienes aún están a cargo del caso Metástasis, pues tramitan las contestaciones a los pedidos de ampliación y aclaración hechos a la sentencia de primer nivel, dispusieron que se remitan los respectivos oficios al Ministerio del Interior, a la Comandancia General del Estado y a la Dirección Nacional de Seguridad y Protección (Dinpro), para que se continúe con resguardo policial y refuerzo del resguardo proporcionados a los miembros del Tribunal, es decir, Caicedo, como ponente, Rodríguez y Loaiza.Este pedido se realizaría, se aclara en la providencia, con el fin de garantizar el principio de imparcialidad, toda vez, se dice, que “se continúa con la tramitación de la presente causa en la etapa de juicio para aquellos que no se había continuado en audiencia y sobre los que se presentaren”.Mediante un comunicado, el CJ reiteró el compromiso irrestricto con la protección de los servidores judiciales y la integridad del sistema de justicia. Además, informó que el 22 de abril pasado, el presidente Godoy envió al ministro del Interior, John Reimberg, un oficio en el que solicitó que se fortalezcan las seguridades que mantienen los tres jueces de la Corte Nacional que emitieron sentencia en el denominado caso Metástasis.Godoy agregó que en ese proceso judicial “varias personas sentenciadas aún se encuentran en libertad, lo que incrementa de manera significativa los riesgos para la integridad de los jueces que intervinieron en la causa”.Desde la Judicatura se destacó que, entre 2024 y lo que va de 2025, la Dirección General del CJ ha recibido un total de 40 solicitudes de protección individual por parte de jueces. En el 2024 fueron 33 en trece provincias; mientras que entre enero y el 25 de abril pasado se han presentado siete en tres provincias. El 26 de noviembre pasado, de forma unánime, Caicedo, Rodríguez y Loaiza decidieron que Xavier N. A., alias Novi o Novita, abogado cercano al narcotraficante Leandro Norero , debía ser sentenciado como líder de la “estructura criminal” a diez años de cárcel; mientras que como colaboradores debían ser sentenciados el exjuez de la CNJ y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, alias Diablo ; Pablo Ramírez, exdirector del SNAI; entre otras 17 personas que recibieron condenas que van desde los tres años y cuatro meses de cárcel hasta los nueve años y cuatro meses de prisión.Terán, Ramírez, los exjueces Ronald Xavier G. C., Johann Gustavo M. M. y Carlos Alfredo Z. N.; la exfiscal del Guayas María José A. C.; la perita policial Doris Soraya O. F.; los expolicías Armando Heriberto R. T., Ángel Danilo L. P., Fernando Andrés G. A. y Edinn Alexander I. C.; y el exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas Víctor Hugo A. B. fueron ubicados como colaboradores y a su sentencia se sumó la agravante de haber sido servidores públicos al momento de la comisión del delito. Por ello se les impuso una pena de nueve años y cuatro meses de prisión. (I)

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