Crisis venezolana pondría en riesgo la ‘protección’ que tienen en ese territorio correístas procesados por actos de corrupción cometidos en Ecuador

La detención del líder de la revolución chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, hecho ocurrido la madrugada de este sábado, 3 de enero, mediante una intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, podría poner en riesgo la protección que tienen en Venezuela personajes del correísmo que llegaron a ese país intentando huir del procesamiento penal que se da contra ellos en el sistema de justicia ecuatoriano.Hasta donde se conoce, en Venezuela están el exsecretario de Comunicación y la exministra de Transporte y Obras Públicas del correísmo, Fernando Alvarado y María de los Ángeles Duarte, respectivamente, así como el exlegislador del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga.En octubre de 2018, Fernando Alvarado, luego de retirarse el grillete electrónico que la justicia le había dispuesto dentro del caso denominado Secom, por peculado, envió un mensaje de texto agradeciendo a funcionarios del entonces Ministerio de Justicia y fugó del país hacia Venezuela. Meses después se conocía que el correísta se hospedaba en un hotel de la capital venezolana, Caracas, y era considerado un huésped de la Cancillería de Venezuela. Alvarado en Ecuador mantiene un proceso penal con una condena de segunda instancia por el delito de peculado, en el caso Secom; y una causa sin sentencia por el delito de incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente, procesamiento que se desprende del caso Secom, pues se retiró el grillete electrónico y huyó del país.En septiembre de 2024, los jueces penales Mercedes Caicedo, Julio Inga y Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dentro del caso Secom, decidieron revocar la inocencia dictada en primera instancia contra Alvarado, quien fue el secretario de Comunicación (Secom). Fue declarado coautor del delito de peculado cometido en el año 2014, cuando lideraba la Secretaría de Comunicación en el gobierno de Rafael Correa.La decisión contra Alvarado incluyó condenarlo a una pena de cinco años de cárcel, sentencia que alcanzó también al exsecretario de Medios Institucionales de la Secom, Galo Pacheco; el exsubsecretario de la Secom Pablo Yánez; y Carlos Bravo, gerente de la empresa Gota Azul, que fue ubicado como cómplice y sentenciado a un año y ocho meses de privación de la libertad. En conjunto todos deben pagar una reparación integral al Estado de $ 225.000.Entre las medidas cautelares impuestas por los magistrados en el caso Secom estuvo el que Alvarado usara un grillete electrónico (dispositivo de localización), se presentara cada quince días ante la autoridad competente y tuviera prohibido salir del país. Esas disposiciones no se acataron y, por ello, la Fiscalía inició un proceso paralelo por el incumplimiento de las órdenes dadas.En este último caso, el exlíder de la Secom ha pagado una caución de $ 10.000 para que no siga vigente la orden de prisión preventiva dispuesta por incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente; y su defensa ha pedido que, una vez cancelada la caución, se disponga el levantamiento de todas las medidas cautelares de carácter personal y real. La causa aún tiene pendiente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.María de los Ángeles Duarte también se encuentra en Venezuela bajo la protección de las autoridades de ese país. En marzo de 2023, la condenada por actos de corrupción en el caso Sobornos 2012-2016 huyó hasta ese país, luego de “escapar” de la embajada de Argentina en Quito, en donde se había refugiado desde el 12 de agosto de 2020.El entonces canciller argentino, Santiago Cafiero, se comunicó con el en ese momento ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, para informarle que Duarte y su hijo, de nacionalidad argentina, luego de 31 meses, ya no se encontraban en su delegación diplomática.El ingreso de la exministra Duarte y su hijo a la embajada de Argentina en la capital ecuatoriana se remonta a agosto de 2020, un mes antes de que se conociera que quedaba en firme la sentencia contra ella y otras diecinueve personas acusadas por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos. Duarte fue definida como coautora del cohecho analizado y además de la pena de cárcel se la condenaba a pagar $ 778.000 como reparación integral al Estado.En el caso Sobornos, la justicia investigó la existencia de un esquema de corrupción que se mantuvo durante los periodos presidenciales de Rafael Correa. La teoría de Fiscalía señala que se utilizaron varias instituciones del Estado como plataformas para entregar contratos y convenios con empresas nacionales y extranjeras a cambio de sobornos que tenían la imagen de “donaciones”. Entre los beneficiarios de estos actos de corrupción habrían estado la organización política Alianza País y varios de sus miembros. Según la acusación de la Fiscalía, María de los Ángeles Duarte gestionó varias empresas relacionadas con los procesados para el pago de sobornos a través del cruce de facturas y entregas en efectivo. A cambio, la entonces funcionaria del correísmo adjudicó contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a empresas como Fopeca, Consermin, Hidalgo & Hidalgo, Técnica General de Construcciones (TCG) y Equitesa, Equipos y Caminos S. A.Duarte fue acogida en la embajada argentina en