La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite varias demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de la Ley de Transparencia Social, que regula a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, y la Ley de Fortalecimiento Crediticio, que reforma a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
Las acciones públicas de inconstitucionalidad fueron admitidas a trámite el 4 de febrero de 2026.
Estas demandas fueron impulsadas por ciudadanos y organizaciones sociales, los cuales piden a los magistrados constitucionales que dejen sin efecto ciertos artículos y disposiciones de estas leyes, pues consideran que vulneran derechos constitucionales.
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En el caso de la Ley de Transparencia Social, que se aprobó en la Asamblea Nacional el 26 de agosto de 2025 con 78 votos, además de apelar al carácter económico-urgente y a la unidad de materia, las organizaciones reclaman por ciertos artículos, como el que dispone la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones sociales sin fines de lucro.
Mientras que sobre la Ley de Fortalecimiento Crediticio, aprobada con 77 votos el 26 de septiembre de 2025, los accionantes impugnaron que sea económico-urgente y reformas como la que faculta al Biess realizar operaciones de reporto y gestionar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras, así como realizar operaciones de venta de cartera vencida, sea esta hipotecaria, prendaria o quirografaria, de conformidad con la normativa aplicable.
Hasta esta fecha, en la CC han ingresado siete demandas en contra de la Ley de Transparencia Social, que fueron impulsadas por:
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- Carlos Hernán Heredia Fiallo, abogado
- Marlon Vargas Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
- Trece organizaciones de mujeres, derechos humanos, periodistas, entre otros
- Alianza por los Derechos Humanos
- Acción Ecológica
- Federación de Barrios de Quito
- Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA)
En tanto que en contra de la Ley de Fortalecimiento Crediticio se presentaron, hasta la fecha, trece demandas de:
- La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)
- Patricia Elizabeth Borja Laverde, abogada
- Unión Nacional de Educadores (UNE)
- Frente Nacional por un nuevo IESS
- Adolfo Fernando Espinel, abogado
- Asambleístas de la Revolución Ciudadana
- Partido Socialista Ecuatoriano
- Coordinadora en defensa de la seguridad social del Guayas
- Comisión de defensa de la seguridad social
- Rodrigo Patricio Contero, abogado
- Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y más
- Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador
- Ciudadano Leonardo Cáceres Villamar
La Corte Constitucional precisó que la admisión a trámite de estas causas no implica un pronunciamiento sobre el fondo, sino que confirma que las demandas cumplen con los requisitos formales y constitucionales necesarios para ser analizadas por este organismo. (I)
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