Pese a ser derogado el decreto 455 emitido el pasado 17 de junio por el presidente Guillermo Lasso, donde disponía varias medidas y la declaratoria de estado de excepción en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura, el pleno de la Corte Constitucional evaluó la normativo y dictaminó la constitucionalidad parcial.

Dentro de la decisión de la Corte se consideró constitucional a las medidas que se dictaminaron sobre la movilización de las Fuerzas Armadas, restricción de ciertos derechos, toque de queda y las requisiciones.

La Corte le insistió a la Presidencia que cuando dicte un estado de excepción por grave conmoción social los hechos deben estar apoyado de material probatorio o justificaciones suficientes que se puedan concluir su real ocurrencia. “Cabe recalcar que, un estado de excepción no es preventivo”.

También señaló que la limitación a la reunión y la declaratoria de zona de seguridad a Quito debían garantizar la protesta pacífica, derechos constitucionales y provisión de servicios básicos.

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Por su parte declaró inconstitucional el control sobre personas extranjeras y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esto último no se había aclarado en qué términos ni las razones para la medida.

La jueza constitucional Alejandra Cárdenas Reyes discrepó con el voto de mayoría y consideró que el decreto debía ser declarado inconstitucional ya que no se demostró una real ocurrencia de los hechos.

El pleno hizo un llamado de atención al presidente por el “manejo inadecuado de las distintas versiones del Decreto Ejecutivo No. 455. En el futuro debe darse una oportuna y cuidadosa publicidad del decreto ejecutivo que expida un estado de excepción”.

Con respecto al decreto 459, que establece el estado excepción en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, avocaron conocimiento este miércoles 22 de junio y comenzaron el control de constitucionalidad. (I)