‘La Corte Constitucional tuvo un papel protagónico en la crisis de legitimidad del expresidente Guillermo Lasso’: Agustín Grijalva, ex juez constitucional

Nota del editor Estimado lector: Esta información es parte de nuestro contenido premium preparado al finalizar el 2023. En su contenido encontrará uno de los hechos destacados de este año y por ello el acceso lo hemos dejado abierto. El ex juez constitucional y académico de la Universidad Andina Simón Bolívar Agustín Grijalva Jiménez tiene un balance positivo de la actuación de los jueces de la Corte Constitucional en 2023, un año atípico para la democracia ecuatoriana en el que por primera vez se vivió una muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones nacionales anticipadas. Considera que el organismo frenó acciones arbitrarias del expresidente Guillermo Lasso a través de los decretos ley de urgencia económica y sentó precedentes jurídicos para evitar estas acciones. Reconoce que no es perfecta y que debe equilibrar la mirada en atender los casos que afectan los derechos de la gente. ¿Cuál es la evaluación que tiene de la Corte frente a los momentos conflictivos que vivió el país en este año? Mi balance sigue siendo positivo. Ninguna institución humana es perfecta, pero no se puede poner en duda que la Corte tuvo un papel protagónico en la crisis de legitimidad del expresidente Guillermo Lasso, que nos estaba llevando a una situación riesgosa. En crisis presidenciales anteriores, en este país el asunto se resolvía con protestas en las calles y, en los últimos años, violentas con la intervención de las Fuerzas Armadas. Esta vez ha sido distinto, es prácticamente inédito en la historia del Ecuador, que nos guste o no, se encontró una salida institucional, que todos aceptaron. Todos, desde el presidente que se iba, la oposición, los sectores políticos que lo apoyaron y evitaron un estallido social que era probable ante la intensa deslegitimación que sufría el Ejecutivo. Esta es una vuelta de página sobre la cual el país no ha reflexionado. Fue la primera vez que se aplicó la muerte cruzada. La Corte estaba sobre el Ejecutivo revisando sus decisiones. ¿Cree que hubo actuaciones políticas de los jueces? La Corte toma decisiones jurídicas en medio de realidades políticas. Esto es lo real. Se evaluaron las condiciones jurídicas, pero sin aislarlas del contexto político y viabilizó, por ejemplo, el juicio político al expresidente Lasso. La oposición pudo expresar su posición, el expresidente se defendió y la opinión pública pudo debatir. Antes de la muerte cruzada, se dio el juicio político a Lasso y la Corte se esforzó en actuar con base en la Constitución y la ley. Se la criticó por encaminar ese juicio, pese a que se plantearon unas causales y se lo enjuició por el caso Flopec. Podemos revisar las decisiones de la Corte y no se va a encontrar que se alinea con ninguna tendencia política o un partido. La anterior Corte o el ex Tribunal Constitucional tenía una mayoría parlamentaria que respondía a ellos (partidos). Esta es una Corte que ha fallado a favor de determinado presidente y luego en contra de ese mismo presidente. En donde otros se atemorizan, la Corte ha dicho que no, analizando jurídicamente. Podemos constatar que hay independencia. Negó al menos cuatro decretos urgentes en materia económica que envió Lasso para su calificación. El expresidente quiso concentrar el poder al extralimitarse en sus competencias, cuando no había Asamblea. La Corte, con argumentos constitucionales, le supo poner límites porque a través de los decretos de urgencia económica pretendió legislar lo que la Asamblea no le permitió en los dos años. Cómo puede pretender que en una fase de transición, sin discusión democrática, hacer lo que le parecía a nombre de declarar urgente cualquier cosa. La Corte le puso límites y evitó una concentración arbitraria del poder. ¿Falta jurisprudencia sobre la figura de la muerte cruzada para evitar su aplicación si llega a molestar la Asamblea? No es fácil que se dicte la muerte cruzada, porque para ello se requiere que un presidente esté dispuesto a irse. Es casi una renuncia. No estoy diciendo que sea una figura ideal. La muerte cruzada no es una salida positiva, da inestabilidad. Un presidente con un periodo corto que casi se ve obligado a dedicarse a hacer campaña para que lo reelijan y los gastos que eso implica... Los jueces fueron protagonistas en la destitución de ocho exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Fueron medidas extremas? Las actuaciones o las omisiones de quienes han sido destituidos, esas son las extremas. Son de total desacato a la ley o a decisiones de la propia Corte. Por ejemplo, las garantías jurisdiccionales, hay críticas respecto de los habeas corpus , acciones de protección, pero esto no es su responsabilidad. La Corte se toma la Constitución y la ley en serio y dentro de sus competencias está bien que sancione a quienes no la toman en serio, ni los derechos. En el caso de Alembert Vera hubo prudencia, porque ciertos sectores presionaban para que destituya a los siete consejeros. Pero en lo jurídico, Vera era la máxima autoridad administrativa y quien hizo o dejó de hacer para viabilizar esa veeduría ciudadana. Usted fue parte de la primera Corte que emitió el dictamen que impide revisar las decisiones del extinto Consejo