Ecuador como “huésped por razones humanitarias”. Para llegar hasta ese lugar, la exministra de Rafael Correa dejó de cumplir la presentación periódica en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y se retiró el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete electrónico), ambas medidas ordenadas en el caso Sobornos por la jueza de la Corte Nacional Daniella Camacho.Ese incumplimiento de medidas cautelares le valió a Duarte el inicio de otro proceso penal, pero ya no en la CNJ, pues no tenía el fuero de ministra, sino en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta vez la Fiscalía la acusó del delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. Esta causa aún sigue en procesamiento y no existe una condena, aún cuando se mantiene la orden de prisión preventiva.En un comunicado, Duarte agradeció a Argentina por haberle cobijado “ante la persecución” de los Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. “Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la Convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el Gobierno ecuatoriano se convirtió en su rehén política”.Finalmente, uno de los últimos correístas en llegar a Venezuela huyendo de un procesamiento penal en Ecuador fue el integrante de la pandilla Latin King y exlegislador de los registros de la RC Ronny Aleaga. Él llegó a tierras venezolanas luego de salir de Ecuador vía terrestre por Colombia a finales de 2023, poco antes de que se dieran las primeras detenciones dentro del caso Metástasis, proceso penal en el que se investigaba el delito de delincuencia organizada ocurrido dentro de una infiltración de la justicia para favorecer al narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón , familiares suyos y cercanos.En marzo de 2024 fue vinculado a la causa y el 7 de octubre de ese mismo año fue llamado a juicio como colaborador de la “empresa criminal” estructurada dentro del caso Metástasis, la cual estaba manejada por alias Patrón . Según Fiscalía, los actos de colaboración encargados a Aleaga, alias Ruso , estaban direccionados a silenciar a la persona que representaba la mayor fuente de develación de sus actividades delictivas, esto es, Fernando Villavicencio. En esa época, como legislador Villavicencio había denunciado públicamente los hilos de la mafia manejados por Xavier Jordán y Leandro Norero, cuyas declaraciones incluso le valieron varios enfrentamientos en el pleno de la Asamblea con Aleaga. En noviembre de 2024 fue el propio Aleaga quien dio a conocer, en medio del pedido de extradición que impulsaba la Fiscalía de Ecuador, que él mantenía en Venezuela un refugio otorgado ante su “condición de perseguido político”.“Metástasis es la confirmación de dichas aseveraciones. Incluso valiéndose de su posición como legislador por la provincia de Guayas, Ronny Aleaga mal utilizó sus facultades fiscalizadoras para solicitar información respecto a posibles investigaciones previas que la Fiscalía había iniciado en contra de Xavier Jordán, que ahora sabemos era su líder, en una estructura de delincuencia organizada”, sostuvo en audiencia el entonces fiscal general, Wilson Toainga. Para septiembre de 2025, al llamado a juicio que mantenía en suspenso en Metástasis, debido a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia, Aleaga sumó otro procesamiento penal. A él se le formularon cargos por el delito de asesinato, al ubicarlo como uno de los autores intelectuales del crimen, al estilo sicariato, del presidenciable Fernando Villavicencio.Desde ese entonces, Aleaga, quien mantiene una orden de prisión preventiva vigente, es investigado en el caso Magnicidio FV junto con el exministro del Interior del correísmo José Serrano; el también llamado a juicio en Metástasis Xavier Jordán; el sentenciado a más de 34 años de prisión por actos de corrupción en el área de la salud y la justicia Daniel Salcedo; y espera que se concrete la vinculación a la causa de tres cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo ; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor ; y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis .En redes sociales se ha indicado que tras la detención de Maduro y sus esposa y su posterior traslado a cortes judiciales en Nueva York (Estados Unidos) los correístas que se encuentran en territorio venezolano estarían buscando la forma de ingresar a Colombia, país que tiene como presidente a Gustavo Petro, quien es cercano a la tendencia ideológica de izquierda y comparte principios de quienes se identifican con el socialismo del siglo XXI. Hace cinco meses, en una entrevista, el propio expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de cárcel en el caso Sobornos 2012-2016 como autor mediato por instigación, reconoció tener lazos laborales con el Gobierno de Nicolás Maduro. Correa señaló que dos exfuncionarios de su gobierno (2007-2017) trabajan actualmente para el régimen de quien era considerado por muchos sectores como un ‘dictador’.“No es que yo trabajo para (Nicolás) Maduro. Somos asesores económicos de Venezuela. Yo tengo dos personas permanentemente (ahí), exministros de Economía míos, que hacen además un extraordinario trabajo”, señaló el exmandatario ecuatoriano, quien mantiene un llamado a juicio en suspenso por el secuestro del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Bogotá (Colombia) en el año 2012. (I)

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