Ante el bloque del juicio político al exministro de Salud Jimmy Martin, la bancada de oposición Revolución Ciudadana (RC) activará acciones constitucionales y además continuará con procesos de fiscalización en temas puntuales en las comisiones de la Niñez y Adolescencia, Garantías Constitucionales y en la mesa de Salud.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en la sesión del 10 de diciembre no calificó el juicio político planteado por tres asambleístas de la bancada RC en contra del exministro Jimmy Martin, por seis causales relacionadas con desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en hospitales, no pago por servicios externos, no pago a clínicas dializadoras, no presentar información requerida y negarse a comparecer ante la Asamblea Nacional.

La coordinadora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Mishel Mancheno, enfatizó que el tema de salud se tiene que realizar mediante un cambio estructural.

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¿Qué soluciona un juicio político de un ministro que estuvo aproximadamente cuatro meses?, preguntó la legisladora, pues dijo que el tema de salud es una consecuencia del abandono y la corrupción del gobierno del expresidente Rafael Correa.

Estos problemas heredados en este Gobierno estamos solucionando, y por parte del Ejecutivo se están tomando decisiones para poder resolverlos; “no tiene cabida que un juicio político sea una bandera de otro movimiento o de otra tendencia política”, anotó.

“Aquí necesitamos soluciones claras, soluciones reales y dar respuesta a la gente. El juicio político no soluciona los problemas que tenemos en los hospitales”, sentenció Mancheno.

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Acciones constitucionales

El asambleísta Luis Fernando Molina, uno de los proponentes del juicio político al exministro Jimmy Martin, indicó que la solicitud de interpelación está en limbo por decisión del sector del Gobierno, lo cual generaría un presunto incumplimiento de la ley por parte del presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez.

Dijo que más allá del bloque del oficialismo, la alternativa que le queda al correísmo es seguir fiscalizando cada uno de los casos que son denuncias públicas.

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Indicó que la asambleísta Ana Herrera (RC) había presentado también una solicitud de fiscalización sobre el caso de neonatos en Guayaquil y está pendiente una decisión. “Entonces, si no quieren por la vía del juicio político, vamos a fiscalizar cada uno de los casos”, apuntó.

Dijo que la RC tiene pendiente una acción de protección contra política pública en materia de salud, cuya audiencia está suspendida hasta el 7 de enero de 2026.

La acción fue presentada en el mes de septiembre de 2025 por la entonces coordinadora de la RC, Viviana Veloz, en contra del presidente de la República, Daniel Noboa, y del ahora exministro de Salud Jimmy Martin por la deficiente prestación de política pública, es decir, dijo el asambleísta Molina “tenemos todavía recursos constitucionales y activación de otros mecanismos de fiscalización de los casos denunciados de manera particular.

La acción de protección es contra política pública, que tenía que ventilarse el 7 de noviembre de 2025, y que la Presidencia de la República pidió un diferimiento para que no coincida con el proceso electoral de la consulta popular; por lo que se difirió para el 7 de enero de 2026, explicó el legislador de Pichincha.

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Molina señaló que ante el juez constitucional el presidente Noboa tiene que demostrar que existe política pública de salud y demostrar que no es deficiente.

El juez, a través de esta acción de protección, puede disponerle al Gobierno es que cumpla, que se sujete a la política pública y que se enmarque a la Constitución y a la ley.

El asambleísta Luis Fernando Molina insistió que en esta acción constitucional de protección, los sindicatos, las enfermeras y los ciudadanos que puedan verse afectados pueden también presentar su amicus cuarie.

A más de esta acción constitucional de protección, las comisiones de Garantías Constitucionales y la comisión de la Niñez y Adolescencia continuarán con acciones de fiscalización en materia de salud. A más de ello, la legisladora Cristina Jácome (RC), integrante de la Comisión de la Salud está llevando algunos casos y serán elementos que permitirán seguir en este proceso de fiscalización, anotó el representante de la bancada correísta.

“Nosotros no renunciamos o no nos limitamos a la fiscalización, sino que también activamos acciones constitucionales como asambleístas y como ciudadanos”, puntualizó Molina. (I)