de Transición. ¿Por qué se la hizo y se la protege tanto? Es necesario que haya estabilidad institucional. Este es un país en el que los jueces y las cortes saltan como canguil. Se puede ver que no hay decisiones plenamente políticas, uno puede no estar de acuerdo, pero cuando se discute se generan razones y fundamentos jurídicos. La Corte tomó decisiones jurídicas para generar estabilidad en las instituciones. Estamos viendo lo que sucede con el resto de instituciones, como el Consejo de la Judicatura, que se matan por poner jueces. Es una guerra a muerte. Nosotros dijimos aquí el que se va, se va. La ley dice que debe renovarse por sorteos, por tercios, tanto que el expresidente (Hernán Salgado) saca el papel y se va. Nos fuimos los tres (Ramiro Ávila, Hernán Salgado y Agustín Grijalva) y ese fue un acto de respeto a la Constitución, la ley y a la ciudadanía. ¿Un reto para los jueces es frenar el abuso de las garantías jurisdiccionales? La Corte tiene las competencias que tiene. No puede arreglar el Ecuador, pero lo que nos muestra es que sí podemos tener instituciones. Puede tener la mejor jurisprudencia, pero si hay jueces corruptos ¿de qué sirve? Si hay jueces negligentes, ineficientes, no sirve de nada. Se le ha atacado a la Corte de que se extralimita, de que legisla, de que se toma competencias que no tiene, pero si se revisan las sentencias, la Corte no será perfecta, pero hace un esfuerzo de respetar las competencias de otros órganos. Se la cuestiona también por ser ‘ambientalista’. Como es nuestra Constitución. Tenemos la Constitución más ecologista del mundo y la Corte es su guardián. ¿Qué otro país en el mundo tiene derechos de la naturaleza? Por ahora ninguna. En un país que se pretende olvidar que somos el país más diverso, para dar luz verde a proyectos extractivos, es evidente que surjan críticas. Si bien resalta su labor, nada es perfecto ¿tiene debilidades? No debe la Corte olvidar que su función fundamental es la defensa de la Constitución y dentro de ella los derechos. No debe concentrarse en aspectos puramente procesales. Quizás, últimamente está enfatizando excesivamente en los derechos de carácter procesal y no debe descuidar los derechos sustantivos de los sectores marginados. Desde el 2019 hay una jurisprudencia valiosa y eso debe continuar, pero noto un menor énfasis en desarrollar jurisprudencia sobre estos derechos. Si la Constitución tiene un corazón, ese corazón son los derechos y su labor es la defensa de ellos. Pronto se producirá la segunda renovación de tres jueces y las funciones del Estado enviarán sus candidatos. ¿A qué hay que prepararse? La Corte Constitucional es del país, no es de una mayoría en la Asamblea, ni de un presidente. Debemos estar atentos. Qué nombres se ponen, la trayectoria, calidad profesional y ética. Incluso cómo se integre la Comisión Calificadora. Debemos hacer una gran veeduría nacional y si empezamos a ver nombres inadecuados para la comisión o para los postulantes, castiguemos con el voto esa irresponsabilidad. Castiguemos con el voto a esos malos políticos que quieren poner allí a sus agentes, sus empleados, para hacerle daño al país. (I) Por fin contralor: el CPCCS designó a Mauricio Torres Tras seis años de inestabilidad y autoridades subrogantes, el 7 de noviembre se designó a Mauricio Torres Maldonado como titular de la Contraloría General, producto de un concurso público que hizo una comisión ciudadana. El proceso se enfrentó a casi una decena de acciones de protección de actores interesados y expostulantes. De 42 candidatos que llegaron al final del concurso, Torres los superó con un puntaje de 91/100. El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó y la Asamblea Nacional lo posesionó el 28 de noviembre. (I) De abogado del expresidente Rafael Correa, Alembert Vera Rivera pasó a ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), electo en los comicios seccionales de febrero de 2023. Promovido por el correísmo en la polla electoral de la ‘Liga azul’, alcanzó la presidencia del organismo el 15 de mayo. Tras 142 días en funciones y con una mayoría afín a Correa, el 6 de octubre la Corte Constitucional destituyó a Vera por incumplir un dictamen, al formar una veeduría para revisar los concursos de elección de los jueces constitucionales y el de la fiscal general, Diana Salazar, que hizo el CPCCS de transición. (I) La Corte Constitucional removió un caso que parecía olvidado: la investigación del asesinato ocurrido en el 2010 de Jorge Gabela, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) . En el 2008, Gabela denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv durante la gestión de Rafael Correa. En febrero de 2023, la Corte ordenó al expresidente Guillermo Lasso que se coordine la reconstrucción del tercer producto ‘desaparecido’ de los archivos públicos y que es parte de una pericia hecha por el forense Roberto Meza en 2013 y que costó $ 78.000. Meza volvió al Ecuador y reconstruyó el documento, cuya hipótesis es que los presuntos autores intelectuales del crimen serían los generales (s. p.) Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez. La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, espera respuestas de la investigación que hace la Fiscalía por presunta ejecución extrajudicial. (I)

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