Una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) fue admitida a trámite y se suspendió temporalmente la vigencia de tres artículos de la Ley que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, al observar que el requisito de representación legal para acogerse a este procedimiento “impone una restricción que podría afectar la integridad y autonomía de las niñas y adolescentes”.