Como una “estigmatización que compromete su seguridad e integridad personal que afecta directamente a la independencia de este organismo”. Así calificó la Corte Constitucional (CC) a la instalación de una valla en la que aparecen los rostros de sus integrantes con la leyenda “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, en las avenidas 6 de Diciembre y Patria, cerca de la Casa de la Cultura.

Dicha valla fue colocada la mañana de este 12 de agosto del 2025, en el contexto de la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa contra la CC en rechazo a la suspensión de la aplicación de tres leyes orgánicas: de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública.

En un comunicado, la CC alertó de algunos hechos ocurridos desde el lunes 11 y esta mañana y que les han generado preocupación.

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  • El vallado perimetral instalado de manera habitual en los exteriores de la Corte Constitucional fue retirado sin notificación previa el día lunes 11 de agosto en horas de la tarde.
  • El perímetro de la institución fue militarizado en su totalidad, con un despliegue inusual de fuerzas armadas, con cientos de efectivos.
  • A las 10:30 de esta mañana la escolta institucional, tras varias insistencias, ha logrado vallar nuevamente el perímetro institucional.

En el comunicado, el pleno de la CC aseguró que, como máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional, “tiene el deber de actuar de forma independiente, técnica y en estricto apego a la Constitución de la República, para ello requiere contar con todas las garantías: la integridad física de sus autoridades, servidoras y servidores, así como la inviolabilidad de sus instalaciones, que son condiciones indispensables para el ejercicio pleno de sus competencias”.

“Reconocemos y valoramos el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica de la ciudadanía, pilares esenciales de la democracia ecuatoriana. Sin embargo, estas manifestaciones deben ejercerse dentro del respeto a la institucionalidad y sin menoscabar la función de los órganos que la Constitución ha dotado de autonomía para velar por el interés general”.

“Los espacios apropiados para el debate sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas que están siendo convocadas y que se iniciarán con fecha 18 de agosto de 2025″.

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El organismo recordó que todavía no ha tomado ninguna decisión de fondo respecto de las normas que han sido impugnadas por varios grupos sociales y gremios profesionales del país.

Agregó que las demandas de inconstitucionalidad “están siendo tratadas con la máxima celeridad, objetividad y apego a la Constitución”.

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Asimismo, se indicó que todos los servicios de la Corte se encuentran activos tanto de manera presencial como a través del sistema automatizado de la Corte Constitucional. (I)