Defensa de las hijas de Fernando Villavicencio ya piensa en alternativas ante el retorno de la jueza Daniela Ayala al conocimiento del caso Magnicidio FV

Este 8 de enero concluyen los 30 días de suspensión del cargo sin goce de remuneraciones que se ratificó contra la jueza Daniela Ayala con el voto de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Magally Ruiz, Fabián Fabara, Damián Larco y Alfredo Cuadros, y del presidente de la institución, Mario Godoy. Eso significa que desde mañana, Ayala retomaría su despacho y las causas que mantiene al ser parte de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, entre ellas, el caso Magnicidio FV.Con la salida de Ayala, la jueza Luz María Ortiz asumió el caso que investiga inicialmente a cuatro supuestos autores intelectales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, hecho ocuirrido el 9 de agosto de 2023. El reemplazo debía durar desde el 15 de septiembre pasado hasta que concluyan los tres meses de suspensión temporal que el anterior CJ decidió inicialmente, previo a la sanción. El exministro del correísmo José Serrano; los llamados a juicio en el caso Metástasis, Xavier Jordán y Ronny Aleaga; y el sentenciado por casos de corrupción en el sector de la salud y la justicia Daniel Salcedo fueron los primeros procesados. Con la salida de Ortiz, el caso pasó a manos del juez de Pichincha, Geovanny Freire, quien en los pocos días que estuvo a cargo de la causa decidió suspender la audiencia de vinculación al caso Magnicidio FV de tres cabecillas del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. Con la decisión, del 26 de diciembre de 2025 la diligencia de vinculación pasó para el 28 de enero de 2026. Al momento quien estaría en conocimiento del caso Magnicidio sería la jueza Ana Guerrón, magistrada que deberá entregar la causa relacionada a Villavicencio a la jueza Ayala.De concretarse el regreso de Daniela Ayala al caso, sostiene Patrticio Rosero, abogado de Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del político asesinado y acusadoras particulares en Magnicidio, como parte procesal ellos solicitarán primero que se excuse la jueza y de no darse esa situación, interpondrán una demanda de recusación.“Existe una enemistad manifiesta, por lo que ha habido para la sanción en este mismo caso. Entonces, su objetividad perderá todo sentido. Tendrá, justamente, una animadversión respecto a todo lo actuado”, señaló Rosero.En el sumario administrativo que terminó con una sanción de suspensión del cargo de 30 días, a Ayala se le imputaba que en la audiencia de formulación de cargos en el caso Magnicidio FV, el 3 de septiembre pasado, ella emitió comentarios que se alejan totalmente de su rol como jueza, acusando que la fiscal de esa causa, Ana Hidalgo, que no tiene la capacidad de actuar objetivamente en la causa y, por tanto, debe retirarse de su conocimiento. Según la Fiscalía, que fue la instancia que presentó la denuncia contra Ayala, la entonces jueza emitió comentarios personales, indicando que la Fiscalía General del Estado no debe ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno e induciendo sin fundamento alguno a que el trabajo que ha realizado la Fiscalía no se ajusta a un criterio técnico sino a temas políticos. “Las expresiones manifestadas (...) exceden la función de la jueza de dirección y vigilancia procesal, y se convierten en una reprimenda personal dirigida a cuestionar la idoneidad profesional de la fiscal. Además, dichas expresiones constituyen inicialmente una agresión de palabra, pues se traducen en un trato verbal impropio hacia otra servidora de la Función Judicial. No se limitan a un correctivo procesal, sino que cuestionan su capacidad profesional, su idoneidad y su aptitud para ejercer el cargo dentro de la audiencia”, señala el informe aprobado por el voto de los cuatro vocales de la Judicatura y el presidente Godoy.El análisis hecho para proponer la suspensión de 30 días sin sueldo incluyó la referencia de que la conducta de la jueza sumariada no se limitó a una agresión verbal, en los términos tradicionales de la doctrina, puesto que, se dijo, a medida que la diligencia avanzó, la intensidad y orientación de sus comentarios habrían adquirido un matiz que afectó no solo a la fiscal Hidalgo en lo personal, sino también a la institución que representa. Así, se recordó, la jueza señaló textualmente: “No estamos en una tertulia ni hablando con nuestros primos o tíos para priorizar sobre lo que pasó. La Fiscalía no puede realizar alegaciones basadas en supuestos y conjeturas. Luego añadió una expresión de mayor gravedad institucional manifestando que la Fiscalía no es un brazo ejecutor del político de turno, su obligación es actuar responsablemente y garantizar el derecho a la verdad”. Con el voto de los vocales Ruiz, Fabara, Larco y Cuadros y del presidente Godoy se ratificó no solo la negativa al recurso de apelación interpuesto por la jueza Ayala, sino también la resolución sancionatoria expedida el 8 de diciembre de 2025 por Jorge Mauricio Maruri, director general del CJ, mediante la cual se impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneraciones por el plazo de 30 días.Rosero muestra preocupación no solo por lo que pueda suceder con la jueza Ayala, si retoma las causas de su despacho y, en especial, la que investiga la muerte del periodista y político Fernando Villavicencio.También le generan dudas acciones como no dar respuesta a pedidos hechos por ellos y la Fiscalía para que se adelante la audiencia de vinculación o las situaciones administrativas que se están dando en otros procesos que se han desprendido del caso principal. “(...) Estamos día a día pendientes de lo que se está dando. A nosotros, aparte de la batalla judicial, nos toca enfrentar una batalla administrativa, porque están manejándose de una manera totalmente, podría decirlo, que creo que ya rayaría inclusive en la ilegalidad”, explicó el abogado Rosero. (I)

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