La Asamblea Nacional aprobó con 82 votos, este martes 3 de junio, la presencia de bases militares extranjeras con fines militares en territorio nacional.
Sin embargo, la propuesta de Daniel Noboa no entra en vigencia de inmediato y aunque el 15 de octubre de 2024, la Corte Constitucional emitió un primer dictamen que la respaldó, ahora debe volver por un segundo dictamen antes de ser enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que organice el proceso electoral para que los ecuatorianos vayan a las urnas a pronunciarse en un plazo de 45 días.
“El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación”, consta en el artículo 442 de la Constitución.
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El 17 de octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial a la Constitución a través del Decreto Ejecutivo n.º 425, en el que proponía reformar el artículo 5 de la Constitución de la República para que este únicamente señale lo siguiente: "El Ecuador es un territorio de paz".
Noboa remitió a la Asamblea el proyecto de reforma parcial en el que plantea la siguiente pregunta:
“Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
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¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
El anexo de la pregunta señala: Sustitúyase el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente: Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz.
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El informe que aprobó el Legislativo sostiene que la reforma al artículo 5 de la Constitución se sustenta sólidamente en diversos instrumentos internacionales ratificados por Ecuador que promueven la seguridad cooperativa frente a amenazas transnacionales, mientras que el dictamen previo de la Corte Constitucional y la aprobación legislativa con condiciones específicas garantizan plenamente que las bases militares extranjeras operen en estricto cumplimiento de los intereses nacionales y con absoluto respeto a la soberanía ecuatoriana, constituyendo así una respuesta necesaria ante la actual crisis de seguridad que enfrenta el país.
¿Cómo se daría la presencia de las bases extranjeras?
La reforma al artículo 5 permitiría al Ecuador establecer acuerdos bilaterales con países aliados que poseen tecnología avanzada, sistemas de inteligencia de última generación y recursos logísticos que actualmente no están disponibles para las fuerzas nacionales.
Además, la cooperación internacional podría incluir programas de capacitación y transferencia tecnológica, contribuyendo al desarrollo de capacidades locales a largo plazo y fortaleciendo la institucionalidad en áreas críticas como la seguridad y la justicia.
La presencia de bases militares extranjeras en puntos estratégicos del territorio nacional, como fronteras y puertos, actuaría como un elemento disuasivo frente a las organizaciones criminales que operan en el país.
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En el informe se señala que la reforma también responde a la conveniencia de abordar la realidad de un Ecuador que enfrenta niveles alarmantes de violencia y control territorial por parte de redes delictivas.
Por lo tanto, la instalación de bases militares extranjeras permitiría un control más eficiente de las rutas de tráfico ilícito, especialmente en zonas críticas como el océano Pacífico y las fronteras con Colombia y Perú, donde se concentra gran parte del flujo de drogas y armas. Además, la vigilancia aérea y marítima de estas bases fortalecería la protección territorial, reduciendo los niveles de violencia y garantizando la estabilidad social y económica del país.
Este enfoque estratégico, añade, permitiría al Ecuador recuperar territorios controlados por redes delictivas y proteger a las comunidades vulnerables que han sido afectadas por el crimen organizado.
El informe aprobado señala que la presencia de bases militares extranjeras podría ser utilizada como un punto de coordinación para esfuerzos multilaterales, posicionando al Ecuador como un actor clave en la seguridad regional. Este enfoque no solo contribuiría a la estabilidad interna, sino que también mejoraría la imagen internacional del país como un socio confiable en la lucha contra las amenazas transnacionales, atrayendo inversiones y fortaleciendo su posición geopolítica en la región.
Pues la expulsión de bases militares extranjeras y organismos internacionales de apoyo al combate contra el narcotráfico en Ecuador dejó a las fuerzas nacionales sin acceso a equipamiento tecnológico avanzado, capacidades de interdicción aérea y marítima, y redes de inteligencia especializadas.
En el texto se resalta que la violencia que hoy afecta a Ecuador no es un fenómeno aislado. El crimen organizado que opera en el país está vinculado con carteles mexicanos, pandillas centroamericanas, fuerzas irregulares colombianas, mafias europeas y organizaciones asiáticas y africanas.
El arsenal de estas organizaciones incluye armamento de guerra, como fusiles automáticos, granadas y metrallas antiaéreas, que superan ampliamente las capacidades de las fuerzas de seguridad locales. Ignorar esta realidad y asumir que puede enfrentarse sin asistencia internacional sería irresponsable.
A nivel económico, el país no cuenta con los recursos suficientes para modernizar su infraestructura militar en el corto plazo; por tanto, la cooperación internacional representa una vía estratégica y necesaria. Las bases extranjeras no solo aportarían capacidad de respuesta inmediata, sino también transferencia de tecnología, formación especializada y recursos materiales para combatir delitos como el tráfico de drogas, armas y personas. (I)
