Críticas y pedidos genera vinculación de personal al Consejo de la Judicatura a nivel nacional; desvinculaciones ‘buscarían mejorar la atención’ a los usuarios del sistema de justicia

El ingreso de un número aún no definido de funcionarios al Consejo de la Judicatura (CJ), desde el 1 de abril pasado, es el foco de atención del Colegio de Abogados de Pichincha e incluso del asambleísta independiente Fernando Villavicencio, quien asegura que el nuevo personal tiene que ver con “cuotas políticas”. La respuesta de la Judicatura es que el ingreso de nuevos funcionarios -del cual no se da un numérico oficialmente- obedece al reemplazo de exfuncionarios con los que se mantuvo una relación jurídica bajo la modalidad de contrato ocasional. Según el CJ, el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público faculta a las instituciones del Estado, como el Consejo de la Judicatura, a terminar unilateralmente los contratos ocasionales. “El reciente proceso de desvinculación de los exservidores que se hallan bajo esa modalidad tiene como objetivo mejorar la atención a los usuarios del sistema judicial, a través de funcionarios con un mejor perfil profesional”, se señaló desde el CJ mediante un comunicado público. Ante la “desvinculación masiva de un importante componente de servidores judiciales” en la provincia de Pichincha, el directorio del Colegio de Abogados de esta provincia, el cual tiene como nuevo presidente al abogado penalista Paúl Ocaña, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura para que revise esta decisión y así la administración de justicia pueda seguir sirviendo a la sociedad.Desde el Colegio de Abogados de Pichincha se aseguró que estarán vigilantes a que se realicen las consultas técnicas necesarias para evitar afectaciones al derecho laboral de los funcionarios desvinculados y el de la colectividad usuaria de la administración de justicia. “El servicio judicial, además de ser un trabajo de los abogados como sustento de sus vidas y sus familias, es un derecho y garantía de todos los ciudadanos que no puede verse afectado, más aún en la sustanciación de las causas”. El 5 de abril pasado, el legislador Fernando Villavicencio escribió en su cuenta de Twitter: “Mientras los delincuentes más peligrosos salen en libertad gracias a jueces malandros, de golpe y porrazo más de 200 nuevos empleados ingresaron al Consejo de la Judicatura por orden de Wilman Terán. Esas son cuotas del poder del correato y el PSC”. El trino fue acompañado de documentos en los que se dispone realizar los procesos de selección del personal para cubrir las necesidades de las direcciones provinciales y que la vinculación regirá desde el 1 de abril de 2023, además listados con nombres a quienes vincular en las provincias del Guayas, Chimborazo, Carchi, Cotopaxi, El Oro, entre otras. Villavicencio aclaraba que el personal vinculado no son ni jueces ni fiscales, sino “burócratas, cuotas políticas, punto”.La decisión fue adoptada dentro de mes y medio que tiene en funciones como presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán. El 16 de febrero pasado, Terán arrancó formalmente los 23 meses que le restan como presidente titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. El CJ ha asegurado que está ejecutando todas las acciones necesarias para que los ecuatorianos tengan acceso a una justicia de calidad. Justamente la noche del lunes último se suspendió la audiencia por la acción de protección que planteó como ciudadano Wilman Terán contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el ministro de Economía, Pablo Arosemena. La acción busca exigir el presupuesto adecuado para un correcto trabajo de la Función Judicial.Terán demanda que se declare que el Ejecutivo ha vulnerado derechos de actuales y exfuncionarios del sistema de justicia y de ciudadanos que no han tenido el correcto servicio, y pide que como medida de reparación integral se entreguen $ 265 millones, dineros que serían el resultado de una reducción en el presupuesto entregado en los últimos diez años.Desde el Ejecutivo se asegura que se han entregado los recursos que la institución ha requerido formalmente y en audiencia incluso se indicó desde la parte accionada que en los últimos diez años el Ministerio de Economía ha asignado a la Función Judicial $ 4.497 millones, de los cuales la Judicatura ha ejecutado el 85 % y que “$ 500 millones han sido devueltos a las arcas fiscales”. El miércoles 19 de abril próximo, la jueza de Pichincha Cecilia Pareja reinstalará la audiencia de acción de protección y dará a conocer si acepta o no la petición de Terán o acoge los argumentos entregados por los abogados de las instituciones de Gobierno. (I)

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