Marzo, abril y mayo tienen como espacio las 222 alcaldías y 23 prefecturas para adecuar su presupuesto para cumplir con la regla mínima incorporada en la Ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Desde el lunes anterior, la norma está en ejecución, por lo que desde el 1 de junio las prefecturas y municipios deberán cumplir con la “regla mínima” de destinar el 70 % de sus recursos en obra pública y el 30 % para gasto corriente. De lo contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas aplicará medidas correctivas.
Objetivo de la Ley
El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, apuntó que los municipios y prefecturas tienen como espacio marzo, abril y mayo para hacer una readecuación del presupuesto y encaminarlo a la inversión en obras, por ejemplo, agua potable o tratamiento de aguas servidas.
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“El objeto es fiscalizar que se dé buen uso a los recursos del Estado, únicamente se está poniendo la obligación de rendir cuentas”, explicó Herrería el martes en una entrevista con la estación Teleamazonas.
El funcionario defendió la reforma legal de las críticas de varios alcaldes y prefectos y espera que, ante las demandas de inconstitucionalidad que se presenten en la Corte Constitucional (CC), esta última actúe con responsabilidad.
“Ha existido un rigor absoluto, por lo que deberían desestimar las demandas. Pero uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en el país”, manifestó Herrería.
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Precisamente, hasta el momento se registran tres acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la ley, una vez que se publicó en el Registro Oficial (RO) el 23 de febrero de 2026.
Entre los accionantes están Geovanni Atarihuana, director del Partido Unidad Popular (UP), y algunos de sus miembros; el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, y agrupaciones afines.
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El Concejo del Distrito Metropolitano de Quito resolvió, en una sesión del martes, plantear también una demanda, al igual que el Consejo Provincial de Pichincha, que autorizó a la prefecta Paola Pabón a presentar la acción en las siguientes horas.
El articulado —que se aprobó en la Asamblea Nacional el 20 de febrero de 2026 con 77 votos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN)— establece una “regla mínima” para que las alcaldías y prefecturas destinen, al menos, el 70 % del presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gasto no permanente de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura.
El restante 30 % podrá usarse para gasto corriente, como remuneraciones de los servidores.
El Ministerio de Economía y Finanzas observará que se cumpla la regla mínima en gastos de inversión, “entendido como aquel destinado a insumos para la generación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento o reposición de infraestructura pública, activos físicos, equipamiento y bienes de capital, así como a la provisión de bienes y servicios públicos cuya ejecución se materialice en productos, obras o resultados físicos identificables”, señala la ley.
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Además del plazo de tres meses que tienen los GAD para adaptarse, se permitirá un cumplimiento gradual, por lo que se dispuso que, para lo que queda del 2026, el seguimiento se lo hará a partir del 1 de diciembre, verificando que se cumpla con al menos el 65 %, desde el 1 de junio.
Para el año 2027 se cumplirá con al menos el 68 % y para el 2028 y, en adelante, el 70 %. (I